La industria tecnológica europea y varios miembros del Parlamento Europeo han instado este viernes a acelerar la concesión de permisos y el acceso a la red eléctrica con el objetivo de triplicar la capacidad de los centros de datos en la Unión Europea (UE) en un horizonte de entre cinco y siete años.
Tal y como ha detallado Ametic, la patronal de la industria digital en España, tras la jornada sobre el “Cloud and AI Development Act” (CADA) celebrada en Madrid, cerca del 90% del valor añadido asociado a la construcción y equipamiento de estas infraestructuras permanece en el territorio europeo.
El ponente principal de esta norma en la Eurocámara, Diego Solier, ha señalado que los trámites de autorización y la conexión a la red eléctrica constituyen los dos grandes cuellos de botella del sector, y ha destacado que España parte de una situación ventajosa por su coste energético, el despliegue de fibra óptica y la presencia de cables submarinos.
Sin embargo, Solier ha advertido de que existe el riesgo de que parte de los proyectos previstos en España se trasladen a países vecinos si no se garantiza seguridad en los plazos administrativos, y ha defendido el impulso a la industria europea “no para aislarnos, sino para tener más opciones”.
En esta línea, el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha censurado que los actuales procedimientos administrativos “están diseñados para no hacer en vez de para hacer” y ha planteado establecer plazos cerrados con silencio positivo para lo que calificó como “la industria del siglo XXI”.
A su vez, el presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, ha remarcado que “la regulación es vital” para reducir la brecha de productividad en Europa, mientras que la representante de la Asociación Española de Banca (AEB), Lorena Mullor, ha reclamado que no se impongan exigencias de soberanía al sector privado si no existen alternativas europeas equivalentes.
Por último, Solier ha abogado por medidas de incentivo frente a los bloqueos regulatorios, entre ellas reservar alrededor del 25% de la capacidad de las zonas de aceleración a proyectos europeos durante doce meses, y ha apuntado a la contratación pública como la herramienta clave para abrir mercado a los proveedores comunitarios.