España ha suscrito este viernes, junto con otros 21 Estados miembro, un compromiso conjunto para dar un impulso decisivo al despliegue del almacenamiento energético en la Unión Europea hasta 2028. El acuerdo persigue eliminar obstáculos regulatorios, facilitar la llegada de nuevas inversiones y ampliar la capacidad de estas infraestructuras con la meta de integrar un mayor volumen de energías renovables y recortar la dependencia de los combustibles fósiles.
El pacto, firmado en Luxemburgo al margen del Consejo de Energía y respaldado igualmente por empresas del sector y entidades financieras, fija como meta incrementar el ritmo de instalación de estos sistemas hasta unos 30 gigavatios (GW) anuales entre 2026 y 2028. Con ello, se pretende que la UE alcance alrededor de 200 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, frente a los aproximadamente 55 GW actuales.
Entre las actuaciones recogidas, los gobiernos se obligan a agilizar la retirada de las trabas que aún dificultan la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, en particular las que frenan la firma de contratos de suministro eléctrico a largo plazo vinculados a sistemas de almacenamiento o restringen su participación en los mercados eléctricos y en los mecanismos de retribución.
Los países firmantes apoyan asimismo el uso de financiación nacional y comunitaria para promover tanto la construcción de nuevas capacidades como la fabricación de equipos y componentes, siempre dentro del marco europeo de ayudas de Estado y en coherencia con los objetivos nacionales que cada capital ha presentado para el periodo 2026-2028.
Al mismo tiempo, los desarrolladores de proyectos remitirán cada año previsiones sobre las nuevas inversiones programadas con el fin de aportar mayor visibilidad al mercado, mientras que las industrias con elevado consumo eléctrico impulsarán soluciones de almacenamiento en sus propias instalaciones y compartirán información sobre la evolución de su demanda y de sus procesos de electrificación.
El acuerdo incorpora además el compromiso de las entidades financieras de intercambiar conocimiento sobre este tipo de iniciativas para mejorar su viabilidad económica y coordinar sus programas de apoyo con el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto de la financiación disponible.
MÁS CAPACIDAD PARA REDUCIR EL USO DE GAS
Los firmantes se plantean instalar en torno a 45 GW adicionales entre 2026 y 2028, lo que implica incrementar al menos un 20% el ritmo anual que se registre en 2025, y que estas tecnologías puedan cubrir cerca del 10% de la demanda eléctrica en los momentos punta de consumo, el doble que hace un año.
Según el texto, una mayor capacidad de almacenamiento permitirá aprovechar mejor la generación renovable, disminuir los vertidos de electricidad cuando la producción supera la demanda, limitar el recurso a las centrales de gas y amortiguar la volatilidad de los precios de la energía.
La Comisión será la responsable de coordinar el seguimiento del acuerdo y revisará cada año, hasta 2028, indicadores como la capacidad instalada, la aportación de estos sistemas en los picos de demanda o el desarrollo de proyectos vinculados a baterías, almacenamiento térmico y contratos de suministro eléctrico de larga duración.