La Junta de Andalucía ha expresado su inquietud tras la notificación oficial de la Comisión Europea sobre la expiración, el próximo 14 de noviembre a medianoche, del protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y Mauritania. Este escenario podría suponer la paralización de la actividad de una parte relevante de la flota andaluza.
Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en un comunicado, el cierre del protocolo dejará en suspenso las licencias de un total de 60 barcos europeos, de los que 25 tienen su base en puertos de Andalucía. Desde el 15 de noviembre, estas embarcaciones ya no podrán faenar en aguas mauritanas si no se habilita una fórmula que garantice la continuidad de su trabajo.
En este contexto, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado el apoyo del Gobierno andaluz al sector pesquero y ha reclamado al Ejecutivo central y a las instituciones comunitarias que reaccionen con celeridad para que los profesionales no queden desprotegidos ante el vencimiento del acuerdo. “No podemos permitir que la falta de una solución a tiempo deje a nuestros barcos amarrados y ponga en riesgo cientos de puestos de trabajo”.
Fernández-Pacheco ha incidido en que “España y Europa no pueden abandonar a un sector que necesita certezas para seguir trabajando”. Ha advertido de que el impacto no se limitaría únicamente a la flota, ya que la suspensión de las capturas repercutiría de forma directa en la operativa comercial de los puertos andaluces, con especial incidencia en el de Cádiz, donde se concentra gran parte de las descargas y subastas de pescado procedente de Mauritania.
De acuerdo con las primeras estimaciones del propio sector, alrededor de 500 empleos vinculados a toda la cadena de valor podrían verse comprometidos, incluyendo puestos directos e indirectos relacionados con la actividad extractiva, la comercialización y los servicios portuarios.
El problema alcanzaría igualmente a los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva, por lo que la Junta considera “imprescindible” reaccionar antes de que se produzca la parada de la actividad.
Al respecto, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ya trasladó esta inquietud al Ministerio en el marco del Consejo Consultivo de Política Pesquera, remarcando la urgencia de explorar alternativas que aseguren la continuidad de las operaciones. “Llevamos tiempo advirtiendo de este problema y ahora nos encontramos a las puertas de una fecha límite sin una solución que dé tranquilidad al sector”.
Por ello, ha insistido en que “es el momento de actuar, de defender a nuestros pescadores y de evitar un perjuicio económico y social que puede ser muy importante para Andalucía”.
En la misma línea, Fernández-Pacheco ha reclamado que el Gobierno de España y la Unión Europea analicen “todas las vías posibles” para impedir la paralización de la flota, ya sea mediante la aplicación provisional de un nuevo protocolo o a través de alguna fórmula transitoria que permita mantener la actividad.
Para concluir, el consejero ha recalcado que “lo que está en juego no es solo el futuro de nuestros barcos, sino también el de cientos de familias que dependen de esta actividad. No podemos dejarlas sin respuestas”.