BOE de hoy, 9 de julio de 2026: 500 unidades judiciales, 200 plazas fiscales y refuerzo en contratación pública

La creación y distribución de nuevas unidades judiciales (como juzgados o secciones) se encuadra en el procedimiento legislativo general: primero es necesaria una habilitación legal con rango de ley, tramitada en las Cortes Generales, y después el Gobierno desarrolla y aplica esa habilitación mediante normas y decisiones ejecutivas. El Parlamento interviene principalmente en la fase de aprobación de la ley, a través de los debates en Pleno y en comisión, y también mediante instrumentos de control sobre cómo el Gobierno ejecuta esa política. A falta de datos específicos en las fuentes sobre justicia, solo puede describirse con precisión este esquema general del proceso parlamentario.

1. Habilitación legal: iniciativa y límites reglamentarios

La base de cualquier reorganización estructural relevante de la Administración pública, como la creación de nuevas unidades judiciales, suele ser una iniciativa legislativa (proyecto o proposición de ley). Según se explica en la información disponible, la tramitación de estas leyes está fuertemente condicionada por el reglamento del Parlamento, que fija:

• Procedimientos y plazos: los pasos que deben seguirse para tramitar las iniciativas legislativas, los tiempos para presentar enmiendas y para debatir en Pleno y en comisión.
• Admisión a trámite: los requisitos formales y materiales para que una iniciativa pueda ser discutida, o sea rechazada si no cumple las condiciones reglamentarias.
• Turnos de palabra y debates: cómo se ordenan las intervenciones de los diputados o senadores, cuánto dura cada intervención y cómo se estructuran los debates.
• Comisiones competentes: qué comisión estudia en detalle el texto, aspecto clave para materias técnicas como la organización judicial.
• Votaciones y mayorías: el sistema de votación y las mayorías necesarias para que la norma quede aprobada en cada fase.

Este marco reglamentario no se refiere específicamente a la justicia, pero condiciona la forma en que se tramita cualquier ley que tenga por objeto crear o redistribuir órganos o unidades de la Administración de Justicia.

2. Papel de las comisiones parlamentarias

Las fuentes subrayan que las comisiones parlamentarias son el núcleo del trabajo técnico de las leyes. Una vez que un proyecto o proposición de ley supera el primer debate en Pleno (debate de totalidad o toma en consideración), se remite a la comisión correspondiente. En esa fase intermedia, muy relevante para cuestiones estructurales como las unidades judiciales, se producen varias actuaciones:

• Estudio y debate detallado: los miembros de la comisión analizan el articulado con mayor profundidad y pueden oír a expertos cuando el reglamento lo permite.
• Enmiendas de los grupos: los grupos parlamentarios presentan enmiendas al articulado para modificar, precisar o condicionar las competencias, los criterios de distribución territorial o los requisitos para crear nuevas unidades.
• Votación de enmiendas: en la propia comisión se discuten y votan las enmiendas, incorporando solo las que obtienen mayoría.
• Dictamen de la comisión: el resultado de ese trabajo es un dictamen, es decir, un texto revisado de la ley que integra las modificaciones aceptadas.

El dictamen se remite después al Pleno, donde se debate y se vota el texto final. De ese modo, el sistema combina un análisis técnico en comisión con una decisión política en el Pleno de cada Cámara.

3. Aprobación parlamentaria y papel del Gobierno

Tras la aprobación por las Cámaras, la ley pasa a ser aplicada por el Gobierno, que asume la ejecución administrativa de lo previsto en ella. Aunque las fuentes no detallan el caso concreto de las unidades judiciales, sí permiten distinguir:

• Habilitación legal general: la ley fija el marco, las competencias y, en su caso, los criterios o límites para crear nuevas unidades o redistribuirlas territorialmente.
• Desarrollo reglamentario o decisiones ejecutivas: el Ejecutivo concreta esa habilitación mediante reglamentos, ordenes u otras disposiciones de carácter organizativo y presupuestario.

En esta fase, las Cortes Generales ya no tramitan una nueva ley para cada decisión concreta de distribución, pero sí conservan su función de control sobre cómo el Ejecutivo está aplicando la ley.

4. Control parlamentario de la política de organización judicial

La información disponible sobre control parlamentario detalla los instrumentos con que el Congreso y el Senado supervisan al Gobierno y a la Administración. Aplicados al ámbito de la creación y distribución de unidades judiciales, estos instrumentos permiten:

• Formular preguntas orales o escritas al Gobierno sobre criterios de distribución, calendario de apertura de nuevas unidades o dotación de medios.
• Presentar interpelaciones y mociones para que el Parlamento se pronuncie sobre la política general de organización judicial y, en su caso, inste al Ejecutivo a modificarla.
• Solicitar comparecencias de responsables del Gobierno para que expliquen planes de creación de órganos o el impacto territorial de las decisiones adoptadas.
• Reclamar información y documentación relativa a la ejecución de la ley habilitante.

