El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reiterado este miércoles que la organización sindical está dispuesta a abandonar las mesas de negociación si el Gobierno no da luz verde en las próximas semanas al decreto-ley sobre control horario, cuya aprobación quedó pospuesta en julio.
“O antes de que acabe este mes el Consejo de Ministros aprueba el decreto-ley de control horario, o no vamos a participar en las mesas de negociación”, ha zanjado Álvarez en declaraciones a los medios en Almería. A continuación ha precisado que el siguiente encuentro con el Ejecutivo no se celebrará hasta el 2 de septiembre, fecha en la que confía en que se abra “esa perspectiva” y se ponga “en camino” el Real Decreto.
El dirigente de UGT ha subrayado que existe un pacto rubricado con el Gobierno, aunque ha reconocido que los acuerdos no tienen “mucho sentido” si “la práctica no se están poniendo en marcha”. En ese caso, ha insistido, el sindicato se retiraría de las mesas de diálogo social.
El retraso del Gobierno
Conviene recordar que los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa pactaron trasladar a septiembre la tramitación del registro horario, en lugar de elevarlo al Consejo de Ministros antes del parón estival, como se había planteado inicialmente.
Los representantes de ambos departamentos cerraron este compromiso pese al “ultimátum” que CCOO y UGT lanzaron en julio, advirtiendo de que, si el Gobierno no aprobaba la norma antes del 31 de julio, dejarían de implicarse en futuros acuerdos que luego no se concretan.
A finales de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable sobre la reforma del registro horario promovida por el Ministerio de Trabajo, con la que el departamento encabezado por Yolanda Díaz busca modificar el sistema de control de las horas trabajadas para evitar manipulaciones y permitir que la Inspección pueda efectuar comprobaciones en remoto.
El proyecto de Real Decreto sobre registro horario fue remitido al Consejo de Estado a finales de febrero mediante tramitación urgente, de modo que este órgano consultivo del Ejecutivo, cuyos informes no son vinculantes en la mayoría de supuestos, debía pronunciarse con rapidez. El dictamen se hizo público el 23 de marzo.
La postura en contra del Consejo de Estado
El Consejo de Estado se posicionó en contra de aprobar el Real Decreto de reforma del registro horario, una medida inicialmente integrada en el plan para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, alegando la falta de adaptación por sectores del nuevo sistema, la carga adicional que implicaría para las pymes y la elección de la vía del Real Decreto en lugar de una norma con rango de ley.
Además, el dictamen del Consejo de Estado rechazó el nuevo registro horario tras las críticas de los Ministerios de Economía y de Función Pública a diversos aspectos del texto.