El portavoz federal de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha recalcado que la fuerza minoritaria del Ejecutivo no está planteando soluciones “de máximos” en materia de vivienda y ha remarcado que persisten “absolutas diferencias” con el Partido Socialista para cerrar el decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar este martes en el Consejo de Ministros.
El también secretario general del Partido Comunista ha señalado que “Aún hay que trabajar mucho” sobre el real decreto de vivienda, un texto que, por ahora, no incluye la renovación automática de los contratos de alquiler por la falta de consenso con los socialistas, ni la “prohibición de compra especulativa”, tal y como ha explicado en una entrevista en el canal ’24 horas’, recogida por Europa Press.
Asimismo, ha incidido en que la regulación del alquiler de habitaciones es otro de los elementos de fricción con el socio mayoritario del Gobierno. Si finalmente no se logra un entendimiento, Santiago ha apuntado que “habrá que ver” el resultado “global” del texto que se someta a la aprobación del Consejo de Ministros.
Al mismo tiempo, ha lanzado un aviso al PSOE, Junts y Partido Popular, que ya tumbaron en enero en el Congreso el anterior decreto de vivienda del Ejecutivo, al sostener que “no están en condiciones” de “no querer avanzar en la prohibición de la compraventa especulativa” porque la ciudadanía está “indignada”.
En esta línea, ha defendido que Sumar está canalizando “el sentir de la ciudadanía” y que perciben a la población “indignados” pero “con mayor responsabilidad” al formar parte del Gobierno. Por ello, Santiago ha explicado que este nuevo decreto busca articular “soluciones de urgencia” para “casos de emergencia” y “evitar” desahucios “como el de Maricarmen”, la mujer de 87 años desalojada el pasado miércoles.
El dirigente de IU ha reconocido que la ley de vivienda aprobada en 2023 “no ha resultado” como preveían, a diferencia de la reforma laboral, que sí ha reducido la temporalidad “del 80% al 40%”. Según ha admitido, la norma “Desafortunadamente no ha conseguido controlar el precio de la vivienda”, ni convertirla “en un derecho”.
Por este motivo, ha instado a “buscar soluciones estructurales”, que “existen en la legislación de otros países del mundo” y que, en parte, ya se aplicaron de forma excepcional durante la pandemia, como la prohibición de los desahucios, medidas que se fueron prorrogando durante años.
“Si hay un acuerdo general en la sociedad española y desde el Covid año a año se van prorrogando, creo que ya ha llegado el momento de que nos dejemos de prorrogas y se establezcan estructuralmente en la legislación”, ha zanjado.
Pese a las discrepancias abiertas, Santiago ha querido poner en valor los avances ya pactados con el PSOE para incorporarlos al nuevo decreto de vivienda, entre los que ha citado la extensión de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta 2028 y la moratoria de los desahucios que afecten a personas arrendaticias en situación de vulnerabilidad.