Ayudas de hasta 4.500 euros para comprar coche: quién puede pedirlas y cómo funciona el nuevo Programa Auto+

El Programa Auto+ no se está tramitando como una ley propia en las Cortes Generales, sino que ha quedado incorporado y “aprobado” jurídicamente a través del Real Decreto‑ley 7/2026, de 20 de marzo, dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Por tanto, no existe un “estado parlamentario” específico de una ley Auto+: lo que sí hay es el control parlamentario del decreto‑ley que contiene el programa. Las fuentes oficiales confirman que el Gobierno ya está habilitando gasto y sistemas para gestionar las ayudas del Programa Auto+, lo que indica que la parte esencial de su aprobación normativa ya se ha producido. Lo que resta no son grandes hitos parlamentarios específicos sobre Auto+, sino la convalidación y, en su caso, tramitación como proyecto de ley del propio Real Decreto‑ley, junto con el desarrollo reglamentario y operativo (convocatorias, registro de solicitudes, etc.).

Naturaleza jurídica del Programa Auto+

El Programa Auto+ es un plan estatal de impulso al vehículo electrificado enmarcado en la estrategia del Plan España Auto 2030. En la información sectorial se le describe como un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, sustituto de MOVES III a partir de 2026, con dotación de en torno a 400 millones de euros y ayudas de hasta 4.500–5.000 euros según tipología de vehículo y etiqueta ambiental, centrado en vehículos con etiqueta CERO (Renault, RACE, Endesa, Direct Seguros, Ministerio de Industria y Turismo, La Moncloa, Hyundai, IDAE, BOE 25990/2025).

Inicialmente, el Ministerio de Industria y Turismo sometió a consulta pública un proyecto de Real Decreto para regular las ayudas Auto+ (Industria – participación pública). Sin embargo, una parte clave del programa ha terminado insertándose en un Real Decreto‑ley del Gobierno, lo que explica que no exista una proposición o proyecto de ley “Auto+” en el Congreso o el Senado.

Estado actual: incorporación al Real Decreto‑ley 7/2026

La referencia determinante es la nota del Ministerio de Hacienda sobre los límites de gasto para el Ministerio de Industria y Turismo, de 28 de abril de 2026, que señala expresamente que se incorporan nuevos compromisos de gasto vinculados a la gestión y tramitación de solicitudes del Programa AUTO+, “aprobado por el Real Decreto‑ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio” (Hacienda – límites de gasto).

Esa misma nota detalla también un contrato de “desarrollo de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de las ayudas previstas en el Programa AUTO+”, lo que confirma que el programa ya tiene cobertura normativa en vigor y que la Administración está en fase de despliegue operativo. Además, otras fuentes sectoriales dan por hecho que el plan está vigente desde enero de 2026, a la espera de la apertura efectiva del registro de solicitudes y de su puesta en marcha plena (Faconauto; ANFAC; Sernauto).

En paralelo, existen otros programas relacionados con la automoción –como el Plan Reinicia Auto+ para afectados por la DANA, aprobado en 2024 por Consejo de Ministros (Industria – Plan Reinicia Auto+), o el Real Decreto‑ley 9/2026 de transporte convalidado por el Congreso (nota del Congreso), y el seguimiento político del propio RDL 7/2026 por parte de la oposición (PP), pero ninguno de ellos implica una “ley Auto+” independiente en tramitación.

¿Qué “estado parlamentario” tiene y qué pasos restan?

Al ser un Real Decreto‑ley, el Programa Auto+ solo pasa por dos tipos de control parlamentario:

1) Convalidación o derogación en el Congreso. El RDL 7/2026 debe someterse, dentro de los 30 días siguientes a su promulgación, a un debate y votación de convalidación en el Congreso de los Diputados. En las fuentes consultadas aparecen referencias parlamentarias al propio RDL 7/2026 (incluida su modificación parcial por el RDL 9/2026, según la nota del Congreso citada), pero no consta en las notas públicas analizadas el resultado detallado de la convalidación específica de ese decreto‑ley. No se dispone de más información en las fuentes consultadas.

