En todas las regiones del mundo, las personas atraviesan un periodo de profunda incertidumbre. Los conflictos y las guerras se multiplican; los desastres climáticos se aceleran y golpean con mayor dureza a quienes menos responsabilidad tienen en ellos; el peso de la deuda está asfixiando los servicios públicos de decenas de países; la inteligencia artificial promete avances extraordinarios, al tiempo que suscita temores en múltiples ámbitos; y la propia democracia se encuentra sometida a una creciente presión. La ciudadanía sabe que, cuando estallan las crisis, será ella quien pague el precio.
Al mundo no le faltan soluciones; le falta la voluntad política de quienes tienen mayor capacidad para actuar conjuntamente. Nos enfrentamos a una auténtica crisis de esperanza.
Parte del problema reside en la manera en que se adoptan las decisiones globales. Durante décadas, la toma de decisiones internacionales ha estado impulsada por foros liderados por Occidente, como el G7, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sin embargo, muchas personas en África, Asia y América Latina consideran que estas instituciones no son representativas y que toman decisiones para ellas, en lugar de hacerlo con ellas.
Las consecuencias ya son visibles en tres crisis interconectadas que evidencian esta falta de voluntad política y dificultan enormemente la reconstrucción de la confianza en la acción colectiva.
La primera es la desigualdad extrema. En África, cerca del 57% de la población —alrededor de 751 millones de personas— vive en países que destinan más recursos al pago de la deuda que a la sanidad o la educación, transfiriendo con frecuencia fondos escasos a ricos acreedores privados del Norte Global. Las consecuencias son profundas: al ritmo actual, erradicar la pobreza extrema en el continente podría llevar más de 600 años. En América Latina, la región más desigual del mundo, dos hombres poseen más riqueza que 334 millones de personas. A escala global, las fortunas de los milmillonarios han aumentado en 9,8 billones de dólares desde 2020.
La segunda crisis, estrechamente vinculada con la primera, es la injusticia climática. El mundo continúa peligrosamente alejado de los objetivos del Acuerdo de París, lo que obliga a quienes menos han contribuido a la crisis a soportar sus costes más elevados. Las personas que viven en países desiguales tienen siete veces más probabilidades de morir en una inundación que quienes residen en sociedades más igualitarias. Mientras tanto, una persona perteneciente al 0,1% más rico genera en un solo día más emisiones de carbono que una persona situada en el 50% más pobre durante todo un año.
La tercera crisis es la erosión del respeto al Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario, dentro de un sistema caracterizado por una impunidad creciente. En numerosos conflictos, la población civil está pagando el precio más alto, mientras que las normas concebidas para protegerla son ignoradas o aplicadas de manera selectiva con una frecuencia cada vez mayor. Desde 2019, 44 personas por minuto se han visto abocadas a situaciones de emergencia humanitaria. Un orden internacional basado en normas no puede sobrevivir si esas normas solo se aplican a algunos.
Este fracaso institucional refleja un ataque más amplio contra el espacio cívico. En todo el mundo, los gobiernos están restringiendo libertades fundamentales como las de asociación, expresión y protesta pacífica. Además, la participación política ha tomado un rumbo peligroso: mientras la sociedad civil se enfrenta a graves restricciones en más de 118 países, los más ricos no encuentran obstáculos similares. En la actualidad, un milmillonario tiene 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona corriente.
Sin embargo, está surgiendo una historia diferente. Mientras la cooperación entre las grandes potencias resulta cada vez más complicada, un número creciente de potencias medias está demostrando voluntad política para abordar colectivamente los desafíos compartidos. Las coaliciones internacionales se están convirtiendo en herramientas indispensables para movilizar apoyo político, recursos, legitimidad y, sobre todo, personas.
Este cambio pudo observarse durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en la que se pusieron en marcha las Plataformas de Acción de Sevilla. Diseñadas para sortear las tensiones geopolíticas, estas plataformas permiten que gobiernos y otras partes interesadas impulsen iniciativas concretas. Un ejemplo destacado es la Plataforma de Acción sobre la Tributación de los Superricos, promovida por España y Brasil, que canaliza la creciente demanda global de la ciudadanía para combatir la desigualdad extrema.
También debe prestarse atención al impulso para crear un Panel Internacional sobre la Desigualdad, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático —el IPCC, por sus siglas en inglés—. Promovida por un grupo de expertos presidido por el profesor Joseph Stiglitz durante la Cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, esta iniciativa está obteniendo rápidamente el respaldo de gobiernos y de actores procedentes del ámbito académico y de la sociedad civil. Cuenta con el apoyo de Brasil, Sudáfrica, España, Noruega y la Unión Africana. Si recibiera el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enviaría un mensaje contundente sobre la urgencia de afrontar la emergencia de la desigualdad y demostraría que la cooperación internacional para responder a desafíos compartidos es posible.
Ese mismo espíritu puede apreciarse en los esfuerzos para defender la democracia y el Derecho internacional. La Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona en 2026 tras una iniciativa similar liderada por Chile, reunió a dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil comprometidos con el fortalecimiento de la resiliencia democrática. La decisión de celebrar la próxima cumbre en México apunta a que esta iniciativa se está convirtiendo en un proceso político continuado, orientado a construir alianzas para impulsar agendas progresistas, y no en un acontecimiento aislado.
Reconstruir la confianza exige algo más que depositar una papeleta en una urna cada varios años. Las personas quieren participar en las decisiones que afectan a sus vidas. Quieren ser escuchadas, no simplemente contabilizadas. Precisamente por eso, la sociedad civil resulta esencial.
La historia nos recuerda que las transformaciones políticas más duraderas —desde la lucha contra el colonialismo y la defensa de los derechos civiles hasta los avances en los derechos de las mujeres y las actuales protestas de la generación Z— siempre han estado impulsadas por la esperanza y por la convicción de que un futuro mejor es posible.
La tarea que tenemos ante nosotros no consiste simplemente en defender el multilateralismo tal y como existe en la actualidad, sino en transformarlo y repensarlo para que escuche las aspiraciones de la ciudadanía y actúe en consecuencia. En un mundo cada vez más marcado por el miedo y la división, este puede ser el proyecto político más importante de todos.
sobre las firmas:
Aminata Touré es ex primera ministra de Senegal y Miembro de Club de Madrid, y Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional.