El Gobierno insiste en llevar al Consejo de Ministros el nuevo registro horario digital —con fichaje al minuto, acceso remoto de Inspección y coste estimado de 867 millones anuales para las empresas— mientras Economía, CEOE y el propio órgano consultivo del Estado reclaman cambios de fondo.
El límite legal de la jornada laboral sigue en 40 horas semanales
El límite legal de la jornada laboral sigue fijado en 40 horas semanales y así continuará, al menos, durante lo que resta de legislatura. La gran ley que pretendía reducirla a 37,5 horas cayó en el Congreso de los Diputados el pasado septiembre tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Ejecutivo no ha registrado un nuevo proyecto de ley para recuperar la medida.
Sin embargo, el debate sobre el tiempo de trabajo no ha desaparecido. Se ha trasladado al terreno del control horario, donde el Gobierno prepara un Real Decreto que pretende aprobar antes de las vacaciones de verano y que ya ha abierto un conflicto con el Ministerio de Economía, la patronal y el Consejo de Estado.
Un registro horario completamente digital
El proyecto, impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, obligaría a todas las empresas a registrar la jornada de sus trabajadores exclusivamente por medios digitales, con hora y minuto exactos de entrada, salida y pausas, diferenciando entre horas ordinarias y extraordinarias y garantizando la trazabilidad de cualquier modificación del registro.
La Inspección de Trabajo tendría acceso remoto a esos datos, que deberán conservarse durante un mínimo de cuatro años. El borrador incorpora además previsiones específicas para el teletrabajo, las subcontratas y las empresas de trabajo temporal, permitiendo únicamente sistemas alternativos cuando un técnico competente certifique que ofrecen las mismas garantías de fiabilidad.
Un dictamen del Consejo de Estado muy crítico
El principal obstáculo para el decreto no ha llegado desde la oposición parlamentaria, sino desde el propio Consejo de Estado. En su dictamen concluye que "no procede aprobar" el texto en su redacción actual al considerar que invade materias reservadas a la ley, no analiza adecuadamente su impacto económico y no garantiza suficientemente la protección de datos, en línea con las observaciones formuladas por la Agencia Española de Protección de Datos.
El órgano consultivo calcula que la digitalización obligatoria tendría un coste de 867 millones de euros anuales para 1,35 millones de empresas y recomienda adaptar o excluir sectores con jornadas especiales, como la hostelería, el transporte o la portería de fincas. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo ha calificado el dictamen de "demoledor y desafortunado" y mantiene como líneas rojas el fichaje digital obligatorio, el acceso remoto de la Inspección y la trazabilidad de los registros.
Trabajo y Economía chocan por los plazos
El conflicto también se libra dentro del propio Gobierno. El borrador prevé que el decreto entre en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, un calendario que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera inviable para las pequeñas y medianas empresas. Economía propone una moratoria de un año y la creación de una herramienta pública de registro horario, similar a la plataforma prevista para la factura electrónica. Desde Trabajo responden acusando a Economía de "alinearse con las patronales" y sostienen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda el modelo planteado por el departamento de Yolanda Díaz.
CEOE amenaza con recurrir y los sindicatos lanzan un ultimátum
La CEOE y Cepyme han respaldado plenamente el dictamen del Consejo de Estado y sostienen que el decreto presenta un vicio de nulidad por vulnerar la reserva de ley, el derecho a la protección de datos, imponer una carga económica desproporcionada y limitar el papel de la negociación colectiva. Ambas organizaciones ya han anunciado que acudirán a los tribunales si el texto se aprueba sin cambios.
En el extremo contrario, CCOO y UGT, que pactaron esta reforma con el Gobierno dentro del acuerdo para la fallida reducción de jornada, han fijado el 31 de julio como fecha límite. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que, si para entonces no existe un sistema efectivo de control horario, su organización dejará de firmar acuerdos que no se traduzcan en normas reales. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha ido un paso más allá al asegurar que "no descartan ninguna medida" si el decreto sigue sin aprobarse durante agosto.
Ambos sindicatos recuerdan que en España se realizan entre 2,5 y 3 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana y subrayan que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han reclamado a España un registro horario fiable y objetivo.
Lo que sí ha salido adelante
Mientras el decreto sigue pendiente, el Gobierno ya ha implantado otra de sus medidas en materia de tiempo de trabajo: la reducción de la jornada a 35 horas semanales en la Administración General del Estado, pactada con UGT, CCOO y CSIF. La medida, vigente desde abril, beneficia a unos 250.000 empleados públicos, con la excepción de militares y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, el Congreso tramita otras iniciativas relacionadas con los derechos laborales, como el proyecto de ley de transposición de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes, actualmente en fase de ponencia, que reforzará la información que deben recibir los trabajadores sobre horarios, turnos y jornadas imprevisibles.
A ello se añaden distintas iniciativas sobre conciliación familiar y una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que aclara que el descanso semanal de 36 horas y el descanso diario de 12 horas son derechos acumulativos y no pueden solaparse.
La cuenta atrás continúa
A día de hoy, el Real Decreto sobre el registro horario no ha sido aprobado ni publicado en el BOE, por lo que continúa vigente el marco establecido por el Real Decreto-ley 8/2019.
El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de llevar el texto al Consejo de Ministros antes del parón veraniego, mientras una futura Orden ministerial, aún en fase de consulta pública, deberá concretar los requisitos técnicos y de seguridad del nuevo sistema digital.
Hasta entonces, el decreto sigue siendo un proyecto que enfrenta al Gobierno con parte de sus socios institucionales y sociales, mientras los sindicatos mantienen la presión con un ultimátum que expira el 31 de julio.
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