Más Madrid exige blindar por ley que la Agencia de Vivienda Social no desahucie a vulnerables sin alternativa adecuada

Más Madrid propone una ley para impedir que la AVS desahucie a familias vulnerables sin ofrecerles antes una alternativa habitacional estable y asequible.

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Más Madrid ha planteado una reforma legal para impedir que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) pueda ejecutar desahucios sobre familias en situación de vulnerabilidad cuando no se les haya ofrecido previamente una “alternativa habitacional adecuada, estable y accesible”.

Esta propuesta se concreta en una Proposición de Ley registrada por la formación en la Asamblea de Madrid con el objetivo de “garantizar la función social” del parque público gestionado por la AVS y evitar la pérdida de la vivienda habitual de colectivos vulnerables.

La iniciativa legislativa incorpora, entre otras medidas, una moratoria extraordinaria de 18 meses durante la cual la AVS no podría iniciar nuevos procedimientos, interponer denuncias ni ejecutar acciones para recuperar la posesión de inmuebles que constituyan la residencia principal de personas en vulnerabilidad residencial. Asimismo, plantea que se ponga fin a los procesos que ya estén en curso.

En relación con el veto a los desahucios sin alternativa habitacional, el texto detalla que dicha alternativa deberá ajustarse a la composición y necesidades específicas de la familia, garantizar la accesibilidad cuando existan personas con discapacidad, ubicarse en el mismo municipio o en su entorno, tener carácter estable y no limitarse a recursos de emergencia. Además, se deberá fijar una renta que “no comprometa la cobertura de las necesidades básicas de la unidad de convivencia”.

La propuesta también exige que la AVS abra un proceso de mediación antes de adoptar cualquier decisión de recuperación de las viviendas, con una duración mínima de 90 días. Este procedimiento incluiría, entre otros aspectos, una entrevista presencial con el hogar afectado, una evaluación social y económica realizada por un equipo multidisciplinar y la revisión de la adecuación de la renta a la capacidad económica de la familia.

El texto reclama igualmente que se permita acceder a la regularización mediante un contrato de arrendamiento social a aquellas unidades de convivencia que ocupen una vivienda de la Agencia de Vivienda Social sin título suficiente, siempre que se trate de su residencia habitual, cumplan los requisitos sociales y económicos de acceso a vivienda pública, no dispongan de otra vivienda adecuada y no exista “cesión lucrativa, subarriendo o utilización de la vivienda con finalidad especulativa”.