El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reivindicado este jueves, 24 de septiembre, en las Cortes de Aragón la gestión realizada desde que asumió el departamento. En una comparecencia promovida por el PSOE para detallar las medidas de mejora, ha puesto en valor la reducción del tiempo medio de resolución de la dependencia a 111 días, la puesta en marcha de nuevas plazas residenciales para mayores y las ayudas dirigidas a familias y personas con ELA.
Nolasco ha recalcado que su labor se ajusta al pacto de gobernabilidad suscrito entre PP y Vox y ha aludido a dos convocatorias publicadas este mes: una de casi un millón de euros para proyectos de familia orientados a favorecer la conciliación y otra de unos 491.000 euros para partos y adopciones múltiples. Ambas incluyen, ha remarcado, criterios de “prioridad nacional”. “Aquello que decíamos cuando formamos parte de la oposición, lo trasladamos al programa electoral y del programa electoral los hemos plasmado en el acuerdo de gobierno y lo estamos cumpliendo”, ha indicado.
El consejero ha insistido en que este enfoque será una “dinámica de trabajo constante” porque, en su opinión, “los recursos son finitos”. “Si mañana vienen 500 millones de africanos, ¿cómo va a haber dinero y medios para ellos y para nosotros?”, ha cuestionado, para concluir que, a la hora de distribuir fondos, resulta “lógico” destinarlos “a los que más tiempo llevan con nosotros y que más contribuyen al sistema”. En esta línea, ha avanzado que su departamento se centrará en “luchar contra el fraude, contra la inmigración ilegal” y en reforzar los servicios sociales “en todo lo que esté a nuestro alcance”.
En este contexto, ha destacado los recursos dedicados a menores migrantes no acompañados y ha asegurado que Aragón ha ganado “17 de 17 sentencias” en procesos sobre traslados de menores que, según su interpretación, los tribunales consideraron irregulares. Igualmente, ha adelantado que se llevarán a cabo pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados que lleguen y ha apuntado que entre el 70 y el 90 por ciento de las pruebas realizadas en otros expedientes concluyen que son mayores de edad.
Nolasco ha vinculado también la gestión de los recursos para menores con la atención a las personas mayores: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, ha afirmado. En este ámbito ha cuantificado en más de 150 las nuevas plazas residenciales promovidas en Pina de Ebro, Fonz, Andorra y Sariñena. “Hemos ayudado a acelerar los trámites para la apertura”, ha subrayado.
El vicepresidente ha puesto en valor igualmente la situación de la dependencia en Aragón. Con datos a 31 de agosto, ha resaltado que el tiempo medio de resolución se sitúa en 111 días, frente a los 302 de la media nacional, y ha remarcado que Aragón es “la primera comunidad autónoma en rapidez” en este procedimiento.
En relación con la ELA, ha detallado que en Aragón hay entre 90 y 100 pacientes y ha destacado la orden aprobada en julio, que contempla ayudas de hasta 9.8549 euros mensuales para los casos más graves. “En seis semanas” se aprobó la orden, ha remarcado, y ha asegurado que el objetivo es garantizar “la máxima dignidad para los enfermos de ELA y para sus familias”.
Por último, Nolasco ha indicado que en sus primeros cuatro meses al frente del departamento ha mantenido encuentros con “más 80 entidades”. “En cuatro meses se ha trabajado y se ha hecho en servicios sociales lo que nunca se ha hecho”, ha sentenciado.
PSOE y PP confrontan sus diagnósticos
La diputada socialista Mónica Iglesias ha puesto en duda la gestión de Nolasco y le ha exigido actuaciones concretas para personas dependientes, mayores, con discapacidad y familias. “¿Cuál es exactamente su política social, señor Nolasco?”, ha planteado. También ha cuestionado la “prioridad nacional”, alertando de que requisitos como cinco años de empadronamiento pueden perjudicar igualmente a españoles que se trasladan a Aragón por motivos laborales.
Iglesias ha añadido que más de 8.000 personas continúan aguardando una plaza pública o concertada. “Si una persona sale de la lista pero no recibe la plaza de residencia que solicita, el problema no se ha solucionado”, ha recalcado.
Desde el PP, se ha respaldado la evolución de los servicios sociales con datos de los informes del Imserso y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La diputada Susana Gaspar ha indicado que entre agosto de 2023 y agosto de 2026 se han dictado 11.839 resoluciones de dependencia adicionales, hay 11.937 personas más con derecho a prestación y se han concedido 18.593 prestaciones más, mientras el tiempo medio de resolución ha descendido de 194 a 111 días.
Críticas de otros grupos a la inversión y al modelo
Izquierda Unida ha censurado la gestión del Departamento y ha denunciado la existencia de centros de menores sin contrato, además de remarcar que Aragón se sitúa por debajo de la media estatal en gasto social por habitante. Su portavoz, Marta Abengochea, ha acusado al Ejecutivo de apostar por un “modelo de bajo coste” y ha rechazado la aplicación de la prioridad nacional.
Aragón-Teruel Existe ha avisado de que la mayor agilidad administrativa no implica necesariamente un mejor servicio y ha reclamado un refuerzo de la atención sociosanitaria en el medio rural.
Chunta Aragonesista, por su parte, ha advertido de que unas 300.000 personas, el 22 por ciento de la población aragonesa, se encuentran en situación de exclusión social. Su portavoz, Jorge Pueyo, ha defendido que los servicios sociales deben acompañar a cualquier persona que los requiera y ha preguntado cómo se aplicará la prioridad nacional y de qué forma se atenderá a los menores que deban ser trasladados a Aragón.
Vox ha apoyado la labor de Nolasco y ha defendido que el principio de “prioridad nacional” debe integrarse de forma transversal en las políticas públicas. Su portavoz, santiago Morón, ha sostenido que los recursos deben dirigirse preferentemente a españoles y aragoneses y ha pedido un mayor control de las ayudas sociales y la retirada de fondos a ONG vinculadas, según su criterio, a la inmigración ilegal.