El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a dos grandes plataformas de alquiler vacacional que eliminen 8.318 anuncios de alojamientos turísticos ofertados como alquiler de temporada, al considerar que vulneran la Ley de Arrendamientos Urbanos tras su reciente modificación mediante el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre en el Consejo de Ministros.
Según ha explicado el departamento que encabeza Pablo Bustinduy, la Dirección General de Consumo ha detectado que más de 8.300 anuncios serían irregulares al promocionar viviendas turísticas como contratos de temporada que permiten estancias inferiores a 31 días, cuando la normativa reformada fija ese periodo como duración mínima para este tipo de alquileres.
El foco principal de esta posible infracción se concentra en la Comunidad de Madrid, donde se localiza la mayor parte de las ofertas cuestionadas: 6.772 anuncios en total. De ellos, 6.523 corresponden a viviendas situadas en la ciudad de Madrid.
El Ministerio subraya que esta intervención ha sido viable gracias al Real Decreto-ley 29/2026, que introduce, entre otras medidas, la limitación de los alquileres de temporada a un mínimo de 31 días.
La Dirección General de Consumo entiende que estos anuncios podrían constituir una práctica de comunicación desleal por inducir a error y, en consecuencia, vulnerar el artículo 47 del TRLGDCU (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Por este motivo, Consumo ha solicitado formalmente a ambas plataformas la retirada de los anuncios mediante los mecanismos de aviso previstos en el Reglamento de Servicios Digitales.
Una vez notificadas, las plataformas pasan a asumir responsabilidad directa sobre los posibles incumplimientos comunicados, de acuerdo con la normativa europea. Si no eliminan los anuncios señalados o no bloquean su acceso, se exponen a la apertura de un expediente sancionador por parte de Consumo.
Otras actuaciones de Consumo en el mercado de la vivienda
Este nuevo requerimiento a las plataformas de alquiler turístico se enmarca en la estrategia del Ministerio para frenar las prácticas ilegales vinculadas a la vivienda.
En esta línea, Consumo ya impuso una multa de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofrecer miles de alojamientos turísticos que no cumplían la normativa, lo que derivó en la retirada de más de 65.000 anuncios de su web.
Asimismo, Booking eliminó más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras recibir un requerimiento oficial de Consumo.
Además, el Ministerio sancionó con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus arrendatarios. En este caso, Consumo apreció seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio en el mercado.
Por conductas similares, Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también gestiona el alquiler de miles de viviendas en todo el territorio español.