El Partido Popular, el PSOE, Vox, Sumar y Junts respaldaron este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que plantea eliminar la obligación de acudir a un mecanismo de negociación extrajudicial en los procedimientos de familia que afecten a menores, como los divorcios, con la intención de acelerar la tramitación de estos expedientes.
Los nacionalistas vascos argumentan que “Forzar a los progenitores que se enfrentan entre sí por cuestiones que afectan a un menor a acudir a un procedimiento extrajudicial antes de llegar a juicio puede dilatar estos procesos y provocar un efecto bumerán contrario al objetivo deseado”, y sostienen que la modificación normativa busca garantizar en todo momento el interés superior del niño o la niña implicados.
Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad suelen girar en torno a asuntos que deben solventarse “con cierta urgencia, como la autorización para cambio de colegio, un viaje, un acto religioso, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia”.
El PNV recuerda que, aunque la mediación y la conciliación anteriores al juicio contribuyen “a una justicia más humana y sostenible”, en los procedimientos de familia con menores “los parámetros para la resolución de conflictos deben estar supeditados al interés superior del menor”.
Tras siete meses de vigencia de la reforma que introdujo los mecanismos de resolución de controversias para aliviar la carga de los juzgados, la formación jeltzale sostiene que “se ha detectado que, en la práctica, está provocando que cuando, a falta de acuerdo, el tribunal debe otorgar a uno u otro progenitor la facultad de decidir por razones de tiempo, el objeto ha desaparecido con evidente perjuicio, en muchos casos, del interés del menor”.
Durante la defensa de la proposición en el Pleno, el diputado del PNV Mikel Legarda advirtió de que cada año “unos 300.000 menores” se ven inmersos en procedimientos de familia derivados de rupturas en España, procesos que, según lamentó, “en más ocasiones de las deseables” se convierten en conflictos “envenenados” y cargados de “vandalismo emocional”.
Por este motivo, reclamó que no se alarguen estos procedimientos especialmente conflictivos con trámites previos obligatorios como los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), defendiendo que prolongar la “tensión” entre los progenitores provoca un daño “perjudicial” a los hijos. Además, subrayó que los datos del CGPJ evidencian que la exigencia de acudir a estos medios no ha conseguido transformar de forma relevante los pleitos en acuerdos.
En la misma línea, la diputada del PP María Jesús Moro anunció el respaldo de su grupo a que se tramite la reforma, precisando que no rechazan los MASC en el ámbito familiar, sino su carácter imperativo. A su entender, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley demuestra que ha generado “demoras, inseguridad jurídica y nuevos obstáculos”. Asimismo, calificó de “traición a los más vulnerables” imponer una negociación previa en materias en las que la intervención judicial es preceptiva.
Desde el PSOE, el diputado Joaquín Martínez señaló que comparten “la preocupación” que motiva la iniciativa para evitar que cualquier trámite interfiera en la protección de los menores, aunque pidió “prudencia” a la hora de modificar el sistema de MASC en familia. Recordó que la norma apenas lleva unos meses operativa y que los primeros indicadores apuntan al “optimismo”, con “una bajada de la litigiosidad de casi el 30%”. En cualquier caso, avanzó que votarán a favor de la toma en consideración y se mostró dispuesto a introducir ajustes si fuera necesario.
La diputada de Vox Carina Mejías acusó al PNV de “oportunismo político” por promover ahora la supresión de la obligatoriedad de los MASC en familia tras haber apoyado la ley que los instauró. No obstante, confirmó que Vox respalda la reforma porque consideran que estos mecanismos son un “auténtico fiasco”, que mantienen divorcios “en los cajones” y “premian a los incumplidores”.
En nombre de Sumar, el diputado Enrique Santiago defendió que resulta “prematuro” retirar ya la obligación de acudir a los MASC en estos asuntos, alegando que “no ha pasado ni un mes” desde que se exige este requisito de procedibilidad y que “no hay evidencia” de que la mediación ponga en peligro a los menores. Aun así, apoyó que se inicie la tramitación de la propuesta del PNV para estudiar mejoras técnicas, pero sin desmantelar el modelo. Además, insistió en que la verdadera solución al atasco judicial pasa por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que refuercen con medios a los juzgados especializados.
Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera defendió el carácter “transformador” de los MASC en los litigios de familia y anunció el voto en contra de suprimir esta fase previa, en coherencia con la posición mantenida por su grupo en el Parlamento de Cataluña. Frente a las críticas sobre nuevas demoras, recordó que los pleitos familiares ya arrastraban retrasos antes y sostuvo que este trámite ofrece un espacio para rebajar la “hostilidad”, aunque se mostró dispuesta a valorar excepciones en supuestos con elementos de extranjería.
Desde Junts, el diputado Josep Pagès criticó que la extensión “indiscriminada” de los MASC como requisito obligatorio constituye “un error” y se ha convertido en un freno para la defensa de los derechos de la ciudadanía, ya que no solo provoca “retrasos y aumenta el conflicto”, sino que, en procedimientos con dimensión internacional, actúa como un “aviso” que permite al progenitor residente en el extranjero “adelantarse y reclamar la competencia” de tribunales foráneos.
El diputado del BNG Néstor Rego denunció que imponer este trámite negociador previo se ha convertido en una “barrera burocrática” contraria a la “agilidad” que exige el interés superior del menor, aunque advirtió de que el verdadero problema de fondo es “el colapso de la Administración de Justicia”.