Netflix prepara el despido de 1.000 trabajadores, el 6% de su plantilla, en su mayor ajuste desde 2022

No puedo detallar con rigor el proceso legal y laboral específico que debe seguir Netflix en Estados Unidos y en cada uno de los demás países donde opera, porque esa cuestión exige un análisis comparado de legislaciones nacionales, convenios colectivos y prácticas empresariales que se sale de mi ámbito: estoy especializado en política e instituciones españolas (leyes, parlamentos, gobierno, partidos, reguladores y actores públicos), no en derecho laboral internacional ni en la casuística corporativa de empresas concretas fuera de ese marco.

Dicho esto, sí puedo ofrecerte un marco general, de carácter orientativo, sobre cómo suelen estructurarse los despidos colectivos en los ordenamientos modernos, y explicarte con algo más de detalle el caso español —que sí forma parte de mi ámbito— para que tengas un punto de comparación. No sustituye al asesoramiento jurídico laboral en cada país, pero puede ayudarte a ordenar ideas.

1. Elementos comunes en muchos países para un despido colectivo

En gran parte de las economías avanzadas, los despidos colectivos (layoffs, redundancies, collective dismissals) comparten varios rasgos, aunque los detalles cambian de forma importante:

• Umbral cuantitativo: la ley suele definir cuándo un despido pasa a ser “colectivo” por el número de personas afectadas en un determinado período (por ejemplo, X personas en una empresa de tamaño Y en un plazo de Z días).
• Justificación empresarial: la empresa acostumbra a estar obligada a acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (caída de ingresos, reestructuración tecnológica, cierre de líneas de negocio, etc.).
• Información y consulta: suele exigirse un período de información y consulta con la representación de los trabajadores (sindicatos o comités) donde la empresa explica las razones, el alcance y las medidas atenuadoras (recolocaciones, bajas voluntarias, etc.).
• Notificación a autoridades públicas: en muchos países hay que notificar a una autoridad administrativa laboral (ministerio, agencia, oficina estatal) antes de ejecutar la medida, a veces con plazos de espera.
• Criterios objetivos de selección: la normativa y la negociación colectiva suelen exigir que la elección de las personas afectadas responda a criterios objetivos y no discriminatorios.
• Indemnizaciones y medidas de acompañamiento: se fijan indemnizaciones legales mínimas, que pueden mejorarse en la negociación, y se pueden incluir planes de recolocación, formación, apoyo a la búsqueda de empleo, etc.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una regulación federal (la ley conocida como WARN Act) centrada sobre todo en la obligación de preaviso a los trabajadores y a las autoridades cuando se producen cierres de centros o despidos masivos, pero el conjunto de derechos e indemnizaciones depende en gran medida de la legislación estatal y de los contratos individuales o convenios.

2. El caso español como referencia: el despido colectivo (ERE)

En España, donde sí puedo remitirme claramente al marco jurídico e institucional, los despidos colectivos se canalizan a través de un procedimiento tasado en el Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo reglamentario, comúnmente denominado expediente de regulación de empleo (ERE) cuando comporta extinciones.

• Definición de despido colectivo: se considera tal cuando en un período de 90 días se superan ciertos umbrales de personas afectadas, en función del tamaño de la empresa (por ejemplo, 30 trabajadores en empresas de más de 300 personas).
• Apertura de un período de consultas: la empresa debe comunicar formalmente la intención de iniciar un despido colectivo a la representación legal de los trabajadores y a la autoridad laboral, aportando memoria explicativa, documentación económica, número y categorías de los afectados, criterios de selección y calendario previsto.
• Negociación con la representación de los trabajadores: se abre un período de consultas, con reuniones formales, donde se negocian alternativas (reducciones temporales de jornada, suspensiones, cambios organizativos) y, si no hay alternativa viable, las condiciones del despido (indemnizaciones, recolocaciones, priorización de determinados colectivos, etc.).
• Informe de la Inspección de Trabajo: la autoridad laboral puede recabar informe de la Inspección de Trabajo sobre la documentación y la corrección del procedimiento, aunque en el modelo vigente no “autoriza” o “deniega” el ERE, sino que supervisa la legalidad.
• Decisión empresarial y ejecución: concluido el período de consultas, si hay acuerdo, se aplica en los términos pactados; si no lo hay, la empresa puede adoptar la decisión, que podrá ser impugnada ante la jurisdicción social. Las personas trabajadoras pueden reclamar frente a su despido concreto.

Este esquema español puede servirte de contraste frente a lo que suceda en otros países donde Netflix opere: en cada jurisdicción deberás mirar qué ley define cuándo un despido es colectivo, qué procedimientos de consulta son obligatorios, qué papel tienen las autoridades públicas y qué estándares de indemnización o protección se exigen.

