Los datos del mercado laboral suelen llegar acompañados de grandes titulares. Récord de afiliación, aumento de la ocupación, crecimiento de la contratación indefinida o descenso interanual del paro son cifras que, contempladas de forma aislada, pueden transmitir una imagen muy positiva de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, considero imprescindible mirar más allá de esos grandes números y preguntarnos qué tipo de empleo estamos creando y, sobre todo, qué condiciones laborales tienen quienes lo ocupan.
El balance del primer semestre de 2026 ofrece algunos datos positivos que no debemos ignorar. La Encuesta de Población Activa situó el número de ocupados en 22.779.000 personas al finalizar el segundo trimestre, después de aumentar en 486.000 durante esos tres meses. Pero hay un dato que obliga a introducir cautela: el 95 % del incremento interanual de la ocupación se concentró precisamente en el segundo trimestre. Esta situación nos muestra el fuerte peso de la estacionalidad y de actividades vinculadas especialmente al sector servicios, la restauración y la hostelería.
Julio ha añadido nuevas señales de alerta. El paro registrado aumentó en 19.517 personas, un 0,85 % respecto a junio. Es especialmente significativo que el desempleo también creciera en términos desestacionalizados, en 18.249 personas. La proximidad entre ambas cifras impide atribuir el incremento del desempleo únicamente a los efectos propios del verano y apunta hacia un problema de carácter más estructural.
Pero para conocer la verdadera situación del mercado laboral no podemos limitarnos a observar la cifra oficial de paro registrado.
Al finalizar el primer semestre había más de cuatro millones de demandantes de empleo inscritos en el SEPE. De ellos, 2.291.982 aparecían clasificados como parados y 1.856.151 como demandantes “no parados”. Además, en junio se contabilizaron 792.341 fijos discontinuos inactivos, el doble que en junio de 2021. En julio, teniendo en cuenta los fijos discontinuos inactivos, los que se encuentran en un ERTE, los que tienen una disposición limitada para trabajar y los que denominan como otros no ocupados, la estimación es que, incorporando estas situaciones de personas registradas que no están trabajando, la cifra de parados reales superaría los 3,7 millones.
No se trata de una discusión puramente estadística. Se trata de conocer la realidad laboral de cientos de miles de personas para poder aplicar políticas de empleo eficaces.
También debemos preguntarnos qué significa hoy tener un contrato indefinido: en el primer semestre de 2026 representaron el 42,9 % del total, unos treinta puntos más que en 2021. Pero la denominación jurídica del contrato no garantiza por sí sola estabilidad laboral. Uno de cada cinco contratos realizados en el primer semestre duró menos de una semana y el 43,3 % de los contratos realizados tuvieron una duración inferior a tres meses. La duración media se sitúa en apenas 45,5 días.
Los datos de julio refuerzan esta preocupación. Durante ese mes se registraron 1.587.141 contratos de los que 617.211 fueron indefinidos, pero únicamente 250.540 de estos fueron a jornada completa. Otros 150.201 fueron a tiempo parcial y 216.470 correspondieron a fijos discontinuos. En consecuencia, solo el 15,7 % del total de contratos realizados en julio fueron indefinidos a tiempo completo.
La rotación, además, ha llegado también al empleo indefinido. En julio hubo 27.960 personas que suscribieron más de un contrato de esta modalidad. Esta realidad obliga a cuestionar la asociación automática entre contratación indefinida y estabilidad: cuando un contrato indefinido puede tener una vida muy corta o encadenarse con otros, el cambio de etiqueta contractual no resuelve necesariamente la precariedad.
La parcialidad es otro de los problemas que debemos afrontar. En el primer semestre se realizaron más de 7,8 millones de contratos y solo el 56,6 % fueron a jornada completa. Pero la situación resulta todavía más preocupante cuando introducimos la perspectiva de género. Entre las mujeres afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social, solo el 46 % tenía un contrato indefinido a tiempo completo, 22 puntos menos que los hombres. Al mismo tiempo, el 20,5 % de las mujeres tenía un contrato indefinido parcial, porcentaje que alcanza el 27 % si añadimos las fijas discontinuas. En los hombres, esa proporción se reduce aproximadamente a la mitad.
