El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha advertido este jueves de un mayor “desequilibrio” entre la situación actual del sistema público de pensiones y su viabilidad a largo plazo, y ha señalado el 'auto-enrolment' (adhesión automática a los planes de pensiones) como una de las vías con más recorrido para reforzar la previsión social complementaria en España.
Garralda ha aludido a “motivos para la preocupación” tras unos avances que considera insuficientes en materia de sostenibilidad durante los últimos doce meses, y ha alertado de que está “cada vez más en duda que la generosidad de las pensiones públicas se pueda mantener en el tiempo”.
Según ha explicado, “durante 2026 ha continuado acentuándose el desequilibrio entre la suficiencia actual del sistema público de pensiones y su sostenibilidad futura”, hasta el punto de que las transferencias del Estado necesarias para cubrir el gasto en pensiones podrían rondar este año los 60.000 millones de euros, en torno al 3,5% del PIB, lo que por sí solo superaría el déficit público previsto para 2026, del 2,6%.
El presidente ejecutivo de Grupo Mutua ha lamentado igualmente la ausencia de “mejoras significativas” en los pilares que complementan al sistema público y ha remarcado que “la ausencia de avances materiales” en el segundo pilar, formado por los planes de pensiones de empleo, es probablemente “el resultado más decepcionante” del ejercicio.
Ante este escenario, ha instado a “corregir unas dinámicas que no están produciendo los resultados esperados” y ha criticado la “falta de iniciativa” y la continua postergación de decisiones. Frente a ello, ha defendido el 'auto-enrolment' (mecanismo por el que la empresa incorpora de forma automática a los trabajadores que cumplen ciertos requisitos a un plan de empleo, sin que estos tengan que solicitarlo) como una herramienta con gran capacidad de impulso y como “punto de partida” —y no como meta— para construir un sistema de previsión social empresarial más robusto.
“España debe avanzar hacia este modelo para romper con la tendencia inmovilista actual”, ha subrayado Garralda durante la presentación del “II Observatorio de pensiones de Grupo Mutua”, añadiendo que a este esquema deberían sumarse otros elementos de apoyo, entre los que la negociación colectiva “debe ocupar una posición central”.
Garralda ha recordado que únicamente el 15% de la población ocupada, unos 3,3 millones de trabajadores, dispone de un plan de empleo, “muy lejos” del objetivo de 11 millones de partícipes fijado para 2030. Aunque los planes simplificados han incrementado el número de partícipes, especialmente en el sector de la construcción, la aportación media sigue siendo “muy reducida”, de 117 euros en 2025, según la AIRef.
En esta línea, ha señalado que España figura entre los países de la Unión Europea con mayor margen de crecimiento en previsión complementaria, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea que sitúa al país entre las economías “con un desarrollo más limitado de las pensiones complementarias y, al mismo tiempo, sometido a mayores prestaciones en materia fiscal y de suficiencia”.
Garralda ha reclamado “soluciones duraderas” y ha concluido: “Tenemos la oportunidad de actuar ahora, y conviene aprovecharla”.
Mutua ha presentado también su informe “Alternativas en el pilar II desde una perspectiva internacional”, que identifica el 'autoenrolment' como uno de los mecanismos con más potencial para promover la previsión social complementaria en España, junto con su “I Encuesta de Ahorro para la Jubilación”. Este sondeo revela que un 65% de los participantes considera que su pensión pública no bastará para cubrir sus gastos al jubilarse y que, pese a ello, la mitad no está ahorrando de cara a su retiro laboral.
CEOE, CCOO, Inverco y Unespa reclaman cambios en el sistema
En una mesa redonda posterior, representantes de CEOE, CCOO, Inverco y Unespa han coincidido en suspender o cuestionar los avances del sistema de pensiones en el último año y se han mostrado favorables al 'autoenrolment', aunque con matices importantes en sus enfoques.
La responsable de Seguridad Social e Igualdad del Departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de la CEOE, Olimpia del Águila Cazorla, ha otorgado una nota de “suspenso” a España y ha criticado la “incertidumbre de todo tipo” que está “permeando todo el tejido empresarial a largo plazo” y el hecho de que se haya “recargado de costes adicionales” a las empresas. “No es sorprendente que tengamos los resultados de siempre cuando hacemos lo mismo de siempre”, ha señalado.
Del Águila ha defendido la necesidad de introducir incentivos, reforzar el segundo pilar y aumentar la población activa mediante una “apuesta decidida” por las empresas. “No se puede hacer mas cara la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo”, ha remarcado, reclamando a las Administraciones ser “corresponsables” con el tejido productivo y recordando el contexto “complicado” tras cuatro años sin presupuestos generales.
“No puede haber una verdadera reforma sobre el sistema si no es a través del consenso político y social”, ha añadido la representante de la patronal, insistiendo en que “tenemos que lograr que el debate sea a través de los datos y no de las emociones electoralistas”.
Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo Fernández, ha reconocido que tampoco concede un “aprobado”, pero ha centrado el debate en las “responsabilidades compartidas” (del legislador, el sector y los interlocutores sociales) y ha rechazado la idea de un déficit estructural en la Seguridad Social, un concepto que “últimamente está de moda” pero que, recuerda, “se financia de manera mixta”.
Bravo ha llamado la atención sobre el incremento del 83% en los beneficios empresariales entre 2010 y 2026 y sobre la estructura “insana” del ahorro en España, donde tres de cada cuatro euros se canalizan hacia la compra de vivienda. Además, ha pedido una “reflexión” sobre la carga fiscal empresarial, denunciando que la pyme “soporta mucho más” que la gran compañía y apuntando que “el legislador no hizo una reforma completa en el 2022 y se desaprovechó esa oportunidad”.
El director de Seguros Personales y Fiscal de Unespa, Carlos Esquivias Escobar, ha considerado que el objetivo de la reforma de 2022 era “positivo”, aunque ha puntualizado que “se han hecho cosas con un recorrido todavía bastante limitado” y que “podrían hacerse muchas más”.
Desde Inverco, su presidente, Ángel Martínez Aldama, ha defendido la conveniencia de reforzar la información al ciudadano, la educación financiera —con “asignaturas obligatorias” en colegios y universidades— y los incentivos fiscales. “¿Por qué el Estado no puede intervenir para proveer una mejora en nuestra salud financiera?”, se ha preguntado, sosteniendo que “sí hay una opción de intervención clara” y que “soluciones hay muchas”.
Martínez Aldama ha calificado además el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) como una “oportunidad perdida”, al que ve como “una manera de capitalizar algo el sistema de reparto”, y ha lamentado la ausencia de progresos en 2026: “No se ha hecho nada, claramente”.