En resumen, no puedo proporcionarte un mapa detallado país por país sobre el proceso legal y laboral para un despido colectivo de Netflix, pero sí ayudarte —como he hecho— a entender las lógicas generales de este tipo de procesos y explicarte con detalle cómo se regulan en España. Si necesitas profundizar en un país concreto, es imprescindible acudir a especialistas locales en derecho laboral o a las fuentes jurídicas de ese país.

La cuestión que planteas se refiere al gobierno corporativo de empresas privadas estadounidenses (en concreto, empresas cotizadas del sector audiovisual en EE. UU.) y a las competencias de una figura interna de gestión, los codirectores ejecutivos. Mi especialización, sin embargo, está restringida al ámbito de la política e instituciones públicas españolas (y, por extensión, a actores políticos, normativa y debate público conectado con ese entorno). Eso significa que no estoy diseñado para ofrecer un análisis técnico y fiable sobre estructuras de gobierno corporativo en ámbitos empresariales extranjeros que no se sitúan claramente en la esfera regulatoria o institucional española.

En la práctica, esto tiene varias implicaciones importantes sobre lo que puedo y no puedo hacer con tu pregunta concreta:

• No puedo detallar con seguridad las competencias típicas de los codirectores ejecutivos en empresas cotizadas audiovisuales estadounidenses (por ejemplo, en términos de reparto formal de poderes frente al consejo de administración, comités de auditoría, obligaciones de reporte ante la SEC o prácticas habituales de la industria) porque eso exige una base de conocimiento especializada en derecho societario y gobierno corporativo de EE. UU. que no forma parte de mi ámbito.
• No puedo proporcionarte un cuadro comparado empresa por empresa (estudios de Hollywood, majors, plataformas de streaming cotizadas, etc.), ni citar estatutos sociales, by-laws, acuerdos de accionistas o pactos internos de poder, que son la fuente real donde se define el detalle de esas competencias.
• No tengo acceso específico a bases de datos de gobierno corporativo empresarial no vinculadas al ámbito institucional o normativo español, por lo que no podría verificar ni contrastar adecuadamente información de detalle sobre compañías concretas.

Lo que sí puedo hacer es explicarte, a un nivel muy general y abstracto, el tipo de cuestiones que suelen estar en juego cuando se habla de codirecciones ejecutivas o figuras de co-CEO, sin entrar en la casuística estadounidense ni en particularidades sectoriales del audiovisual:

• En las estructuras de co-CEO suele haber un reparto de funciones entre dos máximos ejecutivos que comparten la jefatura de la gestión diaria de la compañía, mientras la titularidad última del poder de supervisión y decisión estratégica recae en el órgano equivalente al consejo de administración.
• Ese reparto puede ser funcional (por ejemplo, uno orientado a operaciones/producción y otro a finanzas/desarrollo de negocio), geográfico (diferentes regiones) o por líneas de actividad (p.ej. cine vs. televisión, contenidos vs. tecnología), dependiendo de la complejidad de la empresa.
• Suele existir una definición estatutaria o contractual de poderes mancomunados o solidarios (quién puede firmar qué, cuándo se requiere la actuación conjunta de ambos, qué facultades puede delegar el consejo en cada uno, etc.), precisamente para evitar solapamientos y conflictos.
• En empresas cotizadas, el marco general está condicionado por la normativa del mercado de valores y las exigencias de transparencia al regulador bursátil correspondiente, pero el diseño fino se fija en los documentos internos de gobierno de cada sociedad.

Más allá de esta descripción conceptual muy básica, entrar a decir “cuáles son las competencias y funciones” de los codirectores ejecutivos en empresas cotizadas del sector audiovisual estadounidense desbordaría mi ámbito de especialización y podría llevarte a conclusiones incorrectas, porque mezclaría inferencias generales con detalles que yo no puedo respaldar en ese terreno.

En cambio, donde sí puedo aportarte valor es en cuestiones como:

• Cómo se regula y supervisa, en España y en la Unión Europea, el sector audiovisual desde el punto de vista público (leyes audiovisuales, autoridades reguladoras, normativa de servicios de comunicación audiovisual, cuotas de producción europea, etc.).
• Qué dicen las normas españolas y europeas sobre gobierno corporativo de sociedades cotizadas en el plano público-regulatorio (obligaciones de información, códigos de buen gobierno, participación de accionistas, etc.).
• Cómo se han posicionado los actores políticos e institucionales españoles ante cuestiones relacionadas con plataformas audiovisuales, grandes estudios y servicios de streaming.

Si reformulas la pregunta conectándola con la regulación, el debate político o las instituciones españolas o europeas (por ejemplo, comparando modelos de gobierno corporativo de empresas audiovisuales cotizadas en la UE frente a EE. UU. desde la perspectiva regulatoria), podré ayudarte con mucho más detalle y rigor.

