El Consejo de Ministros, en el marco de su tercer paquete de actuaciones para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio, ha decidido incrementar el volumen de gas natural licuado (GNL) previsto en el Plan de Acción Invernal (PAI) con el fin de hacer frente a posibles picos de consumo y a eventuales tensiones de suministro durante los meses fríos.
Para esta campaña, el PAI eleva las existencias de GNL almacenadas en los tanques de las plantas de regasificación hasta un total de 21 días repartidos a lo largo de los cinco meses de invierno, por encima de los 16,5 días fijados en el plan del ejercicio anterior.
En detalle, el refuerzo se concentra en noviembre –que pasa de un día a tres–, diciembre –de 2,5 días a 3,5 días– y marzo –de 1,5 días a tres–, mientras que se mantienen sin cambios los objetivos de enero –6,5 días– y febrero –cinco días–.
En una nota, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señaló que esta medida garantiza la disponibilidad de gas para hacer frente a incrementos bruscos de la demanda o a tensiones en las cadenas globales de suministro.
Al mismo tiempo, la norma faculta al Ejecutivo para permitir a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) determinar la ubicación geográfica y los puntos concretos de almacenamiento desde los que deban liberarse las reservas de seguridad mientras dure su movilización en episodios de tensión en los mercados de suministro, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en todos los puntos de consumo.
Refuerzo del régimen sancionador en hidrocarburos
Paralelamente, se revisa el régimen sancionador contemplado en la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, duplicando los importes de las sanciones asociadas a cada tipo de infracción.
En la actualidad, dicho régimen contempla multas de hasta 30 millones de euros para las infracciones muy graves; de hasta 6 millones de euros para las graves y de hasta 600.000 euros para las leves. Con la modificación, las infracciones muy graves podrán ser castigadas con hasta 60 millones de euros.
El departamento encabezado por Sara Aagesen subrayó que con este endurecimiento se refuerza el efecto disuasorio, se combate la especulación y se favorece la transparencia del mercado, especialmente en lo relativo a existencias mínimas de seguridad, suministro de información a la Administración y prácticas anticompetitivas, en un escenario marcado por una elevada volatilidad en los mercados.