En síntesis, el Parlamento interviene de forma decisiva en la fase de definición del marco legal y, posteriormente, en la fiscalización política de cómo el Gobierno aplica ese marco al crear y distribuir nuevas unidades judiciales. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el detalle específico del papel del órgano de gobierno de los jueces o sobre normas concretas aplicables a cada tipo de unidad judicial.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) es el órgano administrativo estatal especializado que conoce y resuelve el recurso especial en materia de contratación, así como determinadas reclamaciones y cuestiones de nulidad en el ámbito de la contratación pública estatal. Su regulación básica está en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que lo configura como órgano independiente, y en el Real Decreto 814/2015, que desarrolla su organización y el procedimiento de revisión. Además, su creación se inserta en la reforma de recursos contractuales de la Ley 34/2010. En conjunto, sus funciones se centran en garantizar la legalidad y la tutela rápida y efectiva de los licitadores frente a decisiones de contratación del sector público estatal.

Marco normativo básico

Las principales normas vigentes que regulan la naturaleza y funciones del TACRC son:

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), que en el Libro I, Capítulo VI, atribuye al TACRC, en el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación (artículos sobre recurso especial y órgano competente, según el fragmento consultado).
• Real Decreto 814/2015, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del TACRC, cuyo artículo inicial fija como objeto regular:
  • La constitución, composición y régimen jurídico del Tribunal.
  • El desarrollo del procedimiento del recurso especial, de las reclamaciones previstas en la Ley 31/2007 y de las cuestiones de nulidad.
  • La utilización de medios electrónicos en la tramitación y notificaciones ante el Tribunal.
• Ley 34/2010, que, según su exposición de motivos y el preámbulo del Reglamento, introduce la creación del TACRC como órgano especializado para conocer recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad en materia de contratación.

Junto a estas normas, existen disposiciones complementarias como la Resolución de 28 de febrero de 2014 (delegación de competencias del propio Tribunal) y, en el ámbito parlamentario, la Resolución de 18 de enero de 2011 que crea el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales, órgano análogo pero distinto del TACRC estatal.

Naturaleza jurídica y ámbito competencial

De acuerdo con la LCSP, en el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el recurso especial en materia de contratación es conocido y resuelto por el TACRC, definido como un órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero sus miembros (presidente y vocales) tienen carácter independiente e inamovible durante su mandato, con causas tasadas de remoción.

La propia LCSP prevé que las comunidades autónomas puedan, mediante convenio, atribuir al TACRC la competencia para resolver recursos en su ámbito, fijando las condiciones de financiación de los gastos derivados. El Reglamento de 2015 precisa que su aplicación se extiende a recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad en la esfera de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores integrados o dependientes de ella o de aquellas comunidades autónomas que le hayan atribuido dicha competencia.

Funciones materiales del Tribunal

A partir de la LCSP y del Real Decreto 814/2015, las funciones materiales del TACRC pueden resumirse así:

• Conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación frente a:
  • Pliegos y documentos contractuales que rigen la licitación.
  • Actos de trámite cualificados (admisión/exclusión de licitadores u ofertas, incluidas ofertas anormalmente bajas, y otros que determinen imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión).
  • Acuerdos de adjudicación.
  • Determinadas modificaciones contractuales que debieran haber sido objeto de nueva adjudicación.
  • Formalización de encargos a medios propios que no cumplan los requisitos legales.
  • Acuerdos de rescate de concesiones.
• Tramitación y resolución de reclamaciones y cuestiones de nulidad previstas en la legislación de contratación (texto refundido anterior y Ley 31/2007), según el ámbito definido en el Reglamento.
• Adopción de medidas provisionales en el marco del recurso, incluyendo la posible exigencia de garantías para responder de los daños a la Administración o a otros licitadores, conforme al desarrollo reglamentario.
• Imposición de sanciones por interposición de recursos con mala fe o temeridad y decisión sobre la indemnización de daños y perjuicios, incluyendo la compensación por costas derivadas del recurso, según prevé el Real Decreto 814/2015.
• Gestión electrónica del procedimiento, regulando el uso obligatorio de medios electrónicos en la presentación de escritos, remisión de expedientes y notificaciones, especialmente a través de la dirección electrónica habilitada.

Funciones orgánicas y de funcionamiento interno

El Reglamento de 2015 concreta también funciones orgánicas:

• El Presidente ejerce funciones de dirección orgánica y funcional y es responsable superior de todo el personal del Tribunal.
• Los vocales deliberan y proponen las resoluciones y acuerdos que deban adoptarse en los procedimientos.
• El Secretario General dirige y coordina la oficina del Tribunal, impulsa de oficio los procedimientos, vela por la ejecución de las resoluciones y ejerce la secretaría de los órganos colegiados.

La LCSP y el Reglamento prevén además la división del TACRC en Secciones, el reparto de asuntos entre ellas y, a medida que aumenta la carga de trabajo, la posible creación de tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales que asuman competencias en el ámbito territorial correspondiente.