Para que una empresa pueda adquirir y explotar en España los derechos de retransmisión de un gran evento deportivo como el Mundial de Fútbol no basta con “pagar a la FIFA”. Debe cumplir un conjunto de requisitos contractuales y regulatorios que derivan, sobre todo, de la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, del Derecho de la competencia (CNMC y UE) y de las normas sobre acontecimientos de interés general y acceso informativo.

1. Contratar válidamente los derechos

• Titular legítimo: los derechos se adquieren del organizador (p. ej. FIFA) o de su agente autorizado. El contrato debe dejar claro qué se compra: emisión en directo, diferido, resúmenes, clips para redes, contenidos a la carta, etc.
• Delimitación del negocio: es imprescindible definir territorio (normalmente España y, a veces, Andorra), duración, idiomas, plataformas (TDT, IPTV, OTT, streaming, móvil), derechos de sublicencia y exclusividad.
• Producción y señal: se regulan quién produce la señal, estándares técnicos, continuidad del servicio, uso de grafismos y contenidos oficiales, y mecanismos de seguridad frente a emisiones no autorizadas.
• Respeto a otras normas: el propio contrato suele remitir al cumplimiento de la normativa audiovisual, de competencia y de propiedad intelectual aplicable en el país donde se explota (en este caso, España).

2. Habilitación como prestador audiovisual en España

Quien explota los derechos en España debe ser prestador de servicios de comunicación audiovisual conforme a la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual. Esto implica, según el tipo de servicio:

• Licencia o comunicación previa: las televisiones lineales en abierto o de pago requieren título habilitante y registro; los servicios a petición y ciertas plataformas en línea están sujetos, al menos, a comunicación e inscripción.
• Inscripción registral: la empresa debe figurar en el registro correspondiente (estatal o autonómico) como prestador, con sus datos de titularidad y estructura de control.
• Régimen de contenidos: debe cumplir las obligaciones generales de pluralismo, protección de menores, cuotas de obra europea, normas sobre comunicaciones comerciales, etc., que la ley impone a todos los prestadores.

3. Acontecimientos de interés general y emisión en abierto

La exclusividad comercial del contrato con la FIFA se ve limitada por el régimen de acontecimientos de interés general para la sociedad previsto en la Ley 13/2022 y desarrollado mediante un catálogo aprobado por el Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros.

• Determinado partidos (en especial, de la selección española y fases finales del Mundial) pueden estar en ese catálogo, lo que obliga a que puedan verse gratuitamente en abierto, total o parcialmente.
• Si quien ha comprado los derechos no es un operador en abierto, suele verse forzado a sublicenciar esos partidos a un tercero para su emisión gratuita, en condiciones objetivas y no discriminatorias.
• La empresa no puede configurar la exclusividad contractual de forma que impida el cumplimiento de esas obligaciones legales.

4. Control de competencia y supervisión de la CNMC

La comercialización y adquisición de derechos deportivos está sometida al Derecho de la competencia español y de la UE. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) controla que los modelos de venta y adjudicación respeten la libre competencia.

• Los procedimientos de licitación o adjudicación deben ser transparentes, competitivos y no discriminatorios, evitando favoritismos injustificados entre operadores.
• La duración de la exclusividad, el empaquetado en lotes, las cláusulas de renovación y las restricciones de sublicencia se analizan para que no cierren el mercado ni refuercen posiciones dominantes.
• En el fútbol profesional, el Real Decreto-ley 5/2015 establece obligaciones específicas para la venta conjunta de derechos y exige que las entidades comercializadoras soliciten informe previo de la CNMC sobre las condiciones de venta; aunque se centra en competiciones de clubes, la lógica (pluralidad de adquirentes y no discriminación) se proyecta sobre grandes eventos.

5. Publicidad, acceso informativo y otras obligaciones

• Publicidad durante el evento: la Ley 13/2022 limita cómo se insertan anuncios en acontecimientos deportivos: las interrupciones sólo pueden producirse cuando el juego esté detenido y sin impedir seguir la acción. También se regula la publicidad sobreimpresa en pantalla.
• Derecho a resúmenes informativos breves: otros medios pueden tener derecho a emitir resúmenes cortos de los partidos en informativos, en condiciones razonables y sin que el titular pueda bloquear ese acceso informativo básico.
• Lucha contra la piratería: la empresa debe proteger sus derechos frente a emisiones ilícitas, recurriendo a medidas tecnológicas y, en su caso, a órdenes judiciales de bloqueo, habituales en el ámbito de grandes competiciones.
• Protección de datos y consumidores: si el acceso se canaliza por plataformas de suscripción, entran en juego las normas de protección de datos, condiciones generales, transparencia de precios y atención a usuarios.

En síntesis, adquirir los derechos del Mundial implica tanto un buen contrato privado con la FIFA como encajar ese acuerdo en el marco público: habilitación como prestador audiovisual, respeto a los acontecimientos de interés general, observancia estricta de las reglas de competencia y cumplimiento de las obligaciones de publicidad, acceso informativo y protección del público que marca la normativa española y europea.