La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha señalado este martes que el Ejecutivo autonómico permanece “en alerta” ante la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y la eventual activación de cláusulas de salvaguarda para proteger a las RUP frente a la llegada de productos procedentes de Sudamérica.
En una comparecencia en comisión parlamentaria a raíz de una pregunta del Grupo Nacionalista, ha matizado que aún “es pronto” para valorar posibles “daños” sobre el sector primario del archipiélago, aunque ha recordado que el reglamento del Posei obliga a la UE a trasladar a Canarias los estudios de impacto que pueda elaborar.
“La hoja de ruta que tenemos es estudiar las condiciones, ejercer nuestro derecho de salvaguardia a través del Gobierno de España y estar atentos a que se cumplan fundamentalmente las condiciones sanitarias y fitosanitarias, la protección de la salud y luego el temor de que la producción de estos países desplace a la producción local en Canarias”, ha indicado la consejera.
Asián ha explicado que este pacto comercial responde a la necesidad de abrir “nuevos mercados” ante el deterioro de la relación con Estados Unidos y al interés de la UE en lanzar al exterior la idea de que no es “proteccionista”.
Ha subrayado que los productos canarios cuentan con una “garantía” sanitaria y fitosanitaria que no quieren “perder”, algo que les “alarma” en el contexto del acuerdo con Mercosur por si “van a venir” al archipiélago “productos que no tengan” ese mismo nivel de exigencia.
Por su parte, Jonathan Fumero (CC) ha remarcado que la entrada en vigor del tratado constituye un “asunto de enorme relevancia para Canarias”, especialmente para el sector primario, y se produce en un contexto de “tendencia preocupante” en el que la UE opera con una lógica “cada vez más centralizada”.
Ha alertado igualmente de la “competencia desleal” que puede derivarse del acuerdo, dado que agricultores y ganaderos canarios “cumplen exigencias muy estrictas en materia sanitaria, medioambiental o laboral, mientras que en los países de origen se permiten prácticas que aquí llevan décadas prohibidas”.
En la misma línea, ha recordado que Canarias soporta “mayores costes de producción, fragmentación del territorio y una especial vulnerabilidad frente a la entrada de productos de terceros países”, citando como ejemplo la “presión” que afrontará el plátano frente a la banana en el mercado peninsular.
Fumero considera “difícil entender” que se haya dado luz verde a este tratado comercial cuando la propia Unión Europea “habla de autonomía estratégica, de seguridad alimentaria y de resiliencia” y critica que “no hay sanciones suficientemente definidas ni sistemas de verificación sólidos”.