Las compañías que integran el sector del gran consumo han instado al próximo Ejecutivo, que se conforme tras las elecciones del 29 de noviembre, a poner en marcha medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los consumidores y a impulsar actuaciones que mitiguen el efecto de la inflación, de acuerdo con el informe “La Voz del Gran Consumo”, elaborado por Aecoc.
En detalle, al ser consultadas sobre las prioridades que reclamarían al Gobierno que salga de las urnas, el 51% de las empresas se inclina por iniciativas centradas en restituir la capacidad de compra de los hogares. Por su parte, el 24,62% apuesta por reducir la carga regulatoria y simplificar los trámites administrativos, mientras que el 14,07% demanda medidas específicas para amortiguar el impacto del encarecimiento de las materias primas y la energía sobre el tejido empresarial.
El director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha subrayado que esta reclamación es imprescindible, dado que “en un contexto de alta inflación, no haber deflactado el IRPF ha supuesto, en la práctica, una subida fiscal 'encubierta' para muchos contribuyentes”.
“Mientras el Estado ha registrado unos ingresos extraordinarios, el peso de la inflación y de la presión fiscal ha recaído con especial intensidad sobre la clase media que es la que sostiene y dinamiza el consumo en nuestro país”, ha añadido Bonmatí.
El documento también pone de manifiesto la inquietud de las empresas ante el efecto que las actuales tensiones geopolíticas y comerciales están teniendo en el correcto funcionamiento de sus cadenas de suministro, especialmente en una economía cada vez más interconectada.
Así, el 65% de las compañías identifica estas tensiones como el principal riesgo a medio plazo. Además, el 13,5% sitúa como gran preocupación los fenómenos climáticos extremos y la escasez de recursos naturales, mientras que el 12% señala el avance de la polarización, la desinformación y el incremento de la conflictividad social.
En cuanto a las previsiones para el último trimestre del año, el informe refleja una lectura muy dividida entre las empresas encuestadas. Un 43% se declara optimista sobre la evolución de la actividad en los próximos meses, frente a un 40% que anticipa un periodo complicado y admite que no espera grandes mejoras. El 16% restante supedita sus expectativas a cómo evolucione la situación política y social.
Pese a la volatilidad y la incertidumbre del escenario actual, la mayoría de las compañías no tiene previsto modificar sus planes inmediatos. El 69% afirma que mantendrá las estrategias diseñadas para el próximo ejercicio, el 16% asegura que tratará de abrir nuevas líneas de negocio y el 15% optará por frenar o posponer sus inversiones.
El estudio también constata la inquietud del gran consumo por el modo en que el contexto geopolítico está disparando los costes empresariales. En este sentido, el 75% de las empresas indica que la principal consecuencia del clima de inestabilidad y conflictividad es el aumento del coste de materias primas, energía, envases y transporte. Por su parte, el 16,5% destaca el debilitamiento del consumo y las modificaciones en los hábitos de compra de los consumidores.
En este marco, el 70% de las compañías señala la mejora de la productividad como el principal motor para impulsar el crecimiento económico, frente a un 12% que otorga prioridad a la puesta en marcha de políticas de apoyo a la inversión y al emprendimiento.