La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el nuevo sistema de supervisión de las bajas médicas implantado por la Xunta, al considerar que persigue entregar el “control” de estos procesos a las mutuas dentro de una campaña de “criminalización” del personal empleado público.
En la misma línea, Comisións Obreiras (CCOO) ha comunicado este lunes que también emprenderá acciones judiciales frente al Ejecutivo autonómico por este cambio normativo.
El recurso de la CIG se dirige contra la resolución de 20 de mayo de 2026 de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, que hace pública la modificación de la instrucción de 1 de abril de 2019. Dicha instrucción fija el protocolo común de gestión clínica y seguimiento de la incapacidad temporal (IT) por parte del personal inspector médico y subinspector sanitario —encargado del control de la gestión de la incapacidad temporal— de las unidades de Inspección e Control de Saúde Laboral de la Consellería.
Críticas sindicales a la “ofensiva” de la Xunta
En una nota de prensa, el sindicato nacionalista cuestiona la legalidad de lo que define como una “ofensiva” del Gobierno gallego, alineado con la patronal, contra los derechos de las personas trabajadoras. Sostiene que se intenta “disfrazar de una supuesta agilización” lo que, en realidad, “es blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública”.
“Se pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria”, denuncia la organización.
Según la CIG, la nueva resolución de la Consellería altera el protocolo común de gestión y seguimiento de la incapacidad temporal al facultar a la Inspección de Servicios Sanitarios para autorizar, mediante un único visto bueno, todas las pruebas y actuaciones vinculadas a un proceso de IT que sean solicitadas por entidades privadas.
Mutuas, autorizaciones y acceso a historiales
“Cuando en la redacción anterior la autorización era prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos hubieran sido solicitadas previamente por las personas profesionales de la sanidad pública”, recuerda el sindicato. De este modo, se abre la puerta a que las mutuas tramiten con una sola autorización el conjunto de exploraciones diagnósticas y tratamientos.
“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no hacen más que crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, critica el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.
Ante este escenario, la CIG exige detener la financiación de cualquier intervención promovida por las mutuas, vetar su acceso a los historiales clínicos y acometer un refuerzo “real” del sistema sanitario público.
CCOO también acudirá a los juzgados
Por su parte, CCOO sostiene que la normativa aprobada por la Xunta “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”.
En otro comunicado, el secretario de Saúde Laboral, Armando Iglesias, ha reclamado que se retire de inmediato la resolución y lamenta que el Gobierno gallego la presente como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.
El representante sindical considera que uno de los cambios más perjudiciales es la autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”.
Advierte de que esta modificación suprime el sistema de autorizaciones individualizadas, rebaja el control que ejerce la sanidad pública y deja la evolución de las bajas médicas en manos de entidades privadas con intereses económicos.
CCOO alerta de que la resolución incrementa el peso de las propuestas de las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, subraya Iglesias.
Otro aspecto que inquieta al sindicato es el tratamiento de la información sanitaria. La norma prevé que los resultados de las pruebas practicadas por las mutuas se integren en la historia clínica electrónica, lo que, a juicio de CCOO, “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”.
Todo esto se produce después de que CIG y CCOO hayan abandonado la mesa de diálogo social en la que se analiza la regulación de las bajas laborales, foro en el que solo permanecen la Xunta, la patronal y UGT.