La garantía del suministro energético se ha convertido en una de las grandes prioridades estratégicas de Europa. En un escenario internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados energéticos, disponer de infraestructuras robustas y resilientes resulta más importante que nunca.
Durante los últimos años, el mundo ha afrontado dos crisis energéticas de enorme trascendencia: la derivada de la invasión rusa de Ucrania y la provocada por la actual escalada de tensión en Oriente Medio. Ambos episodios han puesto de manifiesto la fragilidad de los equilibrios energéticos globales y la necesidad de contar con sistemas capaces de responder eficazmente ante situaciones extraordinarias. Al igual que ocurrió en 2022, el sistema gasista español ha acreditado su capacidad para operar con garantías incluso en escenarios de máxima exigencia. Sus infraestructuras han reafirmado su valor como elemento esencial para preservar la actividad económica, reforzar la competitividad y contribuir al bienestar de los ciudadanos.
El sistema gasista español ha acreditado su capacidad para operar con garantías
Experiencias recientes han revelado la importancia de anticiparse a los riesgos y de disponer de infraestructuras preparadas para garantizar el suministro en circunstancias especialmente complejas. Mientras, las tensiones que atraviesan el actual panorama internacional constituyen un constante recordatorio de que sería un error dar por descontada la seguridad energética. La fortaleza demostrada por el sistema gasista español está muy lejos de haber sido forjada por factores coyunturales o circunstancias fortuitas. Al contrario, es el resultado de décadas de planificación, desarrollo e inversión sostenida.
Gracias a esa visión de largo plazo, España dispone hoy de una red moderna, interconectada y robusta, considerada entre las más avanzadas y eficientes de Europa. Su fiabilidad ha quedado acreditada frente a las perturbaciones geopolíticas, ante las disrupciones del suministro tras el apagón eléctrico de abril de 2025 o los fenómenos meteorológicos extremos. Así lo han demostrado situaciones recientes como los incendios registrados el pasado verano, la borrasca Filomena o la DANA que afectó con especial intensidad a la Comunidad Valenciana y a otras regiones del sureste español.
El esfuerzo por preservar la disponibilidad permanente de estas infraestructuras estratégicas y adaptarlas a un entorno energético en plena transformación continúa siendo una prioridad para el sector. El sector gasista es muy consciente de que su responsabilidad no se limita a garantizar el suministro actual: es consciente de que suyo es el deber indeclinable de preparar el sistema para responder a las necesidades energéticas del futuro.
El sector gasista es consciente de que suyo es el deber indeclinable de preparar el sistema para responder a las necesidades energéticas del futuro
Las infraestructuras gasistas están llamadas a desempeñar en ese futuro inmediato un papel decisivo para atender la variabilidad o las cada vez más recurrentes puntas de demanda, así como para la integración progresiva de los gases renovables, vectores energéticos indispensables para avanzar en la descarbonización de la economía. El desarrollo del biometano y del hidrógeno renovable y de otras soluciones energéticas sostenibles permitirá reducir emisiones, fortalecer la autonomía energética, diversificar las fuentes de abastecimiento y ofrecer alternativas competitivas tanto para la industria como para los consumidores.
Pues bien, en este contexto caracterizado por elevadas exigencias operativas y por una profunda transformación del modelo energético, la revisión del marco retributivo de las actividades reguladas para el periodo 2027-2032 adquiere una relevancia estratégica indiscutible. De su configuración dependerá que las infraestructuras puedan seguir operando con los máximos estándares de calidad y seguridad, al tiempo que se adaptan a los desafíos tecnológicos, económicos y medioambientales de los próximos años.
Las propuestas de Circulares publicadas por la CNMC a finales de marzo avanzan en una dirección que reconoce el carácter estratégico de las infraestructuras gasistas dentro del sistema energético español, destacando su contribución a la seguridad de suministro, a la competitividad de la economía y al desarrollo ordenado de la transición energética mediante la incorporación progresiva de las citadas moléculas verdes.
En Sedigas valoramos muy positivamente este enfoque y compartimos la decisión de preservar los elementos fundamentales del modelo retributivo vigente, ya que aporta estabilidad regulatoria y previsibilidad a los operadores. Asimismo, consideramos especialmente relevante la introducción de incentivos dirigidos a impulsar la digitalización, reforzar la ciberseguridad y favorecer la modernización del sistema, ámbitos que serán determinantes para afrontar con éxito los retos del futuro.
No obstante, entendemos que resulta necesario incorporar determinados ajustes para garantizar un tratamiento equilibrado del conjunto de las actividades reguladas. A nuestro juicio, existe margen suficiente para hacerlo sin comprometer la asequibilidad energética de los consumidores domésticos ni la competitividad del tejido productivo. Más aún, la experiencia reciente demuestra que unas infraestructuras gasistas robustas y adecuadamente retribuidas constituyen un factor de competitividad para la economía española, al haber contribuido a situar el precio de la molécula en niveles más competitivos que los de buena parte de nuestros países vecinos y a mantener unos peajes gasistas entre los más bajos de Europa.
Como hemos venido defendiendo durante los últimos meses, el nuevo marco retributivo debería asegurar la viabilidad económico-financiera de todas las actividades reguladas a través del reconocimiento de los costes reales que asumen los operadores y ofrecer, de ese modo, la certidumbre regulatoria obligada para no desincentivar las inversiones futuras que serán necesarias para garantizar la seguridad energética, una operación eficiente y de máxima calidad, y el proceso de transición hacia un modelo energético descarbonizado.
En Sedigas mantenemos nuestra absoluta disposición a seguir colaborando activamente con la CNMC a través de un diálogo técnico e institucional riguroso y constructivo. Estamos convencidos de que la cooperación y el análisis compartido constituyen la mejor vía para configurar un marco regulatorio que preserve la sostenibilidad económica del sistema, impulse las inversiones necesarias y permita que España continúe contando con infraestructuras energéticas robustas, resilientes y plenamente alineadas con los objetivos energéticos y climáticos nacionales y europeos.
La experiencia acumulada durante los últimos años ha demostrado de forma inequívoca el valor estratégico del sistema gasista en los momentos de mayor complejidad. Preservar su fortaleza, garantizar su capacidad de adaptación y dotarlo de un marco regulatorio adecuado no constituye únicamente una necesidad para el sector, sino una prioridad de país para afrontar con garantías los desafíos energéticos de las próximas décadas.