La ofensiva internacional contra el funcionamiento de la Agencia Tributaria española abre un nuevo frente. Amsterdam & Partners, el despacho dirigido por el abogado Robert Amsterdam que lleva desde 2025 examinando y denunciando públicamente determinadas prácticas de Hacienda, sostiene ahora que España no puede hablar realmente de un "Día de la Liberación Fiscal" porque el problema, a su juicio, ha dejado de ser únicamente cuánto pagan los ciudadanos para alcanzar al funcionamiento de la propia Administración tributaria.
"Bajo la administración tributaria de Hacienda, ningún contribuyente español llega a liberarse jamás", sostiene Amsterdam en una declaración difundida este lunes desde Londres, coincidiendo con el debate generado por los últimos cálculos sobre el esfuerzo fiscal de los españoles.
La Fundación Civismo ha situado este año el denominado Día de la Liberación Fiscal en el 20 de agosto, dos días más tarde que en 2025. Según su metodología, un contribuyente medio necesitaría el equivalente a 231 días de renta para hacer frente a impuestos, tasas y cotizaciones. Se trata de un indicador controvertido: varios economistas cuestionan que pueda trasladarse la complejidad del sistema tributario a una única fecha y recuerdan que el cálculo tampoco incorpora el retorno obtenido a través de los servicios públicos.
Amsterdam utiliza precisamente esa discusión para plantear otra.
De cuánto se paga a cómo actúa Hacienda
El abogado sostiene que el debate español se está concentrando en los tipos impositivos y la presión fiscal cuando debería incorporar también las garantías que tiene un ciudadano cuando Hacienda le reclama una deuda que considera incorrecta.
"No hablamos de tipos impositivos. Hablamos del Estado de derecho", afirma.
Su despacho identifica dos problemas principales: el sistema de productividad de los empleados de la Agencia Tributaria y el régimen aplicable cuando un contribuyente impugna una liquidación. A ellos suma otras cuestiones relacionadas con la transparencia de los procedimientos y las garantías de los inspeccionados.
Amsterdam llega a afirmar que "desde el punto de vista de la administración tributaria no hay ningún país comparable a España" y acusa al sistema español de vulnerar principios de la OCDE y del Derecho internacional.
Son acusaciones del despacho, no conclusiones de la OCDE ni de los tribunales españoles.
La consultora que aterrizó en España para investigar a Hacienda
Amsterdam & Partners lleva más de un año desarrollando una campaña específica sobre España. El bufete internacional, con presencia en Londres y Washington, comenzó poniendo el foco especialmente en las inspecciones a extranjeros acogidos al régimen fiscal de impatriados, conocido como Ley Beckham.
En mayo de 2025 presentó en Madrid el informe Hacienda vs. The People, al que ha tenido acceso DEMÓCRATA, en el que recopilaba testimonios y denunciaba supuestas prácticas abusivas contra determinados contribuyentes extranjeros. Un mes después remitió una queja formal a la OCDE en la que acusaba a España de incumplir estándares internacionales en el tratamiento fiscal de los impatriados.
La ofensiva continuó este año con la publicación de Hacienda y el Estado dual, escrito por Robert Amsterdam y Christopher Wales, antiguo asesor de política fiscal del Gobierno británico. El libro amplía el foco: ya no se limita a la Ley Beckham, sino que cuestiona aspectos estructurales del funcionamiento de la Administración tributaria española.
Amsterdam aseguró en junio que su despacho tenía alrededor de una decena de procedimientos abiertos en España. Su campaña ha incluido también anuncios en medios internacionales y presentaciones ante profesionales españoles.
El controvertido sistema de productividad de los inspectores
Uno de sus principales objetivos es el complemento de productividad que perciben funcionarios de la Agencia Tributaria.
Amsterdam sostiene que ese sistema genera incentivos perversos porque vincularía parte de las retribuciones a los resultados obtenidos por la Administración. En su comunicado habla de un sistema "opaco" ligado a la recaudación y denuncia que un inspector pueda percibir productividad por actuaciones que posteriormente sean anuladas.
El funcionamiento de esos complementos lleva años generando controversia y litigios, pero no puede afirmarse sin matices que un inspector cobre simplemente una comisión por cada liquidación practicada.
De hecho, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado abril sostuvo que la implantación y percepción del complemento de productividad de la AEAT responde a principios de "transparencia, objetividad y legalidad" y que su existencia no compromete por sí misma la independencia e imparcialidad del funcionario.
La crítica de Amsterdam se dirige precisamente contra esa arquitectura. Reclama cambiarla y aumentar la transparencia sobre los criterios utilizados para determinar la productividad.
¿Hay que pagar a Hacienda antes de poder recurrir?
La segunda acusación exige otra precisión.
Amsterdam sostiene que los contribuyentes que pretenden combatir una liquidación se encuentran ante un sistema de "pagar primero y recurrir después". La realidad jurídica es algo más compleja.
