La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha instado este sábado a modificar el real decreto de alimentación saludable, alertando de que su redacción actual podría suponer la destrucción de unos 2.000 puestos de trabajo en el sector y la merma de alrededor de 18 millones de euros anuales en cánones procedentes de hospitales y otros centros públicos.
De acuerdo con los cálculos de la patronal, la actividad de venta automática en hospitales y dependencias públicas aporta cerca de 60 millones de euros al año en cánones. Sin embargo, la aplicación "estricta" de la nueva regulación recortaría esa cifra en unos 18 millones anuales, de los que ocho millones se perderían en hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios, poniendo en peligro unos 2.000 empleos directos e indirectos, según detalla en un comunicado.
Aneda subraya que el sector respalda el propósito de promover una alimentación más saludable, pero advierte de que el proyecto normativo presenta "problemas jurídicos" y "no evalúa su impacto" en autónomos y pequeñas empresas, que constituyen una parte relevante del tejido empresarial del 'vending'.
Por este motivo, la asociación ha solicitado al Gobierno que no dé luz verde "precipitada" al "Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios", impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y cuya aprobación en el Consejo de Ministros podría producirse de forma "inminente", y que "mantenga abierto el diálogo para corregir los aspectos" que afectan a la venta automática.
"Una norma aprobada con prisas y con problemas jurídicos que constan en su propia tramitación no va a mejorar la salud de nadie: va a generar litigios, máquinas vacías y menos servicio para quienes más lo necesitan", afirma la directora general de Aneda, Yolanda Carabante.
Carabante reclama que la promoción de una dieta más saludable no se lleve a cabo "a costa de imponer medidas que ignoren la realidad del sector" y sostiene que ya han trasladado propuestas técnicas para "mejorar" el texto con el objetivo de que la regulación resulte "viable" en la práctica.
La organización recuerda que en numerosos hospitales, residencias y otros centros públicos las máquinas expendedoras constituyen "el único" servicio de alimentación accesible durante la noche, los fines de semana o cuando la cafetería permanece cerrada y que cumplen "una función complementaria, distinta de la alimentación pautada de pacientes y residentes", algo que, a su juicio, debe valorarse al aplicar la norma.
Además, critica la "intensidad" de las restricciones previstas, que considera "especialmente difíciles de aplicar" en un servicio que no opera como una cafetería convencional ni como un comedor colectivo, por su formato automatizado y por la forma en que se organiza la oferta de productos.
En paralelo, Aneda reclama que las nuevas obligaciones puedan asumirse con el parque actual de máquinas, respetando su configuración de zonas frías, sistemas de dispensación y capacidad, ya que renovar equipos, cambiar surtidos y aumentar la frecuencia de reposición implicaría inversiones y costes "significativos". A su juicio, los autónomos y pequeños operadores, con menor músculo financiero y presencia en ubicaciones de baja facturación, son quienes "menos margen tienen para asumir" esos desembolsos.
La patronal también advierte de que imponer surtidos alejados de la demanda "real" puede volver "inviables" numerosos puntos de venta, derivar en máquinas sin producto y dejar desiertos concursos públicos. Añade que existen varios "problemas jurídicos" que deben corregirse para evitar que el decreto pueda ser anulado o que centros y operadores queden en una situación de "inseguridad jurídica". En este contexto, explica que ha remitido a distintos ministerios una nota técnica con propuestas concretas que "resolverían estos problemas sin alterar los objetivos de salud pública del real decreto".
Entre las medidas planteadas, Aneda cita la ampliación a 24 meses del plazo de adaptación del 'vending', tal y como recoge la memoria del proyecto frente a los 12 meses fijados en el articulado, además de garantizar la protección de los contratos actualmente vigentes.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado recientemente que este real decreto "es probablemente la medida más importante" que le resta a su Departamento por sacar adelante. Ha admitido que la iniciativa "genera fuertes resistencias porque hay 'lobbys' que no tienen mucho interés" en que se apruebe y ha reiterado que "la norma esta lista".