La portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV-PSOE en Les Corts, Romina del Rey, ha denunciado que el Consell “sigue castigando” a siete municipios de la Comunitat Valenciana al eliminar sus Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ), pese a la rectificación “insuficiente, parcial y lamentable” anunciada esta semana sobre el recorte de diez centros aprobado a finales de julio.
En un comunicado, la diputada ha recordado que a comienzos de octubre el Consell aprobó un Acuerdo para aumentar la financiación destinada a las entidades sociales que gestionan, entre otros recursos, los PEF Judiciales, con el objetivo de recuperar los centros de Mislata y Torrevieja, descartados en julio, y abrir uno nuevo en Utiel, “pero mantener la supresión en otras siete poblaciones respecto al mapa autonómico del Consell del Botànic”.
Así, el nuevo mapa, que entrará en vigor el 1 de noviembre, no revierte el cierre de los PEF en Requena, Manises y Alfafar, en la provincia de Valencia; Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Villena, en la de Alicante; y Vila-real, en la de Castellón. Una decisión que, a juicio de Del Rey, “muestra a las claras la insensibilidad del PP y de Vox” porque supone “reducir la red de protección de la infancia y adolescencia de toda la Comunitat Valenciana, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores”.
“Los mismos que se han reído y han atacado a Maricarmen, PP y Vox, son estos a los que no les importa el sufrimiento que causarán a las familias y a los niños, niñas y adolescentes al dificultar su acceso a estos espacios seguros y neutrales, establecidos mediante resolución judicial, donde los menores pueden mantener la relación con sus progenitores u otros familiares en situaciones de conflicto, muchas veces relacionadas con casos de violencia de género o con elevados niveles de conflictividad familiar”, ha lamentado Del Rey.
Recorte presupuestario y nuevo mapa de PEF
“Ha quedado claro que la protección de los menores no es una prioridad para este Consell, ni para la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat”, ha criticado la parlamentaria socialista. Ha recordado que, en el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, celebrado a finales de julio, PP y Vox aprobaron un recorte de 19 millones de euros en la línea de subvención de concurrencia competitiva “Concierto social servicios infancia y adolescencia”, destinada a entidades que atienden a infancia tutelada, menores migrantes, víctimas de agresiones sexuales y Puntos de Encuentro Familiar, pasando de 33 millones a 14.
Según el PSPV, ya entonces advirtieron de los “graves recortes” que implicaría esta rebaja, mientras el PP defendía que el servicio mejoraría. “Ahora se destapan las mentiras de las derechas”, ha señalado Del Rey. A finales de julio, la Conselleria publicó la Resolución de convocatoria de ayudas a entidades sociales con un nuevo mapa autonómico de PEF que suprimía estos recursos en diez municipios y creaba tres nuevos (en Benidorm, Moncada y Onda), lo que se traducía en una reducción neta de siete centros.
Investigación del Síndic de Greuges
A comienzos de agosto, el PSPV-PSOE hizo público este recorte “inhumano”, que, a su juicio, obligaría a familias y menores a realizar desplazamientos “innecesarios”. Frente a ello, el PP “hizo lo que hace siempre: negar la realidad y, contra toda evidencia, rechazar que hubiera recorte alguno”. La “gravedad” de la situación llevó al Síndic de Greuges, a mediados de septiembre, a abrir una investigación sobre los motivos del recorte y el perjuicio que puede causar a los menores valencianos.
Del Rey ha explicado que “esta misma semana hemos tenido conocimiento del Acuerdo del Consell por el que se incrementa la financiación de la línea de concierto social para los ejercicios de 2027 y 2028, lo que supone la tramitación de una nueva convocatoria que, textualmente, complemente los servicios necesarios de los puntos de encuentro familiar judicial de la Comunitat Valenciana con la ubicación de centros de este tipo en las localidades de Utiel, Mislata y Torrevieja”.
De esta forma, el Consell restituye los PEF de Mislata y Torrevieja, mientras que el de Utiel pasa a ocupar el lugar del de Requena. Sin embargo, seis localidades continúan sin este recurso: Manises, Alfafar, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena y Vila-real.
Más de 2.000 familias y listas de espera al alza
“El Partido Popular y Vox han vuelto a demostrar que nada les importa: ni las familias ni los niños ni las niñas que necesitan, porque así lo ha determinado una orden judicial, unos espacios seguros y accesibles para poder reunirse con sus familias”. Para Romina del Rey, el Consell de Juanfran Pérez Llorca “es insensible: ni escucha a las alcaldías ni a los profesionales, y racanea unos recursos tan necesarios para nuestros menores mientras los altos cargos del PP se han puesto los sueldos más altos de la historia de la Generalitat”.
La diputada recuerda que “después de las denuncias de los socialistas y las advertencias del Síndic de Greuges, el Consell ha rectificado pero lo ha hecho tarde y mal”. “Este recorte está bajo investigación del Síndic porque es injustificado e inhumano”, ha insistido, reprochando a la consellera Elena Albalat que el nuevo mapa autonómico sea “inadmisible” y demuestre que “poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección”.
Del Rey ha advertido de que el cierre de estos recursos “obligará a numerosas familias a realizar desplazamientos innecesarios, incrementará las listas de espera, dificultará el cumplimiento de las resoluciones judiciales y generará mayor estrés e incertidumbre tanto para los menores como para sus familias”. A su juicio, supondrá “más desplazamientos y más largos para familias que ya están en un episodio de su vida y en una situación desfavorable. Y eso, para aquellas familias que se puedan desplazar”.
Menos plazas y cambios en los equipos profesionales
En esta línea, ha alertado de que “va a suponer menos plazas disponibles, a pesar de que las listas de espera ya son alarmantes”. Según el Partido Socialista, con datos de la propia Conselleria, en 2023 había 1.200 expedientes judiciales de familias pendientes de acudir a los puntos de encuentro, cifra que al cierre de 2024 habría aumentado hasta los 2.100 expedientes, es decir, “un aumento de más del 80% en las necesidades vinculadas a este servicio”. “La misma Conselleria que refleja un aumento de más del 80% en los expedientes está cerrando Puntos de Encuentro Familiar judiciales en siete poblaciones”, ha criticado.
Además, ha denunciado que la nueva planificación “comportará menos calidad profesional en el servicio para estos niños y niñas, porque no solo ha cambiado el mapa territorial, sino que también ha variado el perfil de los profesionales, de forma que hay un aumento de profesionales de auxiliar administrativo a costa de reducir, y de forma muy preocupante, los profesionales de psicología, integración social o igualdad de género, en un espacio donde van a convivir muchas familias con sentencias por violencia machista”.
Según la parlamentaria, este recorte se ha aplicado “con desprecio y sin siquiera informar a los alcaldes ni a las entidades, fundaciones y profesionales que están gestionando estos puntos de encuentro familiar y que se enteraron del mismo por la publicación en el DOGV a finales de julio pasado”.