La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha reiterado su demanda de que las agencias de viajes queden fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 933/2021, que regula la recogida de datos de viajeros, después de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de infracción contra España por posibles vulneraciones de la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
La patronal interpreta que la actuación de Bruselas respalda las inquietudes que el sector turístico viene manifestando desde hace años acerca de un sistema apoyado en la recopilación y transmisión masiva de información personal, y ha pedido al Ejecutivo que estudie "con rigor" las objeciones formuladas por la Comisión Europea.
CEAV ha remarcado la disposición de las agencias de viajes a cooperar con las autoridades en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad, pero mantiene sus reservas sobre la adecuación de algunas de las obligaciones incluidas en la norma a los principios europeos de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos.
La organización ha cuestionado igualmente el volumen de datos que exige el sistema y la imposición de conservarlos durante tres años, en especial para los operadores que actúan como intermediarios en la contratación de servicios turísticos. Desde la patronal sostienen que esta configuración implica una carga burocrática de escasa utilidad práctica.
Del mismo modo, ha alertado de la "duplicidad de información" que, a su entender, provoca el esquema actual. A juicio de CEAV, extender el número de sujetos obligados a enviar y custodiar los mismos datos no garantiza una mayor seguridad, pero sí aumenta las obligaciones administrativas, los costes de cumplimiento y los riesgos derivados del manejo de datos personales.
Aunque el expediente incoado por la Comisión Europea se centra en aspectos de protección de datos, la confederación recalca que también se plantean dudas legales sobre la inclusión de las agencias de viajes y los operadores turísticos dentro del campo de aplicación del real decreto.
En esta línea, CEAV recuerda que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no incorpora a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos entre los sujetos obligados a llevar registros documentales y a comunicar datos, por lo que entiende que la ampliación de estas obligaciones mediante una norma reglamentaria suscita dudas desde la perspectiva de la seguridad jurídica y del principio de jerarquía normativa.
Por este motivo, la patronal insiste en que las agencias de viajes queden excluidas de la normativa y espera que el Gobierno utilice el procedimiento iniciado por Bruselas para subsanar las carencias detectadas y replantear el modelo actual.
CEAV defiende que la salvaguarda de la seguridad pública y la protección de datos pueden compatibilizarse, pero recalca que cualquier restricción de derechos debe estar debidamente motivada, resultar imprescindible y ajustarse a los límites fijados por el Derecho de la Unión Europea.