Adelante Andalucía ha exigido a la Junta que “eche el freno” a la implantación de plantas de biogás que, según su criterio, se está llevando a cabo “a loco” y sin aportar “ni un beneficio” a los municipios donde se ubican. Frente a estas críticas, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha reivindicado la estricta evaluación ambiental a la que se someten estos proyectos y su papel ante el “problema real” de gestionar “determinados residuos orgánicos” dentro de una “economía circular y de lucha contra el cambio climático”.
Durante una interpelación en el pleno del Parlamento andaluz, la diputada Begoña Iza ha llamado a “estar muy vigilantes” con unos proyectos que “están llegando a puñados” y con “sospechoso sigilo”, de forma que los residentes son “los últimos” en conocer su tramitación y “tienen serias dificultades” para acceder a la documentación.
Iza ha puesto el foco en la inquietud que generan en la población al haberse detectado en el entorno de estas instalaciones sustancias “peligrosas” que “se pueden transportar con el viento”, como hidrógeno, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, bioaerosoles, toxinas, además de “los riesgos vinculados al digestato”.
“¿Ha pensado de verdad qué podría pasar si en los pueblos de Andalucía se instalaran hasta 334 fábricas de biometano?”, ha planteado la diputada, insistiendo en que “no les reporta en absoluto ningún beneficio mientras las multinacionales se quedan con “el bolsillo bien lleno”.
La representante de Adelante Andalucía ha denunciado que “hay muchas mentiras alrededor de todo esto”, empezando por la idea de que “es una energía verde”. A su juicio, “no es inocua” y “da el digestato, que es muy contaminante”. También sostiene que “es falso” que se trate de “una energía limpia”, porque “se producen olores insoportables, explosiones” en el entorno de estas plantas.
Asimismo, ha rechazado que se presente como actividad circular: aunque en algunos casos se utilicen restos de poda del olivar o alperujo, ha afirmado que “son empresas que tienen que ser alimentadas y cuando faltan residuos los aportan”. “Ponen macrogranjas al lado, que también ustedes están autorizando y listo”, ha remachado.
La diputada ha cuestionado igualmente la promesa de empleo, ya que, según ha indicado, apenas se necesitan “un operario, dos, tres, como mucho”, y ha negado que sirvan para revitalizar el medio rural. “¿Quién quiere vivir en un pueblo que apesta”?”, ha interpelado.
En este contexto, ha pedido explicaciones a la Junta sobre los mecanismos para asegurar la participación ciudadana en proyectos de biogás y biometano, la evaluación específica de emisiones y olores, las inspecciones una vez que las plantas entran en funcionamiento, así como el destino comercial del gas y el retorno económico para el territorio productor.
“Toda esta alianza del biogás que se han hecho con corporaciones, con promotoras, nos huele muy mal. Es necesario parar todos los proyectos, porque se están construyendo a lo loco. No hay una planificación”, ha denunciado, acusando al Ejecutivo andaluz de que “están vendiendo” el medio rural y subrayando que “hay alternativas”.
La Junta resalta el potencial del biogás y el control ambiental
Por otro lado, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto en valor las “oportunidades” asociadas al biogás, al permitir el aprovechamiento de determinados residuos orgánicos, en gran parte procedentes del sector primario, para generar energía renovable y avanzar en la economía circular”.
“La tarea de esta Consejería es garantizar que estas instalaciones se sometan a los instrumentos de prevención ambiental aplicables, que sus proyectos se evalúen rigurosamente y que las resoluciones de las autorizaciones ambientales incorporen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar cualquier tipo de efecto adverso sobre él”, ha manifestado Martínez.
La consejera ha detallado que el primer paso consiste en fijar el instrumento de prevención ambiental aplicable a cada planta: las instalaciones de biogás mediante digestión anaeróbica de residuos orgánicos necesitan autorización ambiental integrada (AAI) si superan las 75 toneladas diarias o las 100 cuando la única actividad es la digestión anaeróbica. Por debajo de esos límites, se someten a autorización ambiental unificada simplificada.
Una vez definido el procedimiento, se inicia el análisis de la documentación en un expediente complejo que debe incluir, entre otros elementos, el proyecto básico, el estudio de impacto ambiental con análisis de alternativas, la valoración del impacto sobre la salud, los informes sobre posible afección al patrimonio histórico, sobre vertidos y emisiones a la atmósfera, sobre contaminación del suelo cuando proceda y el estudio de olores.
También es preceptivo el informe del ayuntamiento sobre la compatibilidad del proyecto con la planificación territorial y urbanística. Esta “no es una cuestión secundaria”, ya que, si se acredita la incompatibilidad, “puede impedir que la autorización continúe”.
Mecanismos de participación y resolución final
Tras superar la primera revisión técnica, se abre un periodo de información pública “para que todas las personas interesadas puedan conocer el proyecto y formular las alegaciones que estimen oportunas”. Al mismo tiempo, se consulta a los distintos departamentos de la Junta y a las administraciones afectadas.
“Esta fase demuestra que la evaluación ambiental requiere una visión integral, que no basta con analizar un único aspecto, sino que hay que estudiar todas las distintas afecciones potenciales y recabar los pronunciamientos necesarios”, ha subrayado la consejera.
Con toda la información y una vez resueltas las alegaciones, se emite la resolución de autorización ambiental, que puede ser desfavorable o favorable y, en este último caso, “incorpora las medidas necesarias para hacer compatible la actividad propuesta con la protección del medioambiente” junto con un plan de seguimiento y vigilancia.
Biogás, residuos y sostenibilidad
“El biogás es una de las opciones para determinados residuos. No es una solución universal ni debe presentarse como tal, pero sí una posibilidad de valorización que merece analizarse cuando resulte técnica y ambientalmente adecuada y cumpla con la normativa, entre ellas la ambiental”, ha señalado Martínez.
La consejera ha defendido así el papel de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para “evaluar con rigor, exigir todas las garantías ambientales necesarias”. “Nuestro objetivo es que la actividad, como cualquier otra, sea compatible con la protección del medio natural porque desarrollo económico sostenible y protección del patrimonio natural son objetivos compatibles”, ha concluido.