Presentar un recurso contra una liquidación tributaria no suspende automáticamente su ejecución como regla general, pero eso no significa que el contribuyente tenga siempre que pagarla íntegramente antes de recurrir. La Ley General Tributaria permite solicitar la suspensión y obtenerla mediante determinadas garantías, como un depósito, un aval bancario o un seguro de caución. Existen también supuestos de suspensión sin garantías.
En las sanciones tributarias, la protección es todavía mayor: si se presenta en plazo un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, su ejecución queda suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantía mientras no sean firmes en vía administrativa.
El reproche del despacho apunta, por tanto, al coste y las dificultades que puede implicar garantizar una deuda durante años mientras se litiga, no a la imposibilidad jurídica de recurrir sin haber pagado previamente.
Existe incluso un procedimiento para que el contribuyente recupere el coste de las garantías utilizadas para suspender una deuda cuando finalmente el acto tributario es declarado improcedente.
Hacienda ya ha respondido a Amsterdam
La Agencia Tributaria no ha permanecido al margen de esta ofensiva. Cuando Amsterdam & Partners comenzó su campaña por las inspecciones relacionadas con la Ley Beckham, Hacienda rechazó las acusaciones y aportó sus propios datos. Según la AEAT, solo 185 de aproximadamente 37.000 beneficiarios de ese régimen habían sido objeto de inspección durante una década, alrededor del 0,5%. La Agencia aseguró también que aproximadamente el 70% de aquellas comprobaciones habían terminado con acuerdo del contribuyente.
Hacienda defendió que las actuaciones perseguían irregularidades concretas, entre ellas contratos laborales simulados, sociedades ficticias o incumplimientos de los requisitos necesarios para acogerse al régimen especial. La AEAT ha rechazado igualmente que exista una persecución generalizada contra los contribuyentes extranjeros.
La discusión, por tanto, enfrenta dos diagnósticos radicalmente diferentes sobre el mismo sistema.
Amsterdam vincula el problema con las pymes y la inversión extranjera
El despacho da ahora un paso adicional y trata de conectar el funcionamiento de Hacienda con la economía española.
En su comunicado sostiene que la actuación de la Administración tributaria tiene un "efecto disuasorio" sobre el crecimiento de las pymes y apunta también a la evolución de la inversión extranjera directa. Según Amsterdam, algunos inversores internacionales estarían percibiendo problemas de seguridad jurídica en España relacionados con la fiscalidad.
Aquí también es necesaria una cautela: la existencia de una relación causal entre las prácticas denunciadas por Amsterdam y la evolución de la inversión extranjera no está demostrada. El propio comunicado reconoce que existen múltiples factores capaces de explicar los movimientos de la inversión.
Su argumento es otro: si una empresa considera imprevisible la actuación de la Administración tributaria, esa percepción puede convertirse en un elemento más a la hora de decidir dónde invertir.
El temor de los asesores fiscales, otra de sus acusaciones
Amsterdam introduce además una acusación difícil de medir: sostiene que profesionales tributarios españoles evitan denunciar públicamente determinadas deficiencias por temor a represalias de Hacienda.
El despacho asegura haber detectado ese miedo durante su investigación y considera que limita el debate sobre la reforma de la Administración tributaria.
No aporta en la nota nombres ni datos que permitan cuantificar ese fenómeno, por lo que se trata nuevamente de una conclusión de Amsterdam & Partners basada en su trabajo en España, no de un hecho acreditado con estadísticas públicas.
Un debate que ya no es solo sobre el 20 de agosto
El choque aparece después de que el Día de la Liberación Fiscal haya vuelto a abrir la discusión sobre la presión tributaria.
Civismo calcula que la fecha se ha desplazado este año hasta el 20 de agosto. Sus críticos cuestionan la metodología y rechazan presentar todos los impuestos como una cantidad que el ciudadano paga sin contrapartida; sus defensores consideran que convertir la carga fiscal en días permite visualizar de forma sencilla el esfuerzo exigido a los contribuyentes.
Amsterdam & Partners pretende sacar ahora la discusión de ese terreno. "Este no es un debate sobre cuánto pagan los contribuyentes", sostiene el despacho. Para Amsterdam, la cuestión es determinar si el sistema garantiza suficientemente los derechos de quien discrepa de una actuación de Hacienda y decide combatirla administrativa o judicialmente.
De ahí el juego con el Día de la Liberación Fiscal. Frente al 20 de agosto calculado por Civismo, Amsterdam sostiene que España no tiene una fecha de liberación posible mientras no reforme el funcionamiento de su Administración tributaria.
Es la siguiente fase de una campaña iniciada en 2025 con los contribuyentes extranjeros de la Ley Beckham y que, un año después, busca trasladar la discusión al conjunto del sistema fiscal español.