2) Posible tramitación como proyecto de ley. El Congreso puede acordar, en el mismo acto de convalidación, tramitar el decreto‑ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En la documentación disponible no aparece ninguna mención a que el RDL 7/2026 se esté tramitando como proyecto de ley ordinario, ni que exista un texto articulado “Auto+” en Comisión o en el Senado.

Próximos pasos relevantes para la “aprobación definitiva”

Dado que Auto+ ya tiene base jurídica en vigor via RDL 7/2026, los pasos pendientes son sobre todo técnico‑administrativos más que parlamentarios:

• Cierre (o confirmación) del ciclo de control del decreto‑ley: convalidación formal y, en su caso, decisión sobre si se tramita o no como proyecto de ley (información no visible aún en las notas consultadas).

• Desarrollo reglamentario y operativo: aprobación de las bases reguladoras específicas y de las convocatorias de ayudas; puesta en marcha del registro de solicitudes reclamado por el sector (Faconauto); despliegue de los sistemas informáticos de gestión ya financiados (Hacienda).

• Coordinación con otros instrumentos: encaje con otros programas en vigor (MOVES, MOVES Flotas Plus, planes autonómicos, etc.), que siguen tramitándose en paralelo (IDAE, GANVAM, GANVAM, GANVAM, ANFAC Navarra, ANFAC – ventas, Faconauto – PNL renovación, Faconauto – aprobación PNL, ANFAC – premios movilidad, Sernauto – XIII Encuentro, Sernauto – premios, GANVAM – ventas 2026, GANVAM – abril electrificados, Faconauto – semestre 2026, ANFAC – semestre 2026, Comisión Europea – automoción, Faconauto – Reinicia Auto+, La Moncloa – adhesión Reinicia Auto+, ANFAC – Plan España Auto 2030, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña, Sernauto – liderazgo, PP – plan nacional del automóvil, La Moncloa – MOVES III, GANVAM – plan renovación, ANFAC – premios, GANVAM – mayo electrificados).

El Ministerio de Industria (actualmente Ministerio de Industria y Turismo, anteriormente Industria, Comercio y Turismo) tiene, según la normativa estatal, la competencia general de proponer y ejecutar la política industrial del Gobierno y, dentro de ella, de diseñar, gestionar y coordinar los programas de ayudas y subvenciones al sector de la automoción. Estas funciones se articulan a través de su estructura orgánica básica (Secretaría General de Industria y de la PYME, Dirección General de Industria y de la PYME y los Comisionados especiales de PERTE) y mediante órdenes ministeriales específicas que regulan las bases y convocatorias de ayudas. En automoción, el núcleo competencial se ejerce sobre todo a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y de programas de apoyo a la adquisición de vehículos limpios y a la infraestructura asociada. A continuación se resumen las principales competencias por grandes bloques funcionales, con apoyo en la legislación vigente.

1. Base competencial de política industrial y estructuración del Ministerio

El Real Decreto 139/2020 (no reproducido íntegramente en las fuentes) fija la estructura básica de los departamentos, y es desarrollado por el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, cuya configuración actual viene modificada por los Reales Decretos Real Decreto 1/2023 y Real Decreto 13/2023. En el preámbulo de ambos se recuerda que, dentro de las competencias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se encuentra la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, incluyendo:

– La elaboración y ejecución de las políticas industriales y de la PYME, nacionales o emanadas de la Unión Europea, que afecten a las industrias sobre las que ejerce competencia.
– La elaboración de políticas para el desarrollo de las empresas de los sectores industriales, el fomento del espíritu emprendedor y la creación de empresas.
– El apoyo e impulso para facilitar a la industria un entorno favorable y las condiciones necesarias para mejorar su competitividad.
– La elaboración, gestión y seguimiento de programas y actuaciones destinadas a mejorar la competitividad y eficiencia de los sectores productivos.

