El consejo de administración de Renfe ha decidido este martes reactivar el concurso para su nuevo modelo de transporte alternativo por carretera, sustituyendo el contrato inicial de lote único por 14 lotes diferenciados y previendo la creación de una sociedad en la que Renfe Viajeros tendrá una participación del 49% para cubrir los servicios programados, según ha comunicado la empresa pública.
La operadora ha revisado el pliego con el fin de incorporar las indicaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y favorecer una mayor competencia entre empresas. La finalidad es asegurar la disponibilidad de autobuses cuando las obras o las incidencias impidan la circulación normal de los trenes.
En la nueva licitación se pasa de un procedimiento negociado a uno abierto y se segmentan los servicios en dos lotes para los planes alternativos de transporte (PAT) asociados a trabajos planificados y otros doce lotes de ámbito territorial para cubrir interrupciones no previstas, como problemas en la infraestructura o en los trenes, episodios meteorológicos extremos o catástrofes naturales.
Los dos lotes destinados a servicios programados tendrán una vigencia de ocho años, mientras que los doce lotes reservados a servicios no programados se limitarán a cuatro años, en ambos casos sin posibilidad de prórroga.
Participación privada mayoritaria y flota mínima
El esquema diseñado para los servicios programados establece una sociedad con un 49% en manos de Renfe Viajeros y un 51% del socio privado adjudicatario. En cada uno de los dos lotes se contempla la compra de entre 25 y 50 autobuses, que deberán estar operativos en un plazo máximo de un año, lo que implica una flota mínima conjunta de 50 vehículos.
El pliego permite presentar una oferta que integre ambos lotes con el objetivo de constituir una única sociedad si se resultara adjudicatario de los dos.
En cuanto a los servicios no programados, estos serán prestados directamente por las empresas que resulten adjudicatarias de los doce lotes territoriales, con la opción de incorporar medios de terceros para reforzar la operativa.
Para estas actuaciones de urgencia, la distribución territorial se ha diseñado con el objetivo de posibilitar que, en el plazo de una hora, se pueda movilizar al menos el 50% de los autobuses mínimos exigidos en cada lote.
Requisitos de acceso más flexibles
El nuevo pliego suprime la obligación de contar con presencia territorial previa y ajusta las exigencias de solvencia al presupuesto y a las características de cada lote. En el caso de los servicios programados, el umbral de solvencia técnica se rebaja de 500 a 250 autobuses.
Para los servicios no programados, este umbral se fija en 40, 60 u 80 autobuses, en función del lote, con una disponibilidad mínima de 10, 15 o 20 vehículos y la posibilidad de apoyarse en recursos de otras compañías.
En julio pasado, el TACRC reconoció la vinculación de los planes alternativos de transporte con la actividad ferroviaria, tanto ante contingencias imprevistas como ante obras planificadas, pero obligó a revisar el lote único nacional, los requisitos de solvencia, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración de los contratos.
Más de 94 millones comprometidos en 2025
Renfe ha señalado que el volumen adjudicado a planes alternativos de transporte aumentó desde unos siete millones de euros en 2020 hasta más de 94 millones en 2025. Asimismo, entre 2024 y 2025, un total de 26 de los 77 expedientes quedaron inicialmente desiertos.
Según la compañía, el modelo vigente, basado en contrataciones independientes para cada necesidad concreta, no garantiza siempre la disponibilidad de autobuses, conductores y recursos operativos, presenta una concurrencia limitada y obliga en ocasiones a recurrir a contratos de urgencia, con menor capacidad de planificación y mayor presión sobre los costes.
Con el nuevo esquema, la operadora pretende contar con medios estables, reducir el riesgo de licitaciones desiertas y coberturas insuficientes y acortar los tiempos de respuesta ante incidencias. Al mismo tiempo, busca facilitar la adaptación a cambios en el calendario de las obras y favorecer la participación de operadores locales y regionales.