Antonio Vallejo-Nájera fue un psiquiatra militar español, primer catedrático numerario de Psiquiatría en la universidad española y uno de los principales ideólogos médicos del franquismo. Su trayectoria profesional está marcada por su carrera en la Sanidad Militar, su papel como jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército sublevado y la creación de un aparato “científico” para patologizar al adversario republicano. En el plano político-ideológico, se convirtió en el psiquiatra de referencia del régimen, defendió teorías eugenésicas y racistas (el llamado “gen rojo”) y fue vinculado a la separación de hijos de presas republicanas. Décadas después, su legado ha sido revisado críticamente y el Gobierno ha iniciado el procedimiento para retirarle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, como recogen el periódico Demócrata y otros medios.

Datos biográficos básicos

Según síntesis biográficas recogidas en portales especializados y en la Historia Hispánica, Vallejo-Nájera (a menudo citado como Antonio Vallejo-Nájera Lobón) nació en Paredes de Nava (Palencia) el 20 de julio de 1889 y murió en Madrid el 25 de febrero de 1960. Estudió Medicina en la Universidad de Valladolid, donde se licenció en 1909. Ingresó después en el Cuerpo de Sanidad Militar, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, obteniendo diversas condecoraciones por servicios en campañas y epidemias, según recogen biografías médicas como [enlace].

Carrera médica y académica

El perfil elaborado por Redacción Médica describe cómo su trayectoria estuvo ligada desde el inicio a la Sanidad Militar y a la Psiquiatría:

• Tras la licenciatura, pasó por destinos militares (incluido Marruecos) y fue consolidando su especialización psiquiátrica.
• El documento biográfico que acompaña a su obra Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza destaca su papel en la psiquiatría militar y su vinculación con el hospital de Ciempozuelos, según resume el reportaje de Redacción Médica.
• En 1947 ganó la primera cátedra de Psiquiatría de la universidad española, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, cargo que mantuvo hasta su jubilación en 1959.

Estos hitos lo convierten en una figura central de la institucionalización de la psiquiatría en España, pero su reconocimiento profesional quedó indisolublemente unido a su función política dentro del franquismo.

Construcción de una psiquiatría al servicio del franquismo

El reportaje de Redacción Médica y análisis de memoria democrática sitúan varios hitos clave en su trayectoria ideológica y política:

• Ya en los años treinta situó en el centro de su discurso la “higiene de la raza”. En 1932 publicó en Acción Española el artículo Ilicitud científica de la esterilización eugénica, y en 1933–1934 intervino en foros sobre “higiene mental de la raza”.
• En 1937, en plena Guerra Civil, publicó Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, donde describía la contienda como oportunidad de “regeneración” y oponía una supuesta “aristocracia” de los “caballeros de la Hispanidad” a la “plebeyez moral” de los “peones del marxismo”.
• Durante la Guerra Civil fue jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del bando sublevado y, según estos estudios, recibió autorización firmada por Franco en 1938 para crear el Gabinete de Investigaciones Psicológicas en campos de concentración franquistas. El objetivo: buscar las “raíces biopsíquicas del marxismo” y convertir al adversario republicano en un “enemigo biológico”.

Investigaciones citadas en ese mismo reportaje y en trabajos académicos sobre memoria democrática señalan que en esos experimentos se analizaron prisioneros republicanos —incluidas mujeres condenadas a muerte o a largas penas—, elaborando categorías como “libertarias congénitas” o “revolucionarias natas” y mezclando diagnósticos con estereotipos de género y morales.

Repercusión política y social de sus teorías

Las mismas fuentes subrayan que su obra no quedó en el plano doctrinal: sirvió para legitimar políticas de represión, control social y separación de madres e hijos. El análisis citado por Redacción Médica vincula sus postulados eugenésicos con la práctica de apartar a niños y niñas de presas republicanas a partir de los tres años, enviándolos a instituciones del Auxilio Social o religiosas, facilitando así la pérdida de su rastro familiar.

Medios como Onda Cero y Público (por ejemplo, [enlace] y [enlace]) resumen este legado como un uso de la psiquiatría para justificar la persecución política, el racismo y la misoginia, y explican que por ello se le ha apodado el “Mengele español”.

Revisión democrática y retirada de la Gran Cruz de Sanidad

En julio de 2026, el Gobierno anunció la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad concedida en su día a Vallejo-Nájera. El periódico Demócrata detalla que el Ministerio de Sanidad justifica esta decisión “por su papel en la represión franquista” y por unas teorías “eugenésicas y pseudocientíficas” incompatibles con los valores actuales del Sistema Nacional de Salud, según la noticia sobre Sanidad. Otra información de Demócrata en política reproduce el mensaje de Pedro Sánchez en el que lo califica de “psiquiatra de cabecera del franquismo” y subraya que “ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”.

Informaciones paralelas de InfoSalus y The Objective coinciden en que el Consejo de Ministros articula esta revocación por la “incompatibilidad de su legado con los valores democráticos, éticos y humanos” de la sanidad pública.

En conjunto, los principales hitos de la trayectoria de Antonio Vallejo-Nájera —su carrera en la sanidad militar, su cátedra de Psiquiatría, su papel como ideólogo eugenésico del franquismo y la posterior deslegitimación democrática de su figura— lo sitúan como un actor médico-político clave del régimen franquista, hoy objeto de condena institucional en el marco de las políticas de memoria democrática.