Quien la sigue, la consigue. Ahora, el turno le ha tocado a Irlanda. Tras meses de negociaciones, distintos borradores de compromiso y unas elecciones de por medio, Dublín cree que puede haber llegado el momento de volver a intentarlo. Pasar del "nos daremos un tiempo" al "a ver qué sale". La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha trasladado al resto de Estados miembros su intención de desencallar la aprobación de la nueva Directiva sobre Fiscalidad del Tabaco (TED, por sus siglas en inglés) el próximo mes de noviembre, pese a las reticencias que todavía mantienen algunas capitales.
El expediente busca armonizar la estructura fiscal de los productos relacionados con el tabaco y actualizar los tipos impositivos mínimos aplicables en el mercado interior. Entre sus principales novedades figura la incorporación de nuevas categorías de productos, como el snus y las bolsas de nicotina, que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el marco comunitario.
Sin embargo, existe un obstáculo que ha acompañado a la negociación desde sus primeros compases: la fiscalidad es una competencia que requiere la unanimidad de los Veintisiete en el Consejo, por lo que el rechazo de una sola capital puede hacer descarrilar el acuerdo. La anterior presidencia chipriota trató hasta el último momento de acercar las posiciones nacionales mediante sucesivos textos de compromiso, incluyendo concesiones sobre los tipos mínimos y las subidas automáticas de los impuestos vinculadas a la inflación. Ahora, Irlanda pretende recoger el testigo y llevar el expediente hasta la línea de meta.
Irlanda pone fecha al acuerdo: el ECOFIN del 9 de noviembre
Según ha podido confirmar Demócrata a través de distintas fuentes diplomáticas, la presidencia irlandesa del Consejo de la UE está acelerando los trabajos técnicos para poder someter el expediente a la consideración de los ministros de Economía y Finanzas durante su próxima reunión, prevista para el lunes 9 de noviembre.
"El objetivo irlandés es lograr un acuerdo en la reunión de noviembre", afirma un alto funcionario consultado por este medio. Antes de llegar a esa cita, el nuevo borrador deberá superar una última fase de negociación técnica. El próximo lunes 26 de octubre, el Grupo de Alto Nivel sobre Fiscalidad abordará el último texto de compromiso presentado por la presidencia. La intención de Dublín es aprovechar ese encuentro para mantener un intercambio entre las delegaciones nacionales, identificar los últimos puntos de fricción y comprobar si existe margen suficiente para elevar el documento a nivel ministerial la semana siguiente.
El calendario irlandés busca transformar meses de negociación técnica en un acuerdo político, aunque su viabilidad dependerá de que las capitales más reticentes acepten las concesiones introducidas en el texto.
Suecia, el principal obstáculo: sin Gobierno y con el snus sobre la mesa
La fecha elegida por Irlanda resulta especialmente sensible por una razón concreta: Suecia. Según trasladan a Demócrata fuentes comunitarias, Estocolmo figura actualmente entre las capitales más reacias a cerrar un acuerdo sobre la nueva arquitectura fiscal europea.
La situación política interna tampoco ayuda. Después de las elecciones celebradas en septiembre, el país continúa sin un nuevo Gobierno tras el intento fallido de la líder de la izquierda la semana pasada. La dirigente socialdemócrata podría volver a intentar formar un Ejecutivo junto al Partido de Centro en los próximos días. No obstante, el problema sueco va más allá de la composición del futuro Gobierno. En Suecia existe un amplio consenso político alrededor de la necesidad de preservar el tratamiento fiscal del snus, un producto de tabaco oral tradicional especialmente arraigado en el país nórdico.
Las diferencias entre las fuerzas políticas podrían resultar más visibles en el tratamiento de las bolsas de nicotina. En este ámbito, la sensibilidad de socialdemócratas y verdes hacia las medidas de salud pública, especialmente aquellas destinadas a limitar el acceso de los jóvenes a estos productos, podría influir en la posición del próximo Ejecutivo. Mientras tanto, Estocolmo ya habría trasladado a la presidencia del Consejo su voluntad de posponer la decisión.
El hecho de contar con un Gobierno en funciones hace que "resulte prácticamente complicado tomar cualquier tipo de decisión", explica una fuente del Gobierno sueco consultada por este medio. Los diplomáticos suecos están valorando todas las opciones disponibles, incluida una eventual abstención. Sin embargo, esta alternativa presenta una dificultad añadida: en los procedimientos del Consejo que requieren unanimidad, una abstención no impide la adopción del acuerdo.
