El 88,9% de las agencias inmobiliarias afirma estar detectando problemas en el mercado del alquiler residencial habitual por parte de los pequeños propietarios tras la entrada en vigor de las medidas incluidas en los últimos decretos de vivienda del Gobierno, según un sondeo exprés de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) basado en más de 600 oficinas consultadas en las principales capitales de provincia y otras grandes ciudades del país.
De acuerdo con este informe, el efecto más extendido de estos cambios normativos es la retirada de pisos del mercado de arrendamiento de larga duración, una situación señalada por el 78,1% de las agencias, con una media de 3,78 viviendas afectadas por oficina.
En paralelo, el 72,4% de las inmobiliarias indica que se ha producido una paralización o fuerte ralentización en la firma de nuevos contratos de alquiler, con una media de 2,75 operaciones detenidas por agencia. Además, el 56,6% constata que parte de la oferta está pasando a la compraventa (2,26 inmuebles de media) y el 38,9% observa un desvío de anuncios hacia el alquiler de temporada o por habitaciones (1,76 de media). Tan solo un 11,1% de las oficinas asegura seguir trabajando sin alteraciones.
En cifras absolutas, los datos preliminares recabados por FAI en los últimos diez días apuntan a un impacto directo sobre 5.758 operaciones. Se han identificado 2.067 viviendas retiradas del alquiler habitual, 1.224 trasladadas al mercado de compraventa y 944 derivadas a otras fórmulas de arrendamiento, lo que supone 4.235 inmuebles que salen o se desvían del alquiler residencial, a los que se suman 1.523 contratos que han quedado en suspenso.
Con este contexto de incertidumbre entre los pequeños arrendadores, la federación anticipa que en las próximas semanas el volumen de operaciones de alquiler podría reducirse entre un 25% y un 30%, combinando tanto el parón en las firmas como la retirada y el cambio de uso de parte del parque disponible.
El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura comprender y compartir el descontento ciudadano y la presión social ante las dificultades para acceder a una vivienda, el esfuerzo económico que soportan los inquilinos y el problema de los desahucios, aunque advierte de que los últimos decretos están generando “graves consecuencias”.
Por un lado, subraya que la caída o el retraso en la formalización de contratos deja en una situación delicada a muchas familias que se han quedado sin alternativa de alquiler. Por otro, remarca que las nuevas normas no han contemplado adecuadamente la posición de los pequeños propietarios, al no definir ni garantizar de forma plena la cobertura frente a impagos, que queda condicionada a un “laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones”.
Alfaro considera “arriesgado” recurrir a la Diputación Permanente para aprobar soluciones parciales en una cuestión “tan delicada y compleja”, ya que, a su juicio, supone aumentar la presión regulatoria y legislar con prisas sobre un mercado tensionado.
Ante este escenario, el presidente de FAI insiste en la urgencia de poner en marcha un “Plan Marshall de Emergencia” para facilitar el acceso a la vivienda, concebido con criterios de urgencia y excepcionalidad y sustentado en un pacto de Estado que implique a las fuerzas parlamentarias, a los gobiernos autonómicos, a los movimientos sociales y a los especialistas del sector.