El PP-A someterá a debate este jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que plantea que la Cámara muestre su rechazo a la política de vivienda del Gobierno central. Además, reclama que el Ejecutivo ponga a disposición de la Junta y de los ayuntamientos los suelos y bienes inmuebles de titularidad estatal que sean adecuados para levantar nuevas promociones residenciales.
La propuesta incluye que el Parlamento reconozca las “adecuadas reformas normativas en materia de vivienda” impulsadas por la Junta, orientadas a aumentar el suelo disponible para uso residencial, agilizar la planificación y la gestión urbanística, simplificar los trámites administrativos, favorecer la promoción pública y privada de vivienda protegida, mejorar el acceso de los andaluces a una vivienda digna y asequible y reducir la presión fiscal sobre la vivienda a través de sucesivas rebajas de impuestos.
Asimismo, se anima al Gobierno andaluz a seguir avanzando en estas reformas, activando el patrimonio público de suelo y vivienda de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y promoviendo nuevas promociones de vivienda protegida en venta y alquiler, frente “al modelo frentista del Gobierno de España que solo demoniza la promoción privada, la propiedad de los españoles, el ahorro a futuro y el derecho sinalagmático de las partes en los contratos de arrendamiento, facilitando la inseguridad jurídica”.
El texto propone que la Cámara andaluza muestre su rechazo a la línea legislativa y fiscal del Gobierno de España en vivienda que, por sus “efectos sobre la seguridad jurídica de los propietarios, la rentabilidad de las inversiones y la estabilidad de las relaciones arrendaticias, puede desincentivar la promoción de nuevas viviendas y la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler residencial”, citando entre otros las nuevas “restricciones” incluidas en los recientes reales decretos.
En la iniciativa, el PP-A también defiende reforzar la “colaboración público-privada como instrumento esencial para incrementar el parque de vivienda protegida y asequible, mediante la movilización de suelo público y privado”.
El grupo popular solicita, además, que el Parlamento rechace que “las obligaciones impuestas por la legislación estatal en materia de vivienda se traduzcan en una transferencia desproporcionada de sus costes y riesgos económicos a los propietarios particulares, a los promotores de vivienda protegida y a las haciendas de la comunidad autónoma y de las entidades locales, sin garantizar una financiación estatal suficiente ni mecanismos efectivos de compensación”.
El PP-A insta igualmente al Gobierno central a revisar la legislación estatal de vivienda y arrendamientos urbanos “para reforzar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las garantías frente al impago y la ocupación ilegal, evaluando los efectos de las restricciones sobre la oferta de alquiler residencial”, y a restablecer incentivos fiscales generales en el IRPF para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler habitual a precios asequibles.
Otra de las peticiones dirigidas al Ejecutivo nacional es modificar el sistema de financiación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, “suprimiendo la exigencia de cofinanciación autonómica del 40 por ciento establecida para los ejercicios 2027 a 2030 como condición de las transferencias estatales, garantizando una distribución territorial objetiva, suficiente y transparente de los recursos, sin supeditar el acceso ordinario a la financiación estatal a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado”, respetando las competencias propias de Andalucía en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y permitiendo que la comunidad determine sus prioridades de actuación según sus necesidades residenciales.
El PP-A reclama también al Gobierno que “incremente y estabilice la financiación del Bono Alquiler Joven, con dotación plurianual suficiente para atender las solicitudes que cumplan los requisitos”; que amplíe las herramientas de apoyo a la emancipación, y que extienda hasta los menores de 40 años y a las familias numerosas y monoparentales los programas de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial para la compra de la primera vivienda, prorrogando su vigencia más allá de 2027 y asegurando su compatibilidad con los instrumentos de garantía puestos en marcha por la Junta.
Asimismo, se urge al Ejecutivo a ceder a la comunidad autónoma y a las entidades locales los suelos y bienes inmuebles estatales aptos para la promoción residencial, ya sea mediante cesión, derecho de superficie, convenios u otras fórmulas jurídicas, incluyendo los adscritos al Ministerio de Defensa, Adif, autoridades portuarias, Sareb y la entidad estatal de vivienda Casa 47. Se pide, además, que se concrete mediante una programación territorializada el número de viviendas, los municipios implicados, los recursos previstos y los calendarios efectivos de las actuaciones estatales en Andalucía.
Finalmente, la iniciativa reclama al Gobierno central la puesta en marcha de un Pacto Nacional por la Vivienda que, respetando el reparto constitucional de competencias, fije compromisos verificables para aumentar la oferta residencial, planificar suelo, asegurar financiación plurianual, reforzar la seguridad jurídica y proteger a los colectivos vulnerables, con la participación efectiva de comunidades autónomas, ayuntamientos, promotores públicos y privados, entidades financieras y agentes económicos y sociales.