Once entidades representativas del campo y de la industria alimentaria, entre ellas Asaja, COAG y FIAB, han remitido a las formaciones políticas sus principales peticiones ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre sus prioridades figuran recortar la carga burocrática, facilitar el relevo generacional y garantizar la reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales.
Estas reclamaciones se han expuesto en el desayuno informativo “Demandas del sector alimentario para la futura Administración Pública”, que ha servido también para presentar el “Foro de la Nueva Alimentación”, impulsado por Agrifood Comunicación con el objetivo de reforzar la reputación del sistema alimentario y su influencia en la agenda pública.
Al acto han asistido cerca de 150 profesionales de la producción agraria, la industria, la distribución y la restauración, junto a representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, cargos políticos y medios de comunicación.
El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Móner, ha subrayado que el gasto en alimentación “pesa cada vez más” en el presupuesto de los hogares. Ha explicado que los costes que soportan hoy agricultores, industria, supermercados y hostelería —como la luz, el gasóleo, la regulación o las bajas laborales—, cuando no pueden absorberse, acaban repercutiendo en “el precio de venta al público”.
El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha reclamado simplificar al máximo los trámites y ha exigido normas realistas, recordando que “el agricultor tiene que estar en el campo, no haciendo papeles”.
En la misma línea, el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Pablo de la Cruz, ha planteado crear una vicepresidencia económica centrada en la desregulación, ya que cifra en 36.000 millones de euros anuales el sobrecoste derivado del exceso normativo. Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha defendido unificar registros para evitar duplicidades administrativas.
La directora general de Marcas de Restauración, Adriana Bonezzi, ha pedido un único interlocutor frente a las 17 normativas autonómicas con las que opera el sector, mientras que el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reclamado unidad de mercado y seguridad jurídica.
Pedro Barato ha instado además al Ejecutivo actual y al que salga de las urnas a ejercer “una defensa a ultranza de la PAC tal y como es hoy” en las próximas cumbres europeas de noviembre y diciembre, donde se decidirá un presupuesto que, según ha recordado, se ha reducido en cerca de 90.000 millones de euros. “Gane quien gane el 29-N, que la PAC sea una cuestión de Estado”, ha insistido.
Relevo generacional y protección del suelo agrario
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, ha advertido de que entre noviembre de 2026 y octubre de 2030 se jubilarán unos 43.000 agricultores profesionales, el 17% de los afiliados al régimen especial de autónomos agrarios. Para compensar esa salida, serían necesarias entre 8.000 y 10.000 incorporaciones de jóvenes al año.
Ante este escenario, COAG ha planteado un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, mientras que UPA sitúa en primer lugar de sus 16 propuestas una Ley de Agricultura Familiar acompañada de un plan nacional de relevo.
Barato ha incidido también en la importancia de la rentabilidad, al recordar que menos del 9% de los perceptores de la PAC tiene menos de 40 años y que “un joven se queda en el campo si el campo es rentable”.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha remarcado la necesidad de incorporar más jóvenes y mujeres al sector, alertando de que una reducción del número de explotaciones implica “más dependencia exterior y precios menos estables”.
En materia comercial, el presidente de Asaja ha pedido que España active las cláusulas de salvaguardia del acuerdo con Mercosur, en vigor de forma provisional desde mayo, cuando se disparen las importaciones, que se refuercen los controles reales en frontera y que no se modernice el acuerdo con Marruecos.
UPA ha exigido además cláusulas espejo, más controles fronterizos y salvaguardas automáticas; desde Unión de Uniones, su coordinador estatal, Luis Cortés, ha reclamado reciprocidad y vigilancia estricta en las fronteras, y Avacu, en representación de los consumidores, respalda estas exigencias. La distribución agrupada en Anged ha puesto el foco en las plataformas asiáticas, a las que atribuye 1.056 millones de euros de recaudación perdida y 56.000 empleos en riesgo.
Rentabilidad, fiscalidad y costes de producción
De forma conjunta, Asaja, COAG y Unión de Uniones han solicitado un plan de choque frente al encarecimiento de los costes de producción y la implantación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida y estable.
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha pedido abaratar los costes energéticos y logísticos que soportan los supermercados.
Asaja ha reclamado igualmente nuevas obras de regulación para el regadío, que, pese a representar poco más de una de cada cinco hectáreas cultivadas, genera más del 70% del valor de la producción agrícola. La organización defiende, además, incrementar la inversión y ofrecer seguridad regulatoria a la bioenergía, como la procedente de cultivos intermedios, que reduciría la dependencia del gas ruso y del petróleo importado y aportaría ingresos adicionales al cerealista.
En el ámbito fiscal, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha situado como prioridad “número uno” blindar el IVA reducido del 10%. Avacu ha pedido aliviar la carga impositiva sobre la cesta básica y FIAB ha reclamado la suspensión del impuesto al plástico.
En relación con la Ley de la Cadena Alimentaria, Asaja, UPA y Unión de Uniones han coincidido en “que se cumpla y que se refuerce”. Asaja ha exigido más controles, sanciones proporcionadas y mayores medios para evitar pagos por debajo de los costes de producción, mientras que UPA ha insistido en transformar la Agencia de Control e Información Alimentarios en una agencia estatal.
Por otra parte, Hostelería de España y Marcas de Restauración han reclamado que los supermercados que ofrecen servicio en sala, los denominados “mercaurantes”, se sometan a las mismas obligaciones que los restaurantes tradicionales.
Distribución y hostelería también han coincidido en la necesidad de reducir el absentismo laboral mediante un mayor protagonismo de las mutuas, al considerar que regresar a los niveles previos a la pandemia “ahorraría cerca de 17.000 millones de euros a las arcas del Estado”.
La jornada, patrocinada por el Foro Interalimentario y Maderalum, ha concluido con la intervención de los responsables políticos de los tres principales partidos en el Congreso de los Diputados —Partido Popular, PSOE y Vox—, que han expuesto sus principales desafíos y líneas de actuación para los próximos años.