El Ejecutivo cántabro llevará en diciembre al Parlamento el borrador del primer Plan Integral de Juventud

Cantabria presentará en diciembre el borrador del primer Plan Integral de Juventud y defiende su gestión de inmuebles para menores no acompañados.

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La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha anunciado esta tarde en el Parlamento que el Ejecutivo cántabro tiene previsto presentar en el mes de diciembre el borrador del I Plan Integral de Juventud de Cantabria.

La responsable autonómica ha realizado este anuncio durante una interpelación del diputado regionalista, Javier López Estrada, que ha preguntado por el grado de desarrollo y la aplicación real de la Ley de Políticas de Juventud del Gobierno de Cantabria de 2025.

El parlamentario del PRC ha remarcado que el PP respaldó esta ley, impulsada por los regionalistas, que nació con el objetivo de poner en marcha políticas que faciliten a los jóvenes el acceso al empleo, la vivienda y la consolidación de su proyecto de vida en Cantabria.

López Estrada ha solicitado conocer qué actuaciones se han puesto en marcha y con qué medios económicos y humanos, cuando se cumplen diez meses desde la entrada en vigor de la norma. En este contexto, ha reclamado información sobre el grado de avance del Plan Integral y sobre la constitución del Consejo de Políticas de Juventud.

Gómez del Río ha explicado que se ha iniciado un proceso participativo para diseñar las políticas dirigidas a la juventud, con el fin de evitar que el Plan se convierta en un “mero instrumento formal” y lograr que responda de manera efectiva a sus demandas.

Ha detallado además que el 25 de febrero dio comienzo este proceso, en el que se ha implicado a la Administración, a distintas entidades públicas, a agentes económicos y a asociaciones juveniles, entre otros actores relevantes.

De forma paralela, se ha desarrollado un trabajo en 14 mesas sectoriales de carácter técnico, encargadas de definir las principales áreas de interés para la juventud cántabra.

Según ha indicado Gómez del Río, ahora corresponde analizar en profundidad todas las aportaciones recibidas. A este material se sumarán las conclusiones del “mega diagnóstico” sobre la juventud encargado al Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de Cantabria, que fue entregado a comienzos de septiembre.

Con toda esta información y una vez quede constituido el Consejo de Políticas de la Juventud, el Gobierno presentará el borrador del Plan Integral.

Adquisición de inmuebles y menores no acompañados

En otro punto del pleno, el Grupo Parlamentario Vox ha interpelado a la consejera de Inclusión Social para aclarar en qué municipios ha adquirido el Gobierno inmuebles con finalidad social, cuáles han sido los importes de cada compra y qué uso asistencial se da a cada uno de esos bienes. Asimismo, ha pedido conocer con qué entidades se han firmado convenios para su gestión.

Gómez del Río ha respondido vinculando estas operaciones a la reubicación de menores no acompañados “impuesta” por el Gobierno de España. Ha señalado que, aunque el Ejecutivo regional discrepa de esta decisión, la está afrontando “desde la responsabilidad institucional, garantizando la protección de los menores que deben ser atendidos obligatoriamente y utilizando de forma eficiente los recursos públicos, reforzando la red de atención residencial mediante recursos de pequeño tamaño”.

Ha subrayado que el Gobierno de Cantabria ha “rechazado ese proyecto que existía de crear un recurso residencial de 300 plazas y seguimos implantándolo con criterios objetivos y rigurosos, tanto en la adquisición de inmuebles como en la concertación con las entidades especializadas. Todo ello bajo los principios de legalidad, transparencia, control de gasto y protección efectiva de la infancia”.

En esta línea, ha reprochado a Vox que se “inventarse recursos poniendo y asegurando que se habían adquirido determinados inmuebles sin ninguna base legal, jurídica ni real”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha acusado a la consejera de mantener un “oscurantismo deliberado” al ampararse en la “protección de los menores” para no facilitar cifras ni datos precisos, que ha criticado que tampoco aparecen en el Portal de Transparencia.