El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para incrementar los permisos gratuitos de emisión de CO2 destinados a las industrias con mayor consumo energético, como las químicas, papeleras o productoras de vidrio. El objetivo es aliviar sus costes y evitar que trasladen su producción a países con normas medioambientales menos estrictas.
El compromiso, cerrado este jueves, prevé una reserva de alrededor de 121 millones de derechos de emisión gratuitos para el periodo 2026-2030. Esta medida llega después de que la revisión de los criterios europeos de reparto redujera las asignaciones previstas para determinadas compañías, lo que provocó críticas tanto de las empresas afectadas como de varios Estados miembro.
Estos derechos se integran en el régimen europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a disponer de un permiso por cada tonelada de CO2 emitida. Una parte de estos derechos se concede sin coste para suavizar el impacto económico frente a competidores radicados en países con reglas climáticas menos exigentes.
La asignación concreta para cada instalación se calcula en función de distintos parámetros, entre ellos el consumo de calor y combustible necesario para su actividad. Los valores de referencia ligados a estos factores fueron revisados el pasado mes de junio, lo que implicó una disminución de las asignaciones gratuitas previstas para los próximos ejercicios.
Para corregir esta situación, la Comisión Europea presentó en julio una propuesta para ajustar el reparto, que ahora el Consejo y la Eurocámara han decidido ampliar con otros 28 millones de permisos que habían quedado sin distribuir porque ciertas instalaciones no cumplían requisitos como realizar auditorías de eficiencia energética o contar con planes de neutralidad climática.
Estos nuevos derechos se sumarán a los aproximadamente 88 millones ya incluidos en la propuesta inicial de Bruselas, mientras que otros cinco millones se reservarán para los sectores más vulnerables al riesgo de deslocalización, fenómeno conocido como “fuga de carbono”, que se produce cuando las empresas desplazan su producción fuera del territorio comunitario para eludir los costes asociados a la normativa europea sobre emisiones.
Si estos últimos permisos no llegaran a utilizarse, se destinarán a financiar proyectos a través de los fondos europeos de Modernización e Innovación, orientados a respaldar inversiones y nuevas tecnologías en los sectores sometidos al sistema.
La reforma se concentra en las asignaciones gratuitas calculadas a partir del consumo de calor y combustible, un método aplicado en procesos industriales sin referencia específica por producto y que representa cerca de una cuarta parte de todos los derechos concedidos gratuitamente en el marco del ETS.
El acuerdo aún debe recibir la aprobación formal del Consejo y del Parlamento Europeo antes de su adopción definitiva. Posteriormente, la Comisión fijará las normas técnicas para determinar las asignaciones que corresponderán a cada instalación afectada.