La Fiscalía ha presentado este miércoles su escrito de acusación contra 16 personas en el llamado caso Tito Berni, una causa instruida en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en la que solicita penas de entre ocho y 14 años de prisión para los principales implicados en una presunta trama de corrupción que habría operado en Canarias entre mediados de 2020 y mediados de 2021.
Entre los acusados figuran el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo -conocido como Tito Berni-, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y un general de División de la Guardia Civil, a quienes el Ministerio Público atribuye haber puesto su influencia institucional al servicio de empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de las energías renovables a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución.
El escrito, firmado por el fiscal Jaime Serrano-Jover González, describe una supuesta organización criminal con funciones repartidas entre sus integrantes.
Según la acusación, Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, se habría encargado de captar a empresarios interesados en obtener ventajas administrativas o trato de favor, mientras que Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes —tío y sobrino— habrían aportado la cobertura institucional a la operativa.
Una presunta trama de comisiones y favores
La investigación judicial sitúa a Navarro Tacoronte en el centro de la trama, junto al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, en un entramado en el que confluirían intereses políticos, empresariales y policiales.
La causa investiga si este grupo cobraba comisiones a empresarios del sector ganadero a cambio de facilitar el acceso a subvenciones procedentes de fondos europeos y de garantizarles, presuntamente, que no tendrían problemas en inspecciones administrativas.
Además, los investigadores analizan si la red también exigía mordidas a empresas de fuera de Canarias a cambio de facilitar su implantación en las islas, aprovechando el atractivo de la Zona Especial Canaria (ZEC), que ofrece ventajas fiscales a las compañías que se establecen en el archipiélago.
El caso Mediador
El denominado caso Mediador, también conocido como caso Tito Berni, saltó a la luz por la supuesta existencia de una red de influencias en la que empresarios pagaban a cambio de favores políticos y administrativos. La investigación ha puesto el foco en la relación entre intermediarios, cargos públicos y mandos policiales, así como en el uso de esa red para obtener beneficios económicos y trato preferente.
Con la presentación del escrito de acusación, la causa entra ahora en una nueva fase procesal, a la espera de que se concrete la apertura de juicio oral contra los 16 encausados.