La ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, ha superado este jueves el debate de totalidad en el Parlament tras rechazarse las enmiendas globales registradas por Junts, PP, Vox, CUP y AC, por lo que continuará ahora su tramitación parlamentaria.
En la sesión plenaria han tumbado las enmiendas de totalidad PSC-Units, ERC y Comuns, los mismos grupos con los que el Govern ha cerrado el acuerdo para las cuentas públicas, que previsiblemente se debatirán y votarán de forma definitiva el 2 de julio, fecha a partir de la cual está previsto que entren en vigor.
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido el proyecto, que para este ejercicio no prevé cambios en las principales figuras impositivas. En el terreno tributario, la norma retoca 70 tasas, suprime 22 y crea 3 nuevas, además de introducir ajustes en la fórmula de cálculo del cánon del agua.
En el ámbito administrativo, el texto persigue simplificar y acelerar los procedimientos, reforzando la plantilla de la Intervención General, permitiendo la fiscalización en fase de resolución para acortar plazos y aligerando la normativa de control interno de las entidades del sector público. También regula la posibilidad de otorgar subvenciones sin concurrencia competitiva en actividades concretas cuando se motive adecuadamente.
En el plano legislativo, se incorpora la tramitación de urgencia para anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias, se prevé la presencia de miembros independientes en organismos del sector público y se impulsa la digitalización de trámites relacionados con actividades económicas, urbanísticas y medioambientales.
El texto incluye asimismo medidas en materia de vivienda y urbanismo vinculadas a la supervisión del mercado del alquiler y a las viviendas vacías, refuerza el régimen sancionador y el acceso al registro de grandes tenedores de vivienda, e introduce cambios urbanísticos para la ordenación de edificios y de suelo urbano no consolidado, entre otros aspectos.
Romero ha insistido en que no es una ley secundaria, pese a que este año no se contemplen grandes reformas fiscales, recordando que en 2022 ya se aprobó una modificación relevante y que el año pasado el Govern introdujo "ajustes" en el IRPF y el ITP.
Respecto a las tasas, ha argumentado que se eliminan 22 porque su capacidad recaudatoria era muy reducida y generaban "ningún impacto" más allá de suponer más trámites para la ciudadanía.
También ha subrayado que las actuaciones de simplificación y agilización administrativa buscan acercar la administración a las personas, en la misma línea que los cambios en vivienda que incorpora la ley: "Menos dispersión, mayor coherencia y mejor orientación de los instrumentos públicos", ha resumido.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha descrito la ley de acompañamiento como "una simple recopilación de ajustes normativos y tecnicismos, sin ningún tipo de alma y ambición nacional", y ha lamentado que no contemple una rebaja de impuestos como en IRPF y Sucesiones y Donaciones, que ha vinculado al déficit histórico de inversiones y al déficit fiscal que, a su juicio, padecen los catalanes.
En términos similares, el diputado del PP Juan Fernández ha denunciado que Catalunya sea "un infierno fiscal" cuya principal perjudicada es la clase media, y ha criticado una ley de acompañamiento que, según él, certifica que el Govern se aferra a recetas fallidas para recaudar y controlar más la vida de los catalanes, además de reflejar el malestar existente en diversos colectivos, como el de los docentes y el de los sanitarios.
Para el diputado de Vox Andrés Bello, la norma es "propia de un Govern que no lidera, que no ilusiona, sin iniciativa, casi de trámite y que se limita a la mera administración de los asuntos públicos" algo que, ha señalado, resulta paradójicamente positivo para su formación, y ha reprochado que no incorpore rebajas en tributos como el de Sucesiones y Donaciones.
La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha criticado que la ley modifique distintas leyes y decretos mediante un único procedimiento, lo que considera una decisión política para "reducir el debate, la fiscalización y el control parlamentario", y sostiene que la manera de gobernar del Executiu se basa en decidir en los despachos y después solicitar el aval del Parlament.
Desde AC, y ante la ausencia de su líder, Sílvia Orriols, que ha acudido a la Patum de Berga (Barcelona), la diputada Rosa Maria Soberana ha reprochado que la ley de acompañamiento implique más gasto, más burocracia y más ideología, y la ha calificado de fraude fiscal: "Es un instrumento para perpetuar el modelo fallido del tripartito eterno, ahora todavía del PSC".
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha avanzado algunas de las enmiendas que plantearán, especialmente en materia de vivienda tras acordarlas con el Govern, entre ellas las relativas a la creación de una dirección general de Disciplina en Vivienda: "La gente debe saber que Catalunya no está en venta", ha afirmado, y ha avisado al Ejecutivo de que debe mostrar mayor ambición en este terreno.
El diputado del PSC-Units Guillem Sánchez ha replicado a Junts por sus reproches a los Presupuestos y les ha reclamado recuperar la centralidad: "Mucha reclamación, mucha queja, mucha denuncia, pero cuando toca asumir instrumentos, responsabilidad y gobernanza, les aparece el miedo".