El adelanto electoral al 29 de noviembre anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado paralizadas varias iniciativas legislativas clave, entre ellas la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, destinada a abordar el uso de imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) o 'deepfakes' sin consentimiento y los denominados 'true crimes', así como la norma que contemplaba la creación de un registro estatal de medios de comunicación.
Esta última iniciativa se incluía en el proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que decae automáticamente con la disolución de las Cortes.
El proyecto preveía modificar la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, para poner en marcha un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de titularidad pública, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En dicho registro, los medios de ámbito estatal estarían obligados a inscribir y mantener al día datos sobre su estructura accionarial y los ingresos procedentes de la publicidad institucional.
En paralelo, el Ejecutivo había dado luz verde al anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, también afectado por el adelanto electoral al 29 de noviembre. Esta norma introducía, entre otros cambios, un tope a la cuantía de publicidad estatal que pueden recibir los medios de comunicación y las plataformas en línea, fijado en el 35% de su cifra de negocios neta anual o de la del grupo empresarial al que pertenezcan.
Asimismo, establecía que todos aquellos operadores que hubieran percibido publicidad institucional de cualquier organismo del sector público de los tres niveles de la Administración y superasen ese umbral quedarían excluidos de nuevas campañas de publicidad estatal.
También queda sin culminar la tramitación de la ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación, cuyo anteproyecto fue acogido con satisfacción por organizaciones de medios y asociaciones de periodistas.
Esta propuesta normativa reforzaba el derecho de los periodistas a preservar la identidad de sus fuentes y cualquier dato que pudiera conducir a su identificación, así como a negarse a entregar materiales periodísticos o dispositivos que comprometiesen esa confidencialidad. Del mismo modo, vetaba la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva sobre los titulares de este derecho, salvo en supuestos excepcionales ordenados por juzgados y tribunales.