Por tanto, hablar de calidad del empleo significa también hablar de igualdad.
Y significa hablar de salarios. Entre 2021 y 2026, comparando los incrementos salariales pactados y la evolución del IPC, los trabajadores han perdido 6,35 puntos de poder adquisitivo. La situación es todavía más preocupante cuando observamos partidas esenciales para cualquier familia: la pérdida estimada alcanza los 12,85 puntos en vivienda y los 16,85 en alimentación. Además, el 20 % de población se encuentra en riesgo de pobreza, no son datos abstractos: son la consecuencia de salarios que no cubren el coste real de la vida.
Tener empleo debe permitir vivir dignamente. Si una persona trabaja, pero necesita buscar un segundo empleo porque su jornada o su salario resultan insuficientes, tenemos un problema. Si trabaja menos horas de las que necesita, tenemos un problema. Y si acumula contratos sin conseguir estabilidad, también tenemos un problema.
El balance del primer semestre señala que 1.668.800 personas se encontraban en situación de subempleo y que el segundo trimestre terminó con un récord de personas pluriempleadas. Precisamente por eso, el gobierno debería preguntarse por qué más de 1,3 millones de demandantes inscritos en el SEPE estaban trabajando y, al mismo tiempo, buscando otro empleo. La excesiva parcialidad, los bajos salarios y el incremento del pluriempleo forman parte de la respuesta.
También debemos prestar atención a las horas extraordinarias. Los datos analizados para el segundo trimestre muestran un incremento de las horas realizadas respecto a 2025, mientras disminuyen las extraordinarias retribuidas y aumentan las no pagadas. Esta situación resulta difícilmente compatible con un modelo laboral que aspire a garantizar trabajo decente.
La mejora del mercado de trabajo no puede medirse únicamente por el número de afiliados o por la denominación de los contratos. Necesitamos indicadores que nos permitan saber cuánto dura realmente el empleo, cuántas horas se trabajan, cuánto se cobra, cuánta parcialidad es involuntaria, cuántas personas necesitan un segundo trabajo y cuántas permanecen durante años buscando una oportunidad laboral.
Esta última cuestión es especialmente preocupante. Al finalizar junio, el 45,8 % de las personas consideradas paradas por el SEPE llevaba más de un año en esa situación y el 31,4 %, más de dos años. Además, las mujeres representan el 65 % de quienes llevan más de dos años en desempleo. Son datos que deberían obligarnos a revisar la capacidad de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo y reforzar unas políticas activas capaces de acompañar realmente a quienes encuentran mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. El mercado laboral español no está en crisis de cantidad de puestos, sino de calidad, estabilidad y capacidad de generar rentas suficientes.
España necesita crear empleo, por supuesto. Pero el siguiente reto es mucho más exigente: crear empleo estable, con jornadas suficientes, salarios dignos, igualdad entre mujeres y hombres y posibilidades reales de desarrollar un proyecto de vida.
Porque detrás de cada récord estadístico hay personas. Y el verdadero éxito de nuestro mercado laboral no debería consistir simplemente en sumar contratos o afiliaciones, sino en conseguir que trabajar vuelva a ser sinónimo de estabilidad, derechos y una vida digna.
sobre la firma:
José Luis Fernández Santillana es director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO) y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito sindical, educativo y social, ocupando diversos cargos de responsabilidad dentro de USO.
Desde el Gabinete de Estudios de USO se ha convertido en una referencia en el análisis del mercado laboral español. Sus estudios destacan por explicar con rigor la evolución del empleo, los salarios y las pensiones, poniendo el foco en cómo estas cuestiones afectan directamente a los trabajadores y a sus condiciones de vida.
En la actualidad, compagina esta labor con la presidencia de CEOMA, desde donde promueve iniciativas en favor de las personas mayores. Su trabajo se caracteriza por combinar el análisis técnico con una marcada sensibilidad social, lo que le ha otorgado reconocimiento en los ámbitos laboral y de protección social.