La vuelta de las vacaciones tendrá un marcado carácter económico para los miembros del Gobierno. La crisis de Ceuta y los terremotos en Granada han concentrado la atención en los llamados ministerios de Estado y así tendrá reflejo en la actividad parlamentaria de la semana pero, una vez empiece septiembre, el protagonismo pasará al área económica.
El Gobierno tiene comprometidos importantes proyectos regulatorios –algunos de ellos, por haber postergado una aprobación que se preveía para meses atrás—y se jugará entre septiembre y octubre buena parte del capital político con el que espera llegar a las próximas elecciones.
El último intento de Vivienda
El Gobierno prometió aprobar en el último Consejo de Ministros de julio un paquete de medidas, fiscales y regulatorias, para afrontar la crisis de vivienda. La idea era hacerlo con o sin acuerdo, y votar el decreto-ley en el primer Pleno de septiembre.
Un día antes del Consejo, Vivienda comunicó que esperaría a después de verano para tratar de reunir los apoyos suficientes para sacarlo adelante en la Cámara Baja.
En ese decreto-ley se espera la prórroga de los alquileres, la subida al 21% del IVA aplicado a pisos turísticos y la reforma de la Ley del Suelo para agilizar tramitaciones urbanísticas. También otras medidas fiscales.
A falta de reducción, control horario
El Ministerio de Trabajo y Economía Social dará ‘luz verde’ al desarrollo reglamentario sobre registro de jornada y control horario, tras las disputas mantenidas con el Ministerio de Economía. Ambas partes acordaron posponer su aprobación para después de verano.
Es el desarrollo reglamentario de la normativa de registro horario y estaba contemplada dentro del proyecto legislativo para reducir la jornada laboral. Este fracasó en el Congreso, tumbado por PP, Vox y Junts y Trabajo decidió aprobarlo por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, la tramitación en el seno del Gobierno no ha sido amistosa.
La vicepresidenta Díaz se juega durante estas semanas, además, su futuro político. En septiembre se presentan formalmente las candidaturas para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en noviembre elegirá a su próxima director o directora general.
Los primeros (y únicos) Presupuestos
Si hay un ministro al que espera exposición mediática ese es Arcadi España. Con apenas medio año como titular de Hacienda, deberá defender los prometidos primeros y únicos Presupuestos Generales del Estado para esta legislatura (además del nuevo modelo de financiación autonómica).
El Ejecutivo ha ido retrasando la presentación de unos nuevos Presupuestos –los últimos fueron aprobados en 2022 para el ejercicio 2023—a la espera de un momento propicio y llevará finalmente las cuentas, o al menos eso ha prometido, cuando los grupos han dejado claro que no tiene los votos. Junts, socio imprescindible, rechaza entrar a negociar, y en Podemos tampoco se esperan complicidades.
Nuevo modelo de financiación, quince años después
El actual modelo fue aprobado en 2009 y debía haberse renovado en 2014. Lleva, por tanto, doce años pendientes de una renovación que no llegó ni con Cristóbal Montoro ni con María Jesús Montero, los dos ministros de Hacienda durante los últimos catorce años.
Arcadi España será el encargado de defender un nuevo modelo, pactado antes de marchar a Andalucía por Montero con Esquerra Republicana. De momento, sólo es apoyado por una comunidad, ya que ni los gobiernos del PSOE en Asturias y Castilla-La Mancha lo respaldan.
En el Congreso, a Junts le sabe a poco y está por ver si el resto del bloque de la investidura se alinea a favor. Sin ir más lejos, en Sumar ya cuestionaron varios de los preceptos del nuevo modelo.
Autoridad del Cliente Financiero, ¿por fin?
Tras retrasar toda la legislatura la renegociación de una norma que el Congreso aprobó hace más de tres años, el Ministerio de Economía quiere lanzar un último intento por su proyecto legislativo estrella.
La norma no pudo aprobarse al convocarse elecciones cuando estaba en el Senado y, pese a respetar los acuerdos alcanzados entonces, se encuentra bloqueada en la Comisión de Economía.
El vicepresidente Carlos Cuerpo comprometió a los grupos de la Cámara que trataría de reactivar su tramitación a la vuelta de vacaciones, en un último intento para aprobarla. Sus enmiendas llevan registradas desde diciembre de 2024. Tendrá que desempolvarlas.