El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado a favor de que la conexión de alta velocidad entre Barcelona y Madrid continúe funcionando durante las obras de renovación, siempre que se garantice la seguridad y se procure “afectando lo mínimo posible al servicio”.
En una entrevista concedida este lunes a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Illa ha insistido en que deben acometerse todas las inversiones y actualizaciones necesarias con criterios de máxima seguridad, “pero también afectando lo mínimo posible al servicio”.
El jefe del Ejecutivo catalán ha respaldado la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como la del conjunto del Gobierno central. No obstante, ha hecho suyas las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló que no es aceptable para un país como España que se registren dos siniestros ferroviarios de esta envergadura en un mismo año: “A partir de aquí, hay que ver qué pueden hacer el Gobierno y el Estado para mejorar la situación”.
En relación con el traspaso de las competencias de la primera línea de Rodalies a la Generalitat, Illa ha remarcado que “las prioridades son las mismas” que antes del siniestro de Urda y que el objetivo político no ha cambiado.
Ha detallado que el Ministerio de Transportes está volcado en la gestión de la tragedia, pero ha recalcado que la hoja de ruta pactada se mantiene: “Creemos que es lo que hay que hacer, actuar sobre la gobernanza, aproximándola en materia de Rodalies a Catalunya”.
Responsabilidad por los disturbios vinculados al fenómeno Blocus
Illa también ha abordado el fenómeno Blocus, que el sábado 24 de octubre dejó más de 130 personas detenidas por graves disturbios en Barcelona y motivó el despliegue de un amplio dispositivo policial el sábado 31 de octubre para evitar nuevos episodios violentos.
Al respecto, ha explicado que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen la posible responsabilidad de las plataformas y de sus directivos en la organización de estas convocatorias: “No van a ser espacios de impunidad” para llamar a la ciudadanía a cometer actos delictivos.
Ha recalcado que desde el Govern se agotarán todas las vías para exigirles responsabilidades legales, tanto a las compañías como a sus responsables, ya que, a su juicio, las plataformas tienen el deber no solo de impedir este tipo de llamamientos, sino también de facilitar información sobre quién los impulsa.