Nueve meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la puesta en marcha de la movilización de unas 17.000 fincas rústicas de titularidad estatal, la documentación pública disponible sigue sin permitir identificar de forma clara y homogénea cuáles son esas propiedades, su localización exacta ni si están realmente listas para ponerse en explotación. Así se desprende del informe “Antes de movilizar la tierra”, elaborado por Cocampo, que analiza la identificación y coordinación del patrimonio rústico en España.
En su anuncio del pasado 14 de enero, Sánchez explicó que esas fincas serían objeto de un análisis previo para valorar su aptitud agraria y, “en su caso”, ofrecerlas con prioridad a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales del campo. Esta iniciativa se presentó junto al lanzamiento de Tierra Joven, una nueva plataforma que, según se indicó, se pondría en marcha “de manera inmediata” con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra y favorecer el relevo generacional en el sector agrario.
El estudio de Cocampo constata que, hasta el momento, no hay constancia pública de que Tierra Joven haya comenzado a operar. En paralelo, la compañía ha difundido fichas informativas de 15.510 inmuebles catalogados como patrimonio rústico del Estado, elaboradas a partir de los datos recabados en el Portal de Transparencia.
Según detalla el informe, la información oficial analizada recoge 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los cuales 15.510 aparecen registrados como Patrimonio del Estado y así figuran en el campo “Uso” de la propia fuente. Sin embargo, en ninguno de estos expedientes se publica una referencia catastral completa, el identificador imprescindible para consultar directamente cada inmueble en el Catastro.
De esos 15.510 registros, en 11.963 casos es posible proponer un único par de polígono y parcela a partir de la descripción disponible, mientras que en los 3.547 restantes no puede reconstruirse esta información con la precisión necesaria. El documento subraya que, incluso cuando se dispone de esos dos números, los datos no permiten verificar de forma automática que la numeración siga vigente, que remita a una sola parcela o que dicha parcela coincida efectivamente con la finca registral correspondiente.