El PP-A tiene previsto registrar en el Parlamento andaluz una proposición no de ley con la que reclamará al Gobierno central “el esclarecimiento riguroso y transparente” del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se asuman “al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas” que procedan y que se acometa de forma inmediata una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, con especial atención a los enlaces entre Madrid y Andalucía.
Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en el próximo Pleno, se propone que la Cámara exprese “su más profundo pesar por las víctimas del accidente” y ponga en valor el trabajo de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad. Al mismo tiempo, se reclama al Gobierno de España que garantice una atención integral, inmediata y continuada a todas las personas afectadas, mediante asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y económica, asegurando además la plena efectividad de sus derechos de información, asistencia e indemnización. Todo ello se hará “todo ello extensivo a las víctimas” del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.
La proposición insta al Ejecutivo a “el esclarecimiento riguroso y transparente de las circunstancias del accidente ferroviario mediante una investigación administrativa exhaustiva, sin perjuicio de la investigación técnica independiente y judicial, que permita determinar las causas y depurar las responsabilidades que procedan, incluidas las derivadas de posibles deficiencias en la dirección, gestión y supervisión ferroviaria”.
Asimismo, se reclama que se lleve a cabo “una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones con Andalucía, que evalúe el estado de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y el mantenimiento, haciendo públicos sus resultados y aprobando un plan de actuaciones correctoras con financiación suficiente, responsables identificados, plazos verificables y control parlamentario de su ejecución”.
El PP-A también exige que el Gobierno asuma “plenamente y al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas que le corresponden en la dirección, planificación y supervisión del sistema ferroviario de competencia estatal, sin circunscribir el esclarecimiento del accidente a posibles errores humanos individuales ni excluir el examen de las deficiencias organizativas, tecnológicas, de renovación, mantenimiento o supervisión que hubieran podido contribuir al siniestro”, y que proceda a “determinar y exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias y de gestión que procedan”.
En materia de seguridad, la iniciativa reclama que el Ejecutivo central garantice “de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios, mediante una revisión inmediata y exhaustiva de todas las infraestructuras ferroviarias estatales que discurren por Andalucía, especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid”, adoptando las medidas preventivas, operativas y urgentes que resulten necesarias. Además, se pide que la reanudación de los servicios afectados quede supeditada a la comprobación objetiva de las condiciones de seguridad exigibles y a la difusión de información pública verificable que “permita recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario”.
El texto también plantea censurar “la falta de renovación del sistema de señalización y protección ferroviaria LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya sustitución y modernización mediante la implantación del sistema europeo ERTMS fue objeto de adjudicación por Adif Alta Velocidad en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses”. Se solicita al Gobierno que detalle de forma documentada los motivos de los retrasos, el nivel real de ejecución y las posibles responsabilidades derivadas de su gestión, además de fijar un calendario definitivo y verificable para su entrada en servicio, garantizando mientras tanto la fiabilidad de los sistemas actuales, la correcta gestión de incidencias y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad ante cualquier fallo técnico, “sin prejuzgar las causas del accidente investigado”.
Por último, la iniciativa incluye la condena a la “persistente falta de ejecución efectiva de las inversiones ferroviarias estatales en Andalucía durante el período 2021-2026”, y reclama al Gobierno central la aprobación de una “programación plurianual de inversiones ferroviarias territorializada, suficientemente financiada y verificable”.