Por tanto, Estocolmo no contempla decantarse por una fórmula que, en la práctica, permita sacar adelante una medida que posteriormente deba afrontar su tramitación parlamentaria nacional sin que exista un nuevo Ejecutivo con capacidad política para asumir esa decisión. De acuerdo con las fuentes consultadas, el resto de Estados miembros estaría dispuesto a someter el expediente a la consideración de los ministros durante la reunión de noviembre. La incógnita es si Irlanda conseguirá encontrar una salida que permita acomodar las reservas suecas sin volver a retrasar el calendario comunitario.
Una nueva arquitectura fiscal para los productos con nicotina
La revisión de la Directiva responde a la transformación que ha experimentado el mercado europeo del tabaco durante los últimos años. La aparición y expansión de productos alternativos que contienen nicotina ha dejado parcialmente desactualizado un marco normativo concebido para categorías tradicionales de consumo.
Con esta reforma, Bruselas pretende armonizar la estructura fiscal de los líquidos para cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, el tabaco calentado y el tabaco en rama, además de revisar los niveles mínimos de imposición aplicables a los productos ya regulados.
Una de las disposiciones relevantes del nuevo esquema afecta a los productos susceptibles de encajar en más de una categoría fiscal. En aquellos casos en los que existan dudas sobre su clasificación, se aplicaría la categoría que establezca el tipo mínimo armonizado más elevado. El objetivo es limitar las posibles divergencias interpretativas entre administraciones tributarias y evitar que determinados productos puedan beneficiarse de tratamientos fiscales más favorables por diferencias en su clasificación nacional.
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La reforma también contempla períodos transitorios para facilitar la adaptación de aquellos Estados miembros que actualmente mantienen niveles de imposición inferiores a los nuevos umbrales europeos. Estos mecanismos incluirían incrementos escalonados entre 2028 y 2030, con determinados períodos de adaptación que podrían prolongarse hasta 2035, en función de las categorías y las condiciones finalmente acordadas.
El calendario previsto contempla que la nueva arquitectura normativa esté aprobada antes de que finalice 2027, de manera que sus disposiciones puedan comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2028. Como contrapartida, la Comisión Europea podría comprometerse a presentar informes periódicos de evaluación cada cinco años, comenzando en diciembre de 2032, para analizar el funcionamiento del nuevo sistema y sus efectos sobre el mercado interior.
España pide moderación para no perder su diferencial fiscal con Francia
Entre los Estados miembros que han reclamado una aplicación más moderada de los nuevos tipos mínimos figura España. La preocupación de Madrid se concentra especialmente en las consecuencias que podría tener un incremento demasiado pronunciado de la fiscalidad sobre el tabaco. En particular, el Ejecutivo español teme que una subida drástica termine reduciendo el diferencial de precios existente con países vecinos como Francia, con el consiguiente impacto sobre los patrones de consumo y la recaudación tributaria nacional.
Esta cuestión también afecta al denominado tabaco para liar, conocido técnicamente como picadura, una de las categorías incluidas en la revisión del marco fiscal comunitario. La propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba elevar los tipos impositivos mínimos para reducir las disparidades existentes entre los sistemas tributarios nacionales y aproximar progresivamente las condiciones fiscales aplicables a los distintos productos.
"La tasa mínima de la UE se ajustaría en función de la situación económica de cada Estado miembro individual, en función de los niveles generales de precios", explican desde Bruselas. Sin embargo, España ha advertido de que los indicadores de asequibilidad basados en la renta media pueden ofrecer una imagen distorsionada de la realidad económica nacional, especialmente cuando no reflejan adecuadamente las diferencias de poder adquisitivo entre las zonas urbanas y rurales.
A juicio de Madrid, estas disparidades justificarían una aplicación más gradual de los incrementos previstos, con el objetivo de evitar que la nueva fiscalidad termine castigando de manera desproporcionada a los consumidores más sensibles al precio. El debate tampoco es menor desde el punto de vista presupuestario. Actualmente, los impuestos sobre el tabaco generan en España una recaudación superior a los 6.500 millones de euros, una cifra que asciende hasta aproximadamente 10.000 millones si se tiene en cuenta el conjunto de la cadena de valor.
En este contexto, fuentes consultadas por Demócrata sostienen que un marco fiscal europeo "actualizado y coherente" supondría una garantía adicional para la recaudación de las arcas del Estado español.
La clave de la negociación reside, por tanto, en encontrar un equilibrio entre la armonización tributaria europea, los objetivos de salud pública y las particularidades económicas de cada mercado nacional. Irlanda tiene ahora menos de tres semanas para comprobar si ese equilibrio es suficiente para convencer a los Veintisiete. Y, sobre todo, si Suecia está dispuesta a pasar del "necesitamos tiempo" al sí definitivo.