En el océano, algunos barcos pesqueros son invisibles. Quienes pretenden eludir las normas saben que cuanto menos se sepa sobre quién pesca, dónde lo hace y quién se beneficia de esa actividad, más fácil resulta seguir operando al margen de la ley. La pesca ilegal prospera precisamente en esta opacidad.
Ahora, España puede consolidar su liderazgo internacional en la lucha contra la pesca ilegal y la protección de la biodiversidad marina. El Proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, aprobado por el Gobierno en octubre de 2025, y actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, es una oportunidad para reforzar la transparencia de lo que ocurre en el mar y proteger a aquellos actores que cumplen con altos estándares de control y sostenibilidad.
Las lagunas de la legislación vigente limitan nuestra capacidad para proteger el océano y a quienes dependen de él. La pesca ilegal supone una amenaza para los ecosistemas marinos y para la seguridad alimentaria mundial. La sobreexplotación de los recursos pesqueros y la pesca ilegal desestabilizan las cadenas de suministro y destruyen el empleo en las zonas costeras.
No es posible luchar contra la pesca ilegal sin transparencia sobre quién controla realmente los buques pesqueros. Actualmente, la normativa nacional no exige la identificación de la titularidad real de las embarcaciones. Sin embargo, según un informe reciente de Oceana, al menos 73 buques de propiedad española operan bajo pabellones de conveniencia o en países que han sido identificadas por la Unión Europea como jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales o a los que la UE ha emitido una advertencia por no haber tomado medidas contra la pesca ilegal. Algunos de estos buques están sujetos a estándares comparables a los de la flota abanderada en España, mientras que otros se benefician de marcos regulatorios menos exigentes. Esta opacidad dificulta la rendición de cuentas de empresas vinculadas a prácticas irregulares fuera de aguas españolas, permitiendo que grandes corporaciones eludan sus responsabilidades legales.
Para combatir esta situación, Oceana propone la inclusión de medidas específicas en el texto legislativo para identificar a los verdaderos beneficiarios de los buques pesqueros que navegan en terceros países. Necesitamos herramientas que crucen datos mercantiles y registrales para destapar las estructuras empresariales detrás de la pesca.
También es urgente luchar contra los pabellones de conveniencia, es decir la inscripción de embarcaciones en países sin apenas controles, requisitos de gestión sostenible, o considerados paraísos fiscales. Estos buques pueden faenar en las mismas zonas que los de bandera española, pero bajo reglas menos exigentes, lo que genera competencia desleal, perjudicando a los pescadores que sí cumplen las normas.
La nueva Ley de Control debe incorporar un marco de responsabilidad extraterritorial estricto. Debemos ser capaces de identificar y de aplicar sanciones a las empresas o ciudadanos españoles que cometan pesca ilegal, independientemente de que el buque opere bajo banderas extranjeras como Panamá, Senegal o Belice.
Asimismo, el despliegue tecnológico exige establecer líneas rojas innegociables: el apagado intencionado del sistema de identificación automática (AIS) debe tipificarse específicamente como una sanción pesquera grave. La manipulación de estos dispositivos suele asociarse a actividades ilícitas, como los transbordos no autorizados de mercancías en alta mar o la entrada en áreas marinas protegidas. No podemos permitir zonas oscuras en la vigilancia de los mares; la tecnología debe servir para reforzar la transparencia. Con esta ambición legislativa, operadores, cofradías y pescadores que cuidan del entorno marino quedarían protegidos.
España tiene la capacidad y el liderazgo necesarios para impulsar este cambio a nivel europeo e internacional. El Congreso de los Diputados debe aprovechar este momento. Proteger el océano y a nuestros pescadores es asegurar el futuro productivo y ambiental. Trabajemos juntos para conseguirlo.
sobre la firma:
Vera Coelho es directora ejecutiva y vicepresidenta de Oceana en Europa.