El Consejo de Ministros ha desestimado los requerimientos de incompetencia planteados por las comunidades de Andalucía y Extremadura en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Ambos ejecutivos autonómicos sostenían que el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda, vulneraba el reparto de competencias, en especial por el modelo de financiación previsto. En el caso de Extremadura, además, se cuestionaban los apartados relativos a las zonas de mercado residencial tensionado.
No obstante, el Consejo de Ministros ha respondido este martes a los dos gobiernos autonómicos defendiendo que el Plan “no regula con carácter general la política autonómica de vivienda”, sino que se limita a articular el instrumento estatal de financiación, según se recoge en las referencias difundidas este martes.
En este contexto, el Ejecutivo central ha traído a colación la sentencia del Tribunal Constitucional que, el pasado 9 de julio, desestimó el recurso promovido por la Generalitat de Catalunya, en el que se impugnaban de forma específica los preceptos de la ley relativos a las subvenciones en materia de vivienda.
El Gobierno subraya que “la sentencia rechaza que los preceptos recurridos priven de capacidad de decisión a las comunidades” y defiende que el legislador estatal “tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios de la financiación estatal”.
“Ello no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda”, ha añadido el Ejecutivo, que también enfatiza que el fallo del Constitucional tiene en cuenta que la aprobación de los planes estatales requiere la participación de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.