El portavoz socialista en las áreas de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, Iván Zazo, ha alertado de que la Consejería que lidera Juan Carlos Suárez-Quiñones afronta el ejercicio 2027 “con el freno de mano echado”, al considerar que las cuentas de este departamento no crecen al mismo ritmo que el presupuesto general de la Comunidad.
Zazo ha censurado “la falta de ambición” en las partidas de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, donde aprecia un paso atrás en ámbitos clave, como el “recorte” del 15 por ciento en la formación ocupacional, así como las reducciones en los fondos para intermediación laboral y para el impulso al empleo, algo que ha interpretado como “un abandono de las políticas activas de trabajo” por parte de la Junta.
El representante del PGC-PSOE ha afeado igualmente la ausencia de reconocimiento de la Consejería hacia las organizaciones sindicales y empresariales y ha pronosticado que las relaciones laborales en Castilla y León “encaran una fase que va a ser muy complicada”.
Ante estas críticas, el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha replicado que “va a haber acuerdos, no va a haber desacuerdos ni con Vox ni con la parte social” y ha admitido que “llevará dificultades”, aunque ha reiterado su compromiso de cumplir tanto la Ley del Diálogo Social como el pacto de gobierno con Vox en torno a la “máxima de la utilidad pública” de los recursos económicos.
Durante el debate, Zazo ha pedido detalles sobre las condiciones del “estudio exhaustivo” que la Junta prepara sobre el absentismo laboral. Suárez-Quiñones ha insistido en rechazar la “demagogia partidista” con un “tema delicado” y ha reclamado distinguir entre “absentismo justificado” por bajas, por enfermedades profesionales o no profesionales, comunes o accidentes comunes, y el “ausentismo injustificado”.
El procurador socialista ha añadido que “el Gobierno de España transfiere más fondos que nunca a nuestra Comunidad Autónoma y la Junta, con su mala planificación y su política fiscal kamikaze, es incapaz de aprovecharlo” y ha concluido advirtiendo: “No se confíen porque vamos a estar vigilantes”.
En la misma sesión, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha denunciado que “cero euros provincializados de inversiones reales en la provincia de Soria, cero” figuran en las cuentas, y ha reclamado “certezas”, exigiendo a la Junta que “se comprometa de verdad con Soria” a través de los presupuestos autonómicos.
Ceña ha subrayado que Soria es la única de las nueve provincias de Castilla y León que carece de un centro público de Formación Profesional Ocupacional y ha recriminado que no aparezca recogido en el proyecto presupuestario del próximo año, pese a que se anunció en 2021. “El centro sigue sin avanzar, es su asignatura pendiente, siguen sin presentarse al examen por lo que he visto en estos presupuestos”, ha lamentado.
El consejero ha respondido que “nosotros vamos a equipar una de las cúpulas --del PEMA-- con ese acento de formación. Va a ser un ejemplo y va a ser algo singular para España ese acento de formación” y ha asegurado que es “un momento dulce” para el Parque Empresarial del Medio Ambiente, ubicado en Garray (Soria).
Ceña ha ironizado sobre la “larga enumeración” de proyectos de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, ha pedido aclaraciones sobre el futuro del campus de Soria, para el que ha reclamado nuevas titulaciones, y ha alertado de que muchos comerciantes desconocen las ayudas disponibles. Además, ha criticado que las políticas de formación no se ajustan al tejido productivo soriano, al estar diseñadas “como casi siempre, desde un despacho de Valladolid que no mira lo que necesitan los territorios”.
Desde el Grupo Vox, el procurador Javier Martínez Lozano ha mostrado su preocupación por la reducción de la financiación destinada a contrataciones a través de los ayuntamientos, que baja de 56,8 a 52,1 millones de euros, recordando que el acuerdo de Gobierno firmado el 3 de junio prevé reforzar el empleo local. En esta línea, ha adelantado que su formación tratará de mejorar esta dotación, “especialmente en los municipios pequeños, donde cada contrato puede marcar una diferencia en porcentaje”.
Asimismo, ha apostado por avanzar en el Plan Director de Promoción Industrial y en el Plan de la Automoción y ha recalcado que la transición que se diseñe “tiene que ser viable para las fábricas, para sus trabajadores y para quienes necesitan comprar un coche”.
Por otro lado, el procurador de Vox ha puesto en valor los progresos en el ámbito universitario, como la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso, aunque ha defendido que las ayudas contemplen “un arraigo real y acreditado dentro del marco legal” para hacer efectiva la propuesta de prioridad nacional.
En nombre del Grupo Popular, la procuradora María José Álvarez Casáis ha defendido el proyecto de presupuestos de Industria, Universidades, Comercio y Empleo y ha remarcado que “frente al modelo de la asfixia, el gasto desmedido y las ocurrencias fiscales del Gobierno del Partido Socialista, Castilla y León presenta un “presupuesto récord” marcado “por el rigor, el sentido común y la certidumbre”.