Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa han cerrado un acuerdo para dejar la aprobación del nuevo registro horario para el mes de septiembre, después de varias semanas de trabajo del Gobierno para dar respuesta a las observaciones formuladas por el Consejo de Estado.
A pesar de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, manifestaba esta misma semana que la normativa que regulará el control de la jornada laboral está “prácticamente lista”, fuentes de ambos departamentos han indicado que, finalmente, se ha optado por retrasar su visto bueno hasta septiembre, en lugar de llevarla al Consejo de Ministros antes del parón estival, como se barajaba inicialmente.
Los equipos que encabezan Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han alcanzado este entendimiento, adelantado por el diario El País, incluso después del “ultimátum” que este mes lanzaron los sindicatos CCOO y UGT, que exigieron al Ejecutivo aprobar la norma antes del 31 de julio o, de lo contrario, no se sumarían a futuros pactos que luego no se concreten.
A finales de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable sobre la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el Departamento que dirige Yolanda Díaz busca cambiar el sistema de control de las horas de trabajo para impedir su manipulación y permitir que la Inspección pueda realizar comprobaciones en remoto.
El proyecto de Real Decreto sobre el registro horario fue remitido al Consejo de Estado a finales de febrero con carácter de urgencia, de modo que este órgano consultivo del Gobierno, cuyos informes en la mayoría de supuestos no son vinculantes, debía pronunciarse en un plazo reducido. El dictamen se hizo público el pasado 23 de marzo.
En su resolución, el Consejo de Estado se posicionó en contra de la aprobación del Real Decreto de reforma del registro horario, una medida que inicialmente se integraba en el paquete para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Entre los argumentos esgrimidos figuraban la ausencia de una adaptación sectorial del nuevo sistema de registro, el incremento de cargas que acarrearía para las pymes y la elección de la vía del Real Decreto en lugar de una norma con rango de ley.
Además, el dictamen del Consejo de Estado tumbaba el nuevo registro horario tras las críticas formuladas desde los ministerios de Economía y de Función Pública a distintos aspectos del texto propuesto.