El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado una concesión provisional de 17,45 millones de euros en subvenciones a Orange España y Telefónica, con el objetivo de extender la cobertura móvil 5G a zonas muy rurales en las que hoy en día no llega la señal de ningún operador.
Tal y como ha señalado el departamento ministerial en su página web, la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico ha elevado esta propuesta de resolución provisional dentro de la primera convocatoria del programa denominado “5G Redes muy rurales”.
Las ayudas están destinadas a sufragar la instalación del equipamiento activo y la infraestructura auxiliar imprescindible en 129 emplazamientos asignados, que darán servicio a un total de 358 zonas elegibles. Esta actuación se enmarca en una línea de incentivos públicos que prevé un presupuesto financiable conjunto de 26,08 millones de euros.
En el reparto preliminar por compañías, Orange España figura como adjudicataria de un total de 12.250.242 euros, distribuidos en seis expedientes de ámbito regional que abarcan 72 emplazamientos. Por su parte, Telefónica Móviles España ha recibido una asignación de 5.204.262,96 euros, canalizada a través de ocho proyectos aprobados para dotar de cobertura a 57 emplazamientos.
Por territorios, Galicia concentra la mayor cuantía del programa, con 4,83 millones de euros entre ambas operadoras, seguida de Canarias con 3,48 millones y Castilla-La Mancha con 3,38 millones. A continuación se sitúan la Región de Murcia con 2,22 millones, Asturias con 782.592,80 euros, Castilla y León con 270.157 euros y Extremadura con 161.699,75 euros, mientras que 2,30 millones se asignan al ámbito no FEDER.
La publicación de este 23 de octubre incluye la difusión del listado de proyectos con propuesta estimatoria y la relación de emplazamientos implicados, además de habilitar el acceso a las notificaciones individuales a través de la sede electrónica.
Las entidades solicitantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación, para presentar alegaciones a la propuesta de resolución provisional, que deberán tramitarse mediante la firma electrónica del representante legal de la entidad interesada.
El organismo público ha precisado que, si no se presentan alegaciones por parte de los beneficiarios potenciales dentro del plazo establecido, la resolución provisional pasará a considerarse automáticamente definitiva.