El artículo 9 de la redacción vigente del Real Decreto 139/2020, reproducido en el Real Decreto 13/2023, especifica que el Ministerio se estructura, entre otros, en la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y en la Dirección General de Industria y de la PYME, órganos a través de los cuales se diseña y ejecuta la política industrial sectorial, incluida la automoción.

2. Competencias específicas en ayudas a la automoción y PERTE VEC

2.1. Diseño y gestión de programas de ayudas

El diseño concreto de las ayudas a la automoción se plasma en diversas órdenes ministeriales de bases reguladoras y convocatorias dictadas por el propio Ministerio, lo que materializa su función de órgano concedente y gestor:

– La Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, establece las bases reguladoras de las ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del PERTE VEC. En ella el Ministerio fija objetivos, tipología de proyectos subvencionables (vehículos, componentes, baterías, etc.), intensidades de ayuda, procedimiento de concesión y órganos de instrucción y resolución, lo que evidencia su competencia para diseñar y regular subvenciones al sector de automoción.

– La Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, efectúa la convocatoria 2022 de esas ayudas y modifica aspectos de la Orden ICT/1466/2021, mientras que las Órdenes ICT/359/2022 y ICT/426/2022 ajustan determinados artículos y anexos. Todo ello muestra que el Ministerio ejerce de forma continuada funciones de convocatoria, gestión, modificación y seguimiento de las líneas de ayuda a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.

– Un segundo bloque lo constituye la Orden ICT/736/2023, de 5 de julio, que aprueba las bases reguladoras para ayudas a proyectos para el impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado y la convocatoria de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico (2023). Esta orden, modificada por la Orden ICT/791/2023 y de nuevo por la Orden ITU/450/2025, evidencia que el Ministerio asume la planificación fina de ayudas (bases), la convocatoria, la resolución de expedientes y la adaptación normativa en función de la ejecución.

– La Orden ITU/336/2025 vuelve a modificar la arquitectura de las ayudas PERTE VEC (Orden ICT/1466/2021 e ICT/209/2022), confirmando que corresponde al Ministerio ajustar las condiciones de financiación pública del sector a las necesidades de mercado y a los criterios del Plan de Recuperación.

Además de las líneas estrictamente industriales, hay un historial de programas estatales de apoyo a la demanda y a la infraestructura de vehículos limpios (MOVELE 2015, MOVEA 2016, MOVALT, MOVES FLOTAS, etc.) en los que Industria ha tenido un papel de diseño o coordinación, en ocasiones compartido con el Ministerio de Energía o Transición Ecológica:

– Real Decreto 287/2015 (Programa MOVELE 2015, ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos).
– Real Decreto 1078/2015 y su modificación por el Real Decreto 15/2016 (ayudas a vehículos de energías alternativas y puntos de recarga, MOVEA 2016).
– Resolución MOVALT vehículos 2017 y el programa MOVES FLOTAS, ya bajo el paraguas del Plan de Recuperación.

2.2. Coordinación interadministrativa y con la UE

El Real Decreto 13/2023 crea el Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado, con rango de Subsecretaría y dependencia directa de la persona titular del Ministerio. El preámbulo de la norma señala que este Comisionado tiene como objetivo reforzar la coordinación e impulso de las medidas vinculadas al PERTE VEC, asegurando la correcta ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las funciones detalladas para otros comisionados (Agroalimentario y Descarbonización Industrial) en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 998/2018, según la redacción que les da el Real Decreto 13/2023, incluyen, entre otras, coordinar medidas con otros órganos ministeriales y administraciones públicas, participar en comisiones y grupos de trabajo y, “en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, colaborar en la interlocución internacional de España” sobre las iniciativas del PERTE. Aunque el artículo específico del Comisionado PERTE VEC no se reproduce completo en las fuentes, su diseño es análogo, por lo que puede inferirse que Industria asume también la coordinación con la UE (fondos Next Generation, régimen de ayudas de Estado) y con otros ministerios en las políticas de apoyo a la automoción.

