Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado este jueves el visto bueno a una nueva ley de dependencia impulsada por el PSOE, que prevé un aumento del 20% en las ayudas económicas a las personas en situación de dependencia y la revisión al alza de los precios de los servicios asistenciales. La votación ha estado marcada por las críticas del PP, que juzga las medidas insuficientes, y de Vox, que exige que estas prestaciones se reserven únicamente para familias españolas.
La norma, respaldada por el grupo socialista y con la abstención de PP y Vox, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y conllevará una inyección adicional superior a 32 millones de euros.
El diputado socialista Pablo Camacho ha defendido que la reforma busca elevar la calidad de vida de las personas dependientes y consolidar el sistema autonómico, que actualmente atiende a más de 82.000 beneficiarios y ofrece 120.000 prestaciones.
Ha subrayado que el presupuesto destinado a dependencia ha pasado de 372 millones en 2015 a casi 700 millones en la actualidad.
La nueva ley prevé un incremento del 20% en las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones económicas. Como ejemplo, Camacho ha mencionado la ayuda de asistencia personal, que se elevará de 822 a 986 euros.
Igualmente, se revisarán los costes de referencia de los servicios residenciales, de los centros de día y de los programas de promoción de la autonomía personal.
La normativa también fija subidas en los precios de los conciertos sociales, con aumentos del 16,7% para plazas residenciales de grado III, del 11,1% para las de grado II y del 34,6% en los centros de día.
Camacho ha defendido que estas actualizaciones permitirán ajustar la financiación pública a los costes reales de los recursos y asegurar su viabilidad económica.
Desde el PP, José Martín-Buro ha opinado que la iniciativa “se queda muy corta” y ha acusado al Ejecutivo autonómico de convertir la dependencia en un instrumento de propaganda.
Ha denunciado recortes y una baja ejecución del presupuesto, advirtiendo de que subir las cuantías no basta si no se garantiza personal suficiente, recursos disponibles y una administración capaz de responder con agilidad.
Por su parte, David Moreno, de Vox, ha reprochado que la tramitación por lectura única haya impedido presentar enmiendas y ha reiterado su postura de que las ayudas se limiten a familias españolas.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha agradecido la propuesta del grupo socialista y ha defendido que Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza en gestión de la dependencia.
Al mismo tiempo, ha recordado al PP los recortes aplicados durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal y ha reclamado a la oposición que reconozca los avances logrados en el sistema regional.
Yolanda Valdeolivas, candidata al Tribunal Constitucional
Antes de este debate, las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a la candidatura de Yolanda Valdeolivas García como magistrada del Tribunal Constitucional, propuesta por el PSOE para su envío al Senado.
La propuesta ha salido adelante con 17 votos favorables y 12 en blanco, quedando así designada como candidata de Castilla-La Mancha al Alto Tribunal.