La Cámara de Comercio de España ha trasladado a los partidos políticos su hoja de ruta en materia de política económica y empresarial de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con la meta de reforzar la productividad, la inversión, la competitividad y el empleo en la próxima legislatura.
“Las empresas son la verdadera columna vertebral del país, como creadoras de empleo y de bienestar social. Defendemos, por ello, un entorno estable y previsible que favorezca su desarrollo y tenga especialmente en cuenta la realidad de las pymes y microempresas, que son el 99% del tejido productivo”, ha subrayado el presidente de la institución, José Luis Bonet.
El informe agrupa 110 iniciativas, de las que 18 se consideran prioritarias. Estas propuestas parten de un análisis que constata el avance de la actividad y del empleo en España, pero alerta sobre diversos retos estructurales que frenan la convergencia con las economías europeas más desarrolladas, como la evolución de la productividad, los obstáculos al crecimiento empresarial, los desajustes entre formación y demanda laboral, la complejidad normativa y las necesidades de inversión en innovación, energía, agua e infraestructuras.
Para facilitar el crecimiento y la continuidad de las empresas viables, la Cámara propone revisar de forma sistemática los umbrales regulatorios que suponen un freno al aumento de tamaño, potenciar la cooperación entre compañías y mejorar el acceso de las pymes a mecanismos de mediación, arbitraje mercantil, reestructuración y segunda oportunidad.
Asimismo, considera imprescindible articular una financiación empresarial estable una vez concluya el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, diversificar las fuentes de financiación y capital, simplificar el acceso de las pymes a los instrumentos públicos y poner en marcha una estrategia integral frente al absentismo laboral.
Fiscalidad y mejora regulatoria
En el terreno tributario, la institución defiende un sistema fiscal estable, neutral y sometido a evaluación periódica, acompañado de una Administración pública más eficiente, y reclama que cualquier cambio normativo detalle con precisión su objetivo y analice sus efectos recaudatorios, empresariales y distributivos.
En particular, plantea una estrategia tributaria plurianual que valore de forma conjunta la imposición sobre el trabajo y las cotizaciones sociales —según nivel salarial, tamaño de empresa y tipo de empleo— y revise las figuras fiscales de los distintos niveles de la Administración que encarecen las infraestructuras digitales.
A ello se suma la petición de una política continua de mejora regulatoria y simplificación administrativa que rediseñe los procedimientos con mayores cargas, aplique de manera efectiva el principio de “solo una vez” —para evitar que empresas y ciudadanos entreguen datos o documentos ya disponibles en la Administración—, refuerce la unidad de mercado y perfeccione la evaluación del impacto de las normas sobre las compañías, en especial sobre las pymes.
Talento, digitalización e infraestructuras
Ante la falta de personal cualificado —identificada como un condicionante por el 38,5% de las empresas en el Estudio de Clima Empresarial 2026 de la institución—, la Cámara reclama acelerar la adaptación de la oferta educativa a las capacidades que requieren las empresas, consolidar una Formación Profesional dual y una Formación Dual Universitaria de calidad y accesibles para las pymes, reforzar la orientación académica y profesional, dirigir la formación continua hacia competencias y resultados medibles y anticipar la transformación de tareas y perfiles derivada de la inteligencia artificial y la digitalización.
En cuanto a la digitalización, propone ir más allá de la simple compra de tecnología y avanzar hacia su integración efectiva en los procesos internos, la organización y la toma de decisiones, con el fin de elevar la productividad, la calidad y la competitividad.
Para ello, aboga por consolidar las infraestructuras y capacidades digitales, reforzar la ciberresiliencia empresarial, facilitar un uso seguro e interoperable de los datos, vincular las ayudas públicas a la adopción responsable de la inteligencia artificial con resultados verificables e impulsar la transferencia tecnológica y la cooperación entre empresas y centros de conocimiento.
En materia energética, la Cámara apuesta por una transición eficiente que sea compatible con la seguridad de suministro y la competitividad de las empresas, aprovechando la mayor disponibilidad de energía limpia mediante el buen funcionamiento del sistema eléctrico y la modernización de redes, almacenamiento e interconexiones.
En el ámbito de las infraestructuras, reclama priorizar su utilidad, fiabilidad y costes a lo largo de todo el ciclo de vida, reforzar el mantenimiento preventivo de las redes existentes y acelerar el desarrollo de los corredores europeos, los nodos intermodales, los puertos y el ferrocarril de mercancías. Además, pide fortalecer la seguridad hídrica y la planificación por cuencas, anticipar los riesgos climáticos y facilitar la adaptación de las empresas.
Apertura exterior y sectores estratégicos
Ante un contexto internacional más volátil, la institución rechaza el proteccionismo y se inclina por una política exterior económica basada en la apertura y en la diversificación de mercados y proveedores, con el objetivo de reducir dependencias críticas y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.
En esta línea, propone aprovechar mejor el mercado único, la política comercial de la Unión Europea y los acuerdos comerciales ya en vigor, impulsar alianzas para acceder a mercados y licitaciones internacionales y aprobar una estrategia estable de influencia española en la definición de las políticas económicas europeas.
El documento incorpora, además, medidas específicas para cuatro ámbitos: un marco plurianual que refuerce las capacidades productivas y los resultados en la industria; actuaciones que impulsen la modernización y una transición digital y sostenible proporcionada para los pequeños comercios; la ejecución y evaluación de la Estrategia España Turismo 2030 priorizando el valor añadido, la productividad y la resiliencia de los destinos; y el refuerzo de la productividad, la innovación, la diversificación de mercados y la capacidad de adaptación del sector agroalimentario ante riesgos climáticos, energéticos, hídricos y de suministro.
Como principio transversal, la Cámara de España y la red cameral reclaman políticas estables y coordinadas, con mecanismos de seguimiento y evaluación, y ofrecen su colaboración público-privada a las Administraciones para llevar a cabo esta agenda.