Un ejemplo adicional de esta función coordinadora es el Real Decreto 1043/2022, que aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado. El real decreto atribuye al Ministerio la función de órgano concedente y muestra cómo Industria canaliza recursos del Estado hacia las comunidades autónomas para el despliegue territorial de la política de automoción.

3. Planificación estratégica y apoyo macro al sector de automoción

Finalmente, el Ministerio de Industria ejerce una función de planificación estratégica sectorial, de la que derivan muchas de las líneas de ayuda. En el preámbulo del Real Decreto 1/2023 y del Real Decreto 13/2023 se destaca que el sector industrial, y en particular el manufacturero, es pilar del PIB, y se menciona expresamente que “dentro del sector manufacturero destaca el sector de la automoción con una cadena de valor integrada y consolidada en España”. De ahí se justifica el refuerzo institucional (Comisionado PERTE VEC) y la proliferación de instrumentos de apoyo.

En paralelo, normas de carácter más amplio como el Real Decreto‑ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en cuyo marco se aprobaron paquetes de apoyo específicos al sector de la automoción, se apoyan en la capacidad del Ministerio de Industria para diseñar y ejecutar planes de choque sectoriales (incluyendo garantías públicas, líneas de financiación y subvenciones).

En suma, según la legislación citada, las competencias del Ministerio de Industria en ayudas a la automoción abarcan: la planificación de la política industrial del sector; el diseño normativo de bases y convocatorias de subvenciones; la gestión e instrucción de expedientes; la coordinación con la UE y otros ministerios en el marco del PRTR y de los PERTE; y la canalización de recursos hacia comunidades autónomas y empresas para reforzar la competitividad y acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre otros posibles preceptos específicos.

Con la información disponible, el “Programa Auto+” aún no está aprobado definitivamente como real decreto, sino en fase de audiencia e información pública. En la actual XV Legislatura se han aprobado a nivel estatal varias normas de ayudas a la movilidad eléctrica y a la cadena de valor del vehículo eléctrico que pueden considerarse parcialmente comparables, pero no existe en las fuentes consultadas un inventario completo que permita cuantificar con precisión todas las iniciativas similares en el conjunto de España (Estado y CCAA). Aun así, puede decirse que, a nivel estatal, hay al menos 3–4 normas recientes claramente encuadradas en la misma lógica de apoyo a la descarbonización del transporte y al vehículo eléctrico, mientras que en el ámbito autonómico sólo se puede afirmar que existen múltiples líneas propias y cofinanciadas, sin poder ofrecer un número cerrado. En resumen, hay continuidad normativa intensa en torno a incentivos al vehículo eléctrico, pero no es posible fijar una cifra exacta de “programas tipo Auto+” aprobados en toda España durante la última legislatura con los datos accesibles.

1. Qué es el Programa Auto+

El Programa Auto+ se regula mediante un Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria y Turismo. Según la consulta pública previa, su objeto es “regular la concesión de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados (Programa AUTO+)”, como nueva iniciativa de incentivos a la movilidad eléctrica en el marco del «Plan Auto España 2030», orientada a la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, dejando la infraestructura de recarga a un programa aparte. La consulta pública estuvo abierta del 13 de febrero al 4 de marzo de 2026 (Proyecto de Real Decreto – Consulta Pública).

Posteriormente, el texto pasó a audiencia e información pública del 31 de marzo al 14 de abril de 2026 (Proyecto de Real Decreto – Audiencia Pública), donde se detalla que el real decreto desarrollará las ayudas del «PROGRAMA AUTO+», creado por el Real Decreto‑ley 7/2026. El ámbito territorial de las ayudas es todo el territorio nacional y las subvenciones se concederán de forma directa, financiadas con Presupuestos Generales del Estado, con un crédito extraordinario de 400 millones de euros para 2026.

2. Iniciativas estatales comparables en la XV Legislatura

Para identificar iniciativas “similares” se han tomado como referencia dos elementos: 1) que sean programas de ayudas públicas en materia de automoción/movilidad, y 2) que tengan como eje la descarbonización del transporte y el impulso del vehículo eléctrico, bien en la demanda (compra de vehículos) o en la oferta (cadena de valor, baterías, etc.). Con este criterio, en la XV Legislatura aparecen, al menos, las siguientes normas estatales estrechamente emparentadas con el enfoque de Auto+:

a) Real Decreto‑ley 7/2026 (creación de Auto+)
Aunque no se aporta en las fuentes su enlace al BOE, la propia memoria del proyecto de real decreto de Auto+ indica que este programa se crea mediante el Real Decreto‑ley 7/2026, de 20 de marzo, dentro del “Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio”. Es una iniciativa legislativa con rango de ley que establece el programa y dota un crédito extraordinario de 400 millones de euros para las ayudas.

b) Normas de cadena de valor del vehículo eléctrico (PERTE VEC)
En la misma legislatura se han aprobado varias órdenes ministeriales centradas en la cadena industrial del vehículo eléctrico (baterías, componentes, ensamblaje), que no subvencionan directamente la compra de vehículos, pero sí persiguen el mismo objetivo de reforzar el ecosistema de automoción descarbonizada. Entre ellas destacan:

• Orden ITU/450/2025, de 5 de mayo, que modifica la Orden ICT/736/2023 sobre ayudas a proyectos para el impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, en el marco del PERTE VEC (XV Legislatura, con BOE disponible).
• Orden ITU/336/2025, de 31 de marzo, que modifica las bases reguladoras de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC), también en XV Legislatura.
• Orden ITU/218/2026, de 12 de marzo, que establece las bases reguladoras de ayudas a proyectos de producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno del vehículo eléctrico, igualmente en XV Legislatura.

Aunque estas tres órdenes no son programas de subvención directa a la compra como Auto+, sí forman parte de un paquete normativo de apoyo público al vehículo eléctrico muy próximo en objetivos y calendario.

3. Continuidad con programas anteriores (referencia MOVES II)

El propio Ministerio vincula Auto+ como sucesor de las ediciones del Programa MOVES. Las bases de uno de esos programas previos, el Programa MOVES II, se aprobaron fuera de la legislatura actual mediante el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, que reguló el “programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)” y la concesión directa de las ayudas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (Real Decreto 569/2020 – MOVES II). Este antecedente es relevante para entender que Auto+ se inserta en una línea continuada de programas de incentivos a la compra de vehículos de bajas emisiones, aunque MOVES II pertenezca a la Legislatura XIV.

4. Ámbito autonómico y límites de la información

El propio diseño de los programas estatales (como MOVES en sus distintas ediciones) implica que muchas ayudas se ejecutan a través de las comunidades autónomas, que a su vez articulan convocatorias y a veces programas complementarios propios. Sin embargo, en las fuentes institucionales consultadas no se ofrece un recuento consolidado, por legislatura, de todas las líneas autonómicas aprobadas en materia de ayudas a la compra de vehículos o al sector de la automoción.

En consecuencia, sólo puede afirmarse que existen múltiples iniciativas autonómicas de apoyo a la movilidad eléctrica y a la automoción en la XV Legislatura, pero no se dispone de datos suficientes para fijar una cifra exacta de “programas tipo Auto+” aprobados en el conjunto de España. A nivel estatal, sí puede identificarse claramente un núcleo de 3–4 normas de ayudas y apoyo a la cadena de valor del vehículo eléctrico en esta legislatura que, junto con el proyecto de real decreto de Auto+, configuran el bloque más similar.

5. Refuerzo presupuestario vinculado a Auto+

Finalmente, hay que mencionar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2025, por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 72.776.637 euros y un suplemento de crédito en el Ministerio de Industria y Turismo para incrementar la dotación de las ayudas destinadas a familias en la sección Eco/C del “Plan Reinicia Auto+”, previstas en el Real Decreto‑ley 8/2024, de 28 de noviembre (Referencia Consejo de Ministros 22/07/2025). Este acuerdo no crea un nuevo programa, pero muestra la intensidad de la respuesta presupuestaria asociada a las ayudas ligadas al ámbito Auto+ dentro de la legislatura.