La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha dado a conocer este lunes “Casas para vivir”, un plan de reforma profunda del sistema de vivienda que propone, entre otros cambios, retocar la Constitución para que el derecho a la vivienda tenga prioridad frente a la libertad de empresa cuando ambos choquen.
La confederación ha hecho públicas sus iniciativas a solo dos días de la huelga general del 11 de noviembre, convocada bajo el lema “Huelga general por la vivienda y el coste de la vida”, e insta a apoyarla “masivamente”. El texto, según sostiene el Sindicato de inquilinas, persigue transformar de forma estructural el modelo actual para situar la vivienda al servicio de las necesidades colectivas y no de la rentabilidad privada.
Entre las propuestas se incluye que las viviendas desocupadas, a partir de la tercera propiedad y con independencia de la titularidad, se incorporen de manera temporal al parque público de alquiler social mediante una cesión obligatoria de uso. Asimismo, plantea vetar las viviendas turísticas en los municipios donde los precios del alquiler se hayan disparado y habilitar figuras fiscales para frenar el acaparamiento de inmuebles.
Con el objetivo de alcanzar un parque público de un millón de viviendas en alquiler, la CSI sugiere obtener en torno a 20.000 millones de euros al año mediante una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, el refuerzo del impuesto a las grandes fortunas y la integración de las rentas del capital en la base general del IRPF. Los arrendamientos de este parque no podrían superar el 20% de los ingresos del hogar.
En materia de regulación de los arrendamientos, la organización reclama contratos prorrogables de forma automática por periodos de entre cinco y siete años y un índice de precios máximos ligado a los ingresos de la población, de manera que la renta no exceda el 25% de la renta mediana de cada barrio.
El programa incorpora también un estatuto específico para las personas inquilinas que reconozca el derecho a sindicarse, a la negociación colectiva con la propiedad y a la huelga de alquileres sin riesgo de desahucio. La CSI plantea, además, vetar los desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional adecuada, derogar la Ley Mordaza y declarar ilegales las empresas de desocupación.
El portavoz de la confederación, Aldo Reverte, ha subrayado que el documento es un compromiso “gobierne quien gobierne” y ha remarcado que su objetivo es “cambiar el modelo de vivienda de este país desde abajo, para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula”. “El 11 de noviembre lo decimos parando”, ha concluido.