El desembolso medio que los hogares españoles destinan al transporte se ha encarecido en casi 900 euros en la última década, al incrementarse de 3.158 euros en 2015 a 4.020 euros en 2025, aunque su peso dentro del presupuesto familiar permanece anclado en el 11,5%.
Así se desprende de un informe de EAE Business School, que sitúa “la pobreza de movilidad” entre las principales consecuencias de las desigualdades en el acceso al transporte.
Este fenómeno aparece cuando el coste de desplazarse se convierte en una carga excesiva, pero también cuando una persona no puede realizar los trayectos necesarios y se ve forzada a recortar movimientos o a renunciar a determinadas oportunidades. Por ello, un menor gasto en transporte no implica necesariamente una menor vulnerabilidad.
El lugar de residencia, subraya el estudio difundido este jueves, es uno de los elementos que más condicionan esta realidad.
En 2025, el automóvil se consolidó como el medio de transporte principal para el 73,5% de quienes viven en municipios de menos de 10.000 habitantes, frente al 29,6% en las localidades de mayor tamaño.
La situación se invierte en el caso del transporte público, que fue el medio principal para el 48,8% de los residentes en los municipios más poblados, frente a apenas el 10,9% en los núcleos pequeños.
En este marco, EAE Business School plantea un modelo de movilidad dual: grandes áreas urbanas con varias opciones de desplazamiento y zonas periféricas o rurales donde el coche termina siendo casi imprescindible.
En estos entornos, apunta el informe, recortar el gasto en transporte puede traducirse también en menos desplazamientos y en un menor acceso a oportunidades laborales, educativas o de servicios.
Según el análisis, esta situación impacta de forma especial en el empleo: una mala conexión puede hacer que un puesto de trabajo resulte económicamente inalcanzable, incluso cuando el salario es atractivo. De este modo, el efecto de la movilidad no depende solo del nivel de renta, sino también de la distancia y de las alternativas de transporte disponibles.
El documento también relaciona vivienda y movilidad. Concluye que optar por una vivienda más barata pero alejada de los polos de empleo puede implicar un mayor coste en desplazamientos, de forma que parte del ahorro en el alquiler o la hipoteca termine trasladándose al presupuesto de transporte.
Más allá de su efecto sobre las economías domésticas, el coste del transporte incide igualmente en el conjunto del tejido productivo. España mantiene una elevada dependencia de la carretera en el transporte de mercancías, con 272.000 millones de toneladas-kilómetro y alrededor del 15% del total de la Unión Europea.
El transporte no solo forma parte del IPC, sino que también condiciona el precio final de numerosos bienes y servicios. Ante este escenario, el informe aboga por ampliar y mejorar las alternativas de movilidad, en especial para quienes cuentan con menos ingresos, recorren mayores distancias y dependen en mayor medida del coche.