El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF) han suscrito un nuevo convenio de colaboración destinado a reforzar la financiación de proyectos empresariales y de inversión en Cataluña integrados en la estrategia de inversión España Crece, con un foco especial en el acceso a la vivienda y en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El acuerdo, firmado el pasado 28 de octubre y difundido este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija el marco para que la entidad financiera de la Generalitat participe tanto en las líneas de financiación intermediada del ICO como en la cofinanciación directa de iniciativas incluidas en esta estrategia dentro del ámbito catalán.
En lo relativo a la financiación intermediada, el ICO se obliga a promover los ajustes y acuerdos necesarios para que el ICF pueda ser reconocido como intermediario financiero elegible en las actuales líneas de mediación que gestiona y en las que pueda lanzar más adelante.
De forma paralela, el ICF pedirá su clasificación como entidad intermediaria elegible en aquellas líneas que encajen con sus funciones y objetivos institucionales.
Para cumplir con este objetivo, durante 2026 el ICF deberá poner en marcha las medidas operativas pertinentes, en particular la actualización de sus sistemas tecnológicos, de forma que pueda operar de manera integrada con el ICO.
El convenio también prevé que ambas instituciones cooperen en la financiación directa de proyectos vinculados a España Crece en Cataluña.
Con este fin, firmarán acuerdos específicos que permitan localizar, dar a conocer y canalizar propuestas que puedan optar a este tipo de apoyo financiero.
En estas operaciones, el ICF tendrá la posibilidad de aportar financiación complementaria a iniciativas que el ICO considere elegibles, además de sumarse a otras modalidades de colaboración que se puedan articular.
El texto precisa que cada entidad utilizará recursos propios, aprobará de forma independiente su tramo del préstamo o crédito y soportará el riesgo de la operación en su propio balance.
Un convenio con cuatro años de vigencia
Para articular y coordinar la ejecución de esta colaboración, el ICO y el ICF pondrán en marcha un grupo de trabajo técnico formado por dos representantes de cada institución, con funciones de asesoramiento y sin capacidad decisoria.
Asimismo, crearán una comisión de seguimiento integrada por cuatro personas, dos por cada organismo, que se reunirá como mínimo dos veces al año con el objetivo de revisar y supervisar la aplicación del convenio.
El acuerdo tendrá una duración de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, con la opción de prorrogarse por acuerdo unánime de las partes dentro de los límites previstos por la normativa.
El convenio no incorpora un presupuesto conjunto, por lo que cada organismo asumirá de manera individual los gastos y costes derivados de las obligaciones que